SABADO Ť 24 Ť FEBRERO Ť 2001

Américo Saldívar

El "nuevo Pemex" o la falacia de la renta petrolera

El capital y el mercado atacan de nuevo, y esta vez van por todo. De hecho, el subtítulo de estas reflexiones podría ser: "el nuevo Pemex, una declaración de guerra contra los mexicanos, la naturaleza y sus recursos". En efecto, la decisión reciente de nombrar a empresarios en el nuevo consejo de administración de la empresa, amén de su director y del secretario de Energía, que también lo son, constituye un verdadero parteaguas en la vida de la principal industria de los mexicanos. Ha sido una movida maestra del presidente Fox de meter por la puerta de atrás y por la vía del fast track un virtual proceso de privatización de Pemex, para lo que le sirvió de corifeo la burocracia sindical.

Sabemos que hoy en día ya no importa tanto la propiedad directa del capital para tener el verdadero control sobre una empresa. En efecto, es a través de los consejos de administración, los verdaderos ejecutivos, donde se toman las decisiones cruciales e importantes de inversión, de volúmenes de producción, de mercadeo, de políticas de precios, de ventas, etcétera. Los modernos consorcios trasnacionales así funcionan desde hace décadas.

Entre las razones invocadas para esta virtual subordinación de la paraestatal a criterios privados en su manejo y funcionamiento fueron su modernización, dotar de recursos suficientes para tareas de prospección, así como elevar su nivel de competitividad internacional. Objetivos tales no podrían ser más loables y positivos. Sin embargo, nos llama fuertemente la atención y nos preocupa el que la tributación de la paraestatal al fisco se hará como cualquier otra empresa privada: "separando la renta petrolera de las actividades industriales de Pemex". Y no es que tampoco estemos de acuerdo con las políticas previas de ordeñar a la empresa para resolver las crisis permanentes de las finanzas públicas.

Creemos que el punto de discusión es cuál va ser el uso y utilidad (social o privada) de un recurso y bien público. En anteriores colaboraciones hemos señalado que subsidiar el crecimiento insustentable es una manera de degradar y agotar los recursos naturales con fondos públicos. Precisamente esos recursos naturales a los que nos estamos refiriendo pertenecen a la sociedad entera. Por ello, la llamada renta petrolera es una falacia que encubre la apropiación y real privatización del patrimonio natural (y social) en nombre del progreso, la competitividad y la modernidad.

La búsqueda de nuevos yacimientos y el incremento de las reservas significará el aumento de la producción y de la plataforma de exportaciones. Esa ha sido la historia y la práctica real. Con la sobrexplotación de este recurso, en el corto y largo plazos, se alentará una mayor extracción de "renta petrolera", motivando el consumo intensivo de hidrocarburos de la planta productiva. Bajo las condiciones tecnológicas actuales, los patrones de producción y consumo altamente insustentables y derrochadores de recursos no renovables, así como el desmedido afán de lucro y el sistema de precios sin el ajuste ambiental, la debacle está más que garantizada, sobre todo para las futuras generaciones. De ahí que sea de la mayor urgencia establecer un sistema de impuestos ecológicos que graven los males y protejan los bienes públicos.

Los criterios empresariales son maximizar las ganancias, vía el incremento de la productividad y la eficiencia. En la lógica del modelo económico y de su política económica actual, los objetivos de eficiencia con sustentabilidad y equidad intra e intergeneracional por lo común están ausentes.

Por ello, no existen razones de peso para pensar que las decisiones de política de expansión y fiscal en la gestión tanto gubernamental como empresarial de Pemex serán distintas y no responderán a esa lógica.

Quizás, como se señaló en Davos, Suiza, no sea criticable que cada nación agote su capital natural y del planeta en aras de elevar, en el corto plazo, el nivel de vida de sus habitantes. Pero debe entenderse que ello, en primera y última instancias, se hace a costa de la habilidad y capacidad de la biosfera y los ecosistemas para soportar la vida de todos. También para mantener las bases materiales ulteriores de la planta productiva. Bajo esta disyuntiva, Ƒcuál será el criterio que aplicarán el gobierno y sus acompañantes empresariales?