Ť Grupos campesinos parecen haber relegado el tema agrario a segundo plano

En Chiapas no hay latifundismo ni tierra por repartir; son mitos rotos: Pérez Mota, de la SRA

Ť El rezago estriba principalmente en la regularización del suelo: Juan González, de Chapingo

MATILDE PEREZ U.

Desde 1996, luego de la firma de los acuerdos agrarios de Chiapas, la posición de la Secretaría de la Reforma Agraria parece no cambiar: la disputa por la tierra está superada. El delegado de esa institución en Chiapas, Luis Enrique Pérez Mota, afirma que en esa entidad "están rotos dos mitos: la existencia de latifundios y de grandes extensiones de tierra por repartir". En tanto, las organizaciones campesinas parecen haber dejado el problema agrario como un asunto secundario.

Unico funcionario de la SRA que acepta dar un panorama general en torno al tema, asegura que la tierra ya está dotada y refuerza: "Ya se restituyeron los bienes comunales a los pueblos indios y entregó la tierra a los campesinos. En el estado, 4.5 millones de hectáreas son propiedad social; es la entidad que menos propiedad privada tiene dentro de su territorio, ya que ésta no representa ni 5 por ciento" de las 7 millones 521 mil 44 hectáreas de la superficie estatal.

En materia de rezago agrario, que en 1995 se estimaba en 25 por ciento respecto del total nacional, Pérez Mota comentó que prácticamente está resuelto. "Se avanzó mucho, todos los expedientes fueron entregados al tribunal agrario y sólo queda un asunto por resolver". Además, 250 mil hectáreas fueron entregadas a los campesinos al ganar controversias al Tribunal Unitario Agrario.

Un escrito de Juan González Esponda, de la Universidad Autónoma de Chapingo, puntualiza: "Ese rezago no se relaciona directamente con el reparto de la tierra, sino con la regularización de la superficie ya entregada". Según datos de la SRA, hasta 1995 no se habían entregado un millón de hectáreas que legalmente se les había concedido a ejidos y comunidades chiapanecas.

A manera de ejemplo de los avances en materia agraria, Pérez Mota menciona que en la región de Las Cañadas de Ocosingo, un millón de hectáreas son propiedad social, y 80 mil propiedad privada. En ese municipio ?dice? sólo siguen pendientes de ejecución los ejidos Plácido Flores, al que el 22 de febrero de 1989 se le otorgaron mil 150.22 hectáreas, y El Censo, al que el 5 de enero de 1990 le aprobaron mil 680 hectáreas para la segunda ampliación del ejido.

El delegado de la SRA en Chiapas afirma: "el escenario agrario actual es diferente al de 1994. Tenemos un diagnóstico y método para atender los problemas", aunque faltan por entregar 583 carpetas agrarias, documentos que legitiman la propiedad de la tierra.

¿Injusticia resuelta con fideicomisos?

Marcada por las irregularidades, corrupciones, ocultamiento de información, represiones, persecuciones, enfrentamientos, desalojos y divisiones internas en las organizaciones campesinas, la lucha agraria chiapaneca tuvo como respuesta, incluso después del levantamiento del EZLN, la compra de tierras.

Aceptar esa opción significó para las organizaciones campesinas ?que tomaron en su poder 120 mil hectáreas en 70 municipios tras el alzamiento zapatista? soportar el calificativo de "traidores" que en mayo de 1995 les adjudicó el subcomandante Marcos. 

El negociador gubernamental Dante Delgado Rannauro ofreció comprar una superficie máxima de cinco hectáreas en 20 mil pesos máximo, que se pagarían con el Procampo adelantado por 10 años; con ese fondo se constituyó el fideicomiso correspondiente a cargo de la SRA y de la SHCP.

Pero la actuación de Delgado no sólo se limitó a ese "papel de intermediario". Su estrategia incluyó debilitar a la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (Aedpch) y dividir al Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (Ceoic).

En marzo de 1996, el gobierno federal anunció la conclusión de la firma de 111 acuerdos agrarios en Chiapas con 69 organizaciones y 42 núcleos individuales, que comprendieron 2 mil 40 asuntos agrarios para 58 mil campesinos, quienes se conformaron en mil 212 grupos; la adquisición total fue de 249 mil hectáreas. "Hemos superado una pesada carga del pasado y la disputa por la tierra de manera definitiva con claro sentido de justicia", dijo el entonces presidente Ernesto Zedillo.

Ahora, explica Luis Enrique Pérez Mota, los campesinos tienen que "proceder a regularizar sus respectivas propiedades frente a un notario público, solicitar la desgravación anticipada y después aportar esas tierras para constituirse en ejidos, si así lo deciden. Una vez constituidos como ejidatarios serán nuevamente atendidos por la SRA".

Un trato diferente recibieron los ganaderos, identificados como terratenientes por los campesinos e indígenas, y considerados como pequeños propietarios por las autoridades. Para ellos el gobierno chiapaneco destinó, en 1994, el equivalente a 63 millones de dólares para la compra y renta de tierras en 63 municipios, como una "indemnización por la invasión de sus tierras". El negocio fue un éxito, políticos locales y sus familiares, funcionarios estatales, grandes propietarios, académicos e instituciones bancarias fueron los beneficiados (La Jornada, junio de1995).

Algunos de los ganaderos o pequeños propietarios que nuevamente salen a las calles chiapanecas para volver a exigir "un pago justo por sus tierras y sus vacas", como Jorge Constantino Kanter, formaron parte del listado de privilegiados por el gobierno estatal y de otros programas de ayuda que para ellos impulsó el gobierno.

El delegado estatal de la SRA asegura que la protesta de ese grupo de "rancheros de Ocosingo" no es un asunto de esa institución, sino del gobierno federal. Sin embargo, explica que el gobierno diseñó un fondo para 400 ganaderos, quienes debido a la rebelión del EZLN "dejaron de ocupar físicamente sus propiedades". Se les daban 4 mil pesos por hectárea como garantía de las escrituras de sus respectivos predios, además de un crédito a cinco años. Se identificaron 17 mil hectáreas que podrían ser parte del programa, pero sólo quedaron dentro los propietarios de 7 mil hectáreas. "Quienes hoy reclaman, no sabemos si realmente son propietarios o bien no han cumplido con las cláusulas del fideicomiso. Es difícil saber si pagan o no y si aplican el recurso para continuar con sus aparcerías, ya que no están obligados a informarlo".

Tierra prometida

De acuerdo con estadísticas oficiales, en 1960, de los 36 mil 279 predios existentes, sólo 948 eran ejidos que poseían un millón 748 mil 481 hectáreas, de las cuales sólo 47 mil 951 eran laborables. Los propietarios privados controlaban 3 millones 650 mil 722 hectáreas, 70 por ciento de ellas ocupadas por pastizales.

En 1970, los ejidos y comunidades agrarias aumentaron a mil 222, con una superficie de 2 millones 667 mil 414 hectáreas. La propiedad privada ocupaba 2 millones 96 mil 439 hectáreas. Entre 1976 y 1988, se entregó un millón 718 mil 133 hectáreas, por lo que entonces, los mil 714 ejidos y comunidades tienen 4 millones 385 mil 547 hectáreas.

Con posibles variantes, un esbozo de la situación de la tenencia de la tierra actualmente es: 2 mil 872 ejidos, 156 nuevos centros de población; 129 comunidades y 35 colonias; 18 mil 570 predios registrados como propiedad privada tienen una superficie de 2 millones 496 mil 471 hectáreas; 77 predios de pequeña propiedad poseen 649 hectáreas.

Superficie social que ya no crecerá por la existencia de 8 mil 515 certificados de inafectabilidad, de los cuales 6 mil 701 son ganaderos, mil 759 agrícolas, y 55 agropecuarios, que "amparan 1.5 millones de hectáreas" de un posible reparto agrario.

Ahora, al problema de la tierra se suma un nuevo fenómeno social: el incremento de la migración indígena.

¿Militarización en lugar de negociación en Montes Azules?

La mesa agraria-ambiental para detener el crecimiento de los asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera de Montes Azules y para regularizar los asentamientos anteriores al decreto presidencial de 1972, con el que se dotó de 614 mil 321 hectáreas a la comunidad lacandona, está congelada.

Ahora crece la duda entre los indígenas calificados como "invasores", ¿en lugar de negociación se procederá a la militarización de la reserva? La Secretaría de la Reforma Agraria asegura que 341 familias de 32 comunidades ocupan ilegalmente más de tres mil 200 hectáreas dentro y en el área de influencia de la reserva de la biosfera Montes Azules.

Esos asentamientos irregulares son: Nuevo Guadalupe Tepeyac, Laguna El Suspiro, El Semental, Nueva Argentina, Ranchería Corozal, Nuevo San Gregorio, San Antonio Miramar, San Francisco, Santa Cruz, Nueva Palestina, Nuevo Israel, Tani Perla (segunda ampliación), Salvador Allende, Primero de Enero, Sol Paraíso, El Buen Samaritano, Nuevo Agua Dulce, Ocotal, El Zapotal (colindante con Amador Hernández), Nuevo Cintalapa, Nuevo Villa Flores y Laguna Ojos Azules.

Los poblados en las inmediaciones de la reserva que, de acuerdo a la Semarnat y a la SRA, también deben ser reubicados son: San Antonio Escobar, Villa La Laguna, Doctor Manuel Velasco Suárez (viejo), Ojo de Agua, El Jardín, Villa Las Rosas, Cintalapa, Lacanjá, Zapotal y Santo Domingo.

Optimista y seguro de que antes de que termine esta administración por lo menos la mitad de los 32 asentamientos irregulares en Montes Azules habrán aceptado la propuesta del gobierno federal, Pedro Alvarez Icaza, responsable por la Semarnat en la negociación, asegura que no sólo aceptarán su reubicación, sino también la formación de un fideicomiso para manejar todos los recursos destinados a los proyectos productivos. Y subraya: "con estas propuestas no estamos enviando un mensaje para que sigan invadiendo".

Sólo entregará cinco hectáreas por familia, el costo de la tierra no deberá rebasar los 20 mil pesos por hectárea.

Los poblados que ya aceptaron su reubicación y las propuestas generales de un pie de casa de 36 metros cuadrados y proyectos productivos a cargo de la SRA o de la Semarnat son: Tani Perla, segunda ampliación, Nuevo Villaflores, Nueva Argentina, Sol Paraíso y Doctor Manuel Velasco Suárez (viejo), en total 191 familias a las que la SRA se comprometió a comprarles 955 hectáreas.