JUEVES Ť 1Ɔ Ť MARZO Ť 2001
Ť El organismo, a favor de la iniciativa de la Cocopa
Superar la desigualdad histórica de los pueblos indígenas, reto del INI
ALMA E. MUÑOZ
Las instancias gubernamentales encargadas de impulsar el desarrollo de las comunidades étnicas del país buscan garantizar el acceso pleno y efectivo de los indígenas a la protección del Estado. Sus propuestas de trabajo se encaminan a fortalecer reformas legislativas que respondan a las expresiones culturales de las diferentes etnias.
En ese sentido, el Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas están a favor de la iniciativa de ley de derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa, y pugnan porque las instituciones de justicia asuman los acuerdos establecidos en tratados ratificados por el gobierno, como el Convenio 169 de la OIT, para garantizar la pluriculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas.
De acuerdo con un reporte del INI, uno de los retos es superar la desigualdad histórica que afecta a dichas comunidades en materia de justicia, que deriva de una "aplicación inequitativa de las disposiciones legales que no toman en cuenta la diferencia cultural".
"La idea de que las culturas indígenas representan un condicionante explicativo de la pobreza, lleva naturalmente a formas de discriminación, donde el comportamiento y los valores culturales distintos son descalificados. Todo esto nos lleva a ubicar que además de la discriminación, esa visión impide recuperar, valorar y aprovechar el capital cultural, social y político que se expresa en las prácticas sociales y organizativas de dichas comunidades".
Por lo anterior, el INI, en trabajo conjunto con la oficina de atención a esos pueblos, busca fortalecer el "proceso de reformas legislativas en los ámbitos federal, local y municipal para responder a la diversidad de circunstancias históricas de las expresiones indígenas propias de cada región", y plantea que el sistema jurídico mexicano genere una "cultura de respeto" a la diferencia cultural de individuos y grupos.
Propone crear mecanismos presupuestales y jurídicos para "cumplir el mandato de ley sobre la presencia de un traductor en los procedimientos judiciales" contra indígenas, e impulsar "acciones integrales" para atender a quienes emigran, especialmente en materia de seguridad social y derechos laborales.