SABADO Ť 24 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Administrado por empresarios, el órgano opera con recursos públicos, señala el PRD

Cuestionan legalidad de microcréditos en Guanajuato

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Leon, Gto., 23 de febrero. El programa Santa Fe de Guanajuato, que sirvió de modelo para el Programa Nacional de Microcréditos, opera como un ente distinto al gobierno del estado, pero con recursos otorgados por el propio Congreso; no tiene órgano fiscalizador y cobra intereses de 6 por ciento mensual -72 anual-, sólo cuatro puntos abajo del agiotismo, y los funcionarios desconocen cuántos changarreros han logrado escalar a microempresarios, el objetivo manifiesto de los microcréditos.

Impulsado en 1996 por el entonces gobernador de Guanajuato Vicente Fox Quesada, este programa tuvo como meta otorgar 100 mil microcréditos el primer año que fue puesto en operación mediante un decreto, hasta hoy se han entregado sólo 75 mil, por un total de 95 millones de pesos.

Enrique Castro Villalobos, director del Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo (Sefide), organismo del gobierno estatal, rechaza que Santa Fe de Guanajuato sea parte de este órgano de gobierno desde 1997. Sin embargo, dice que el organismo "que opera mediante la participación de la sociedad civil", pero reconoce que para la oficina de microcréditos, el Congreso local otorgó un presupuesto de 59 millones de pesos, de los cuales 44 millones estarán destinados a financiamientos, préstamos, patrimonio y operación de Santa Fe.

Se refiere al "éxito que se tiene con este programa" que, por 800 pesos de crédito, "al beneficiario se le otorga un valor agregado como es la capacitación en administración, contabilidad, mercadotécnica y publicidad".

-Ƒincluso si este crédito se le da a una persona para la venta de tamales?

-Así es.

Esta es la capacitación que dice Castro Villalobos eleva el valor del interés que generan los créditos: "se cobrará el uno por ciento sobre el valor del dinero -12 por ciento de interés anual". Advierte que se cobra también IVA y los servicios citados, es decir, un interés total de 6 por ciento mensual -72 por ciento anual- "con todo incluido", dice, y se exculpa: "en Guanajuato el agio cobra intereses de 10 por ciento mensual".

Mientras tanto, el director de Santa Fe de Guanajuato, Jorge Farfán Pedroza, quien sirvió como contador público en los negocios de Alejandro Arena Torreslanda, hoy presidente del consejo consultivo de esta oficina, sostiene que "desde 1997 no somos gobierno del estado", y entonces refiere a un grupo de cuatro empresarios que se hacen cargo de otorgar los financiamientos para los 46 municipios del estado.

Son ellos, dice, los que han sostenido al programa desde sus inicios, pero sólo refiere a Alejandro Arenas Torreslanda, su ex patrón, como el único a quien "no le molesta salir en la tele"; estos han otorgado en cifras líquidas, desde entonces, 500 mil pesos, según el propio Farfán.

Estos cuatro potentados avalan con sus firmas 25 millones de pesos en el Banco del Bajío para otorgar los microcréditos, y sólo ellos deciden cómo y de qué manera se puede acceder a esta línea de financiamiento y en qué momentos.

Interrogado sobre si estos "cuatro empresarios" han aportado los 95 millones de pesos para los microcréditos, el director de Santa Fe de Guanajuato refiere el "alto costo social" que esto genera en apoyos para la sociedad, por lo que es necesario "solicitar presupuesto al estado y así seguir operando".

Tanto los intereses -6 por ciento mensual- que generan estos 75 mil créditos otorgados como la utilización de los recursos públicos no son fiscalizados por nadie, puesto que "nosotros tenemos permiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir donativos, eso nos hace acreedores a dictaminarnos con un contador público independiente", que es el mismo que lleva la nómina de los empleados, así como las responsabilidades de esta oficina, por lo que nadie conoce el fin del porcentaje extra, 5 por ciento, que generan estos préstamos, dado que aún cuentan con presupuesto del erario.

Tanto en el Sefide como en Santa Fe de Guanajuato no existen datos sobre los changarreros que lograron acceder a una mejor calidad de vida, tampoco un seguimiento de cuántas "tamaleras llegaron a ser microempresarias", dice Farfán Pedroza. Sin embargo, en la oficina de gobierno del estado del Sefide, donde dicen estar desligados de los microcréditos, se informa que "nosotros tenemos cuidado en otorgar estos créditos".

Entre muchas interrogantes que ha generado la manera de otorgar estos créditos y la hipótesis de que se sostiene un negocio particular de un agiotista, la dirigencia estatal del PRD ha solicitado a la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, que preside la panista Mayra Enríquez, realizar una auditoría en esta dependencia, pues "si es privada, Ƒporqué se le dan recursos públicos?, además, Ƒqué se hace con los intereses tan altos, pues sólo 1 por ciento de éstos sirven para la generación de más créditos?", cuestiona el líder de este partido, José Luis Barbosa Hernández.