viernes Ť 23 Ť febrero Ť 2001
Gilberto López y Rivas
Marcha de la resistencia a la hegemonía del capital
El 24 de febrero, día simbólico para el patriotismo revolucionario del pueblo mexicano, una representación de mayas zapatistas pertenecientes a la comandancia general del EZLN y el propio subcomandante Marcos partirán del municipio de La Realidad, Chiapas, con rumbo a la ciudad de México. Antes de arribar a su destino final, sede del Poder Legislativo, los zapatistas recorrerán doce estados de la República en los que buscarán establecer contacto con sectores de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, partidos y agrupaciones políticas que, convencidos o no de su lucha, constituyen un factor fundamental para consolidar una paz firme, digna y duradera.
La marcha zapatista se llevará a cabo en un contexto político muy complejo que hasta el momento ha permitido mostrar abiertamente parte de la radiografía e, incluso, la zoología política de nuestro país. En torno a la movilización hemos escuchado desde las extravagancias reaccionarias y fascistoides del gobernador de Querétaro, quien pide la pena de muerte para los integrantes del EZLN, hasta los comunicados públicos de los diversos grupos armados en distintos lugares, que solidarizándose con la causa zapatista se pronuncian por métodos de lucha e idearios político-ideológicos distintos.
Entre ambos extremos nos encontramos, por otra parte, con un PRI enclavado en su propia contradicción interna y, por tanto, indiferente ante este suceso; un PRD que, a pesar de su recurrente crisis, ha coincidido en manifestarse en favor de la marcha y de mecanismos de seguridad para los marchistas, e incluso ha reivindicado como propias las demandas zapatistas.
El caso del jefe del Ejecutivo, Vicente Fox, es un tanto más complejo al comportarse de manera esquizofrénica, según distintas declaraciones en las que ha vacilado entre "firmar la paz en unas semanas", tratar de borrar mediáticamente a su interlocutor con la ayuda de las compañías televisoras, hasta confesarse "entusiasta" con la marcha y, posteriormente, obligar a la Cruz Roja Internacional a cancelar el acompañamiento ofrecido a la delegación zapatista. Estos vaivenes de opinión y posturas políticas en el máximo representante del entramado institucional del Estado suelen ser muy peligrosas, máxime cuando se manifiestan en una sociedad polarizada en sus opiniones.
Pero más allá de estos actores, la marcha zapatista cobra hoy un significado político muy importante para las distintas fuerzas progresistas de nuestro país y del mundo: la posibilidad de impulsar la organización de una resistencia contra la actual hegemonía proveniente de una de las embestidas más traumáticas del capital que hemos padecido en las últimas décadas.
Para lograrlo no sólo es necesario establecer una hegemonía política distinta que emerja de los "de abajo"; sino que es fundamental incidir en dos horizontes de lucha distintos, pero complementarios: el nivel de las resistencias y disputas locales, y la articulación, a nivel nacional, de un proyecto de nación alternativo al defendido por Fox y el grupo gobernante.
Debemos elegir al menos entre dos alternativas: un país tallado "a la norteamericana" en el que prolifere un modelo de ciudadanos propio del "individualismo posesivo" a partir del cual cada persona logre, mediante la "cultura del esfuerzo", su changarro para sobrevivir, misma que presupone la existencia de un Estado mínimo concebido como "mal necesario" para garantizar, a través del monopolio de la violencia legítima, la reproducción estable del capital.
La otra alternativa se fundamenta en la construcción de un México distinto, hasta ahora inexistente, en el que el Estado, lejos de contraponerse a la sociedad civil, la presupone como un momento de su constitución libertaria. Esto significa pensar en una redefinición del Estado mexicano que garantice la justicia social mediante la procuración de salud, educación, tierra, trabajo, vivienda, autonomías de los pueblos indios y otras tantas demandas sociales, étnicas y de género que el propio EZLN enarboló al levantarse en armas en 1994.
El modelo económico neoliberal ha defendido la idea del adelgazamiento del Estado y no como una mera tesis de teoría política. Tiene tras de sí la necesidad de imponer, a como dé lugar, los grandes intereses del capital; esto es, hacer crecer el ámbito de la esfera de la vida privada de los individuos a costa de disminuir la de lo público, donde se disputa el bien común.
La demanda de los zapatistas por ver plasmados en nuestra Carta Magna los acuerdos de San Andrés es tan sólo un ejemplo de un principio de la estatalidad de carácter ético: la inclusión que debe involucrar a los más diversos sectores de la sociedad dispuestos a construir una nación real y efectiva con su composición y su historia.