DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2001

La agenda imposible

Desde que se puso en marcha la Operación Guardián en la frontera México-Estados Unidos han muerto 606 mexicanos, en su vano intento de llegar a un lugar donde encontrar un trabajo que les es negado en su propio país.

La línea entre ambos países es un muro criminal: a la moderna barda se suma la más avanzada tecnología y el Servicio de Inmigración y Naturalización -la agencia federal policiaca más grande en Estados Unidos- gasta en esta zona 85% de su presupuesto, pese a que por esa frontera sólo ingresan al vecino país cuatro de cada diez indocumentados, según un estudio del Instituto Urbano (centro de investigación privado con sede en Washington).

Las cosas no paran ahí: el mismo estudio señala que de cada 100 indocumentados en Estados Unidos sólo 39 son mexicanos; sin embargo, 97% de los arrestados por carecer de documentos son de esta nacionalidad.

Como se ve, el camino que espera a la comisión binacional de alto nivel, cuya integración fue anunciada en el Rancho San Cristóbal, Guanajuato, es tan largo y difícil como la frontera misma. Sin embargo, muchas voces valoran positivamente que por primera vez el tema haya sido introducido en una reunión de los mandatarios de ambos países.

"México debe aprovechar al máximo el talento y la productividad de sus propios trabajadores para el bien del país, pero es necesario un esquema ordenado de flujos migratorios que garantice trato humano, seguridad jurídica y condiciones de empleo dignas a los migrantes", se dijo en el comunicado conjunto que leyeron el titular de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, y el secretario de Estado, Collin Powell, el pasado 16 de febrero.

Tras este paso de los gobiernos, es muy posible que se incremente el activismo que desde hace muchos años despliegan diversas redes y grupos en ambos lados de la frontera, con la finalidad de impulsar una agenda migratoria que acabe de una vez por todas con la criminalización de la pobreza.

Entre esos esfuerzos se cuentan los que realizan organizaciones como Mexico-US Advocates Network, de Estados Unidos, en coordinación con Sin Fronteras, en México.

Hace unos días, ambos grupos organizaron - conjuntamente con la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados- un encuentro en el que participaron legisladores, sindicalistas, abogados y activistas de los dos países.

Los ponentes expusieron a los diputados que actualmente existen elementos que permiten vislumbrar una nueva política migratoria: la relativa fortaleza de ambas economías; el viraje de la central sindical estadunidense AFL-CIO en favor de los migrantes; la confluencia de intereses de sectores conservadores y agricultores, así como de algunas industrias que reconocen su dependencia de la mano de obra migrante; y, por supuesto, el fortalecimiento de las organizaciones de los propios migrantes y sus redes de apoyo.

También apuntaron un dato interesante: las "conversaciones sobre la posibilidad de 'revisar' el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre el presidente de México, Vicente Fox, y David Sweeney, presidente de AFL-CIO, en Davos, a principios de febrero de 2001".

*Una nueva política

En la sesión también se señalaron algunos de los puntos que el nuevo grupo de trabajo bilateral no podrá dejar de lado al diseñar una propuesta de nueva política migratoria (que, no se olvide, no depende de la voluntad del presidente George W. Bush, pues ha de pasar por el Congreso de Estados Unidos). Se requiere una política:

* Que dé lugar a un sistema de regulación de la migración y no a un sistema de represión.

* Que permita que la migración sea un proceso ordenado y seguro.

* Que tome en cuenta que el flujo de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos es el más importante.

* Que reconozca que actualmente los flujos no son mayoritariamente agrícolas sino que se dirigen a zonas urbanas y se emplean en los sectores de servicios y manufacturero.

* Que permita a los migrantes mexicanos disfrutar de un estatus legal.

* Que genere las condiciones para que sea posible cruzar la frontera legalmente, mediante un programa amplio de visas.

* Que haga efectivo el derecho de los trabajadores a cambiar de empleo.

* Que permita un ejercicio efectivo de los derechos laborales.

Igualmente, los especialistas explicaron a los legisladores los que, a su juicio, son los elementos que no debe tener una nueva política migratoria:

* Que no represente un obstáculo para la unidad familiar.

* Que no tenga efectos negativos para un grupo específico de migrantes.

* Que no debilite la situación de los trabajadores migratorios que ya se encuentran en Estados Unidos.

* Que no represente una "cárcel laboral". Los trabajadores tienen que poder cambiar de empleo si las condiciones convenidas no son cumplidas por el empleador.

*El peso del voto

Detrás del afán de los presidentes Bush y Fox por "regular los flujos" migratorios, muchos advierten un interés que rebasa la atención del ahora llamado "fenómeno", ya no problema, de los indocumentados.

Clarissa Martínez, sinaloense que a los 15 años era planchadora en una fábrica de ropa y ahora estudia una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard, recuerda que como gobernador de Texas George Bush restauró algunos de los beneficios a los inmigrantes que se habían recortado a nivel federal. "Crea fama y échate a dormir... Bush ganó el voto latino como ningún republicano lo había hecho antes", dice Martínez, integrante del Consejo Nacional de la Raza.

Participante como Martínez en el encuentro con los diputados mexicanos, María Jiménez, del American Friends Service Committee, es pesimista: "No creemos que vaya a mejorar la situación (de los migrantes), sino a empeorar, porque ambos presidentes reflejan los mismos intereses económicos y políticos; forman una unidad peligrosa para los migrantes".

María Jiménez, quien vive en Estados Unidos desde los siete años de edad, afirma que el interés del gobierno foxista por atender las demandas de los mexicanos en el exterior responden "a que en las próximas elecciones nuestro voto va a contar".

Debe recordarse que el PRD y el PAN, que ahora hacen mayoría en la Cámara de Diputados, impulsaron el derecho al voto de los nacionales residentes en el extranjero, y que dicha iniciativa fue bloqueada por el PRI.

Votos, sí, pero también trabajo y dinero. Allán necesitan la mano de obra de los indocumentados. Y los 28 mil millones de dólares anuales que su trabajo crea. Y acá, Ƒqué sería de tantas familias sin los 6 mil millones de dólares al año de las remesas? Esta última cantidad representó 4% de los ingresos totales en la cuenta corriente. Las divisas obtenidas por exportaciones petroleras representaron 6.2%. De ese tamaño es el reto de "regular los flujos".