JUEVES Ť 1Ɔ Ť MARZO Ť 2001
Ť Restringir uso telefónico y viáticos, entre las medidas
Reducirán dependencias de gobierno gastos para pago de nóminas: SHCP
JUAN ANTONIO ZUÑIGA Y VICTOR CARDOSO
Todas las dependencias del gobierno federal, incluidos la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos, deberán reducir en por lo menos 10 por ciento los gastos destinados al pago de nóminas en el transcurso de este año, disminuir el uso telefónico mediante esquemas conjuntos de contratación y ajustar los viáticos de servidores públicos a las disposiciones aplicables, además de que quedará prohibido el uso de aeronaves privadas y otorgar obsequios con cargo al presupuesto de egresos.
De acuerdo con un convenio suscrito por las secretarías de Hacienda y de la Contraloría, a partir de hoy las dependencias gubernamentales deberán establecer medidas para la compactación de estructuras y reducir los gastos de administración en oficialías mayores, coordinaciones administrativas, oficinas de enlace con el Congreso de la Unión, las de comunicación social, las de representación en el exterior, así como asesorías y estructuras de apoyo en las unidades responsables.
Asimismo, se establece la obligación de generar ahorros en materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles.
Los alcances de las disposiciones de ahorro y reducción de gastos estarán vigentes durante todo este año e incluso para el 2002, en tanto no se emitan las disposiciones aplicables para ese año.
Acuerdo de productividad y ahorro
Denominado Acuerdo de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria, el convenio puntualiza que los ahorros obtenidos por la cancelación de plazas en el gobierno podrán ser utilizados para introducir sistemas informáticos que eleven la productividad.
Esos recursos, se explica en el convenio, "podrán destinarse a cubrir la adquisición de bienes informáticos, gastos de inversión física que mejoren la operación o la calidad de bienes y servicios", así como para financiar programas de retiro voluntario y los de educación y capacitación para burócratas.
Estos programas de ahorro serán implementados por los oficiales mayores o sus equivalentes en dependencias y entidades del sector público federal, las cuales deberán coordinarse para establecer esquemas de contratación conjunta de servicios telefónicos que resulten en tarifas más económicas, pero con apego a la ley de adquisiciones. Además estarán obligadas a racionalizar los servicios de larga distancia, en tanto que los de telefonía celular, radiocomunicación y radiolocalización, "sólo podrán autorizarse por acuerdo del oficial mayor, siempre y cuando sean indispensables para el desempeño de las funciones del servidor público".
Respecto al objetivo de elevar la productividad en el aparato administrativo gubernamental, el acuerdo argumenta que se trata de reforzar las actividades que permitan mejorar la captación de recursos y elevar la calidad de los servicios públicos. Para ello, precisa, "las dependencias y entidades deberán adoptar las medidas necesarias para mejorar la oferta y calidad de los bienes y servicios del sector público, así como ampliar su cobertura con los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de este año".
En cuanto a la "línea de transparencia", el acuerdo obliga a toda la administración pública, en un plazo de 45 días al 31 de marzo de este año, a informar, en su respectiva página de Internet, las contrataciones que realicen, incluidas las pactadas con órganos administrativos desconcentrados y entidades bajo su coordinación sectorial.
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal aprobaron sendos acuerdos para racionalizar los gastos y aplicar una política estricta de austeridad y disciplina presupuestaria.
Los convenios incluyen la "congelación" de nuevas plazas, la reducción "al mínimo indispensable" de los contratos que se celebren por concepto de honorarios y asesoría, así como las jornadas de tiempo extraordinario, además de que dependerán de la disponibilidad presupuestaria correspondiente.
Ambos órganos colegiados fomentarán el ahorro por concepto de energía eléctrica; combustible; servicio de telefonía; agua potable, entre otros.