jueves Ť 22 Ť febrero Ť 2001
Ť Josyane Bouchier
El fomento de la micro y pequeña empresa
Muchos somos los que nos preguntamos a qué estrategia responde la política de fomento de la micro y pequeña empresa (MyPE) que el gobierno federal se propone impulsar por la vía del microcrédito.
Si revisamos la última década de políticas de fomento de la MyPE en países de Centroamérica o en Perú, tal vez podamos formular algunas hipótesis.
Según el país identificamos dos o tres generaciones de políticas, cada una con un enfoque estratégico distinto.
La primera generación de políticas ha promovido la microempresa como instrumento de reinserción de los desmovilizados de los ejércitos en pugna en las guerras civiles. Su finalidad, entonces, ha sido más sociopolítica que económica. Centradas en la creación de nuevos emprendimientos, su principal y, a menudo, único componente ha sido el microcrédito como instrumento de acceso a un capital inicial mínimo y, luego, como mecanismo revolvente para la adquisición de capital de trabajo.
La segunda generación de políticas ha promovido la microempresa en tanto bastión contra la pobreza. Inscritas en las estrategias de alivio de una pobreza, que en aquel entonces muchos consideraban coyuntural, surgieron de la necesidad de compensar la brutal exclusión socioeconómica provocada por los Programas de Ajuste Estructural implementados a invitación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se dedicaron, entonces, a consolidar los microemprendimientos que los "damnificados" del "círculo virtuoso de la estabilidad macroeconómica" crearon para paliar la pérdida de empleo e ingreso formales en la industria o en el sector público. (Basta con recordar que en Nicaragua la compactación del Estado significó la supresión de casi 200 mil empleos públicos -o sea dos de cada tres- en apenas cinco años.) Al asociar la microempresa con la economía de subsistencia, las políticas de compensación social han concentrado su atención en microemprendimientos que clasificamos como autoempleo, microempresas de subsistencia o de acumulación simple. Y, partiendo del supuesto que el desarrollo de la actividad microempresarial radica en el acceso a recursos crediticios, han tenido el crédito (para la adquisición de capital de trabajo) como componente central. Políticas sociales de carácter emergente relegaron a segundo plano el fomento de la capacidad productiva de la MyPE y su inserción en el tejido industrial nacional.
La tercera generación de políticas, actualmente en ejecución, inscribe el fomento de la MyPE en una estrategia de inserción competitiva del país en el mercado globalizado. Su finalidad es económica. Concentra su atención en la pequeña empresa y en la microempresa de acumulación ampliada que presentan potencial competitivo de desarrollo (5 por ciento de la MyPE en los países de América Central). Su principal instrumento es la oferta de servicios no financieros (información, asesoría gerencial, calidad, diseño, comercialización, subcontrataciones y clustering, incubadoras, etcétera). Proveer servicios de este tipo es costoso y complejo -más que proveer crédito-, y lo seguirá siendo mientras no se logren adecuar los servicios a la especificidad de la MyPE y estandarizarlos.
Para estructurar el mercado de servicios a la MyPE se requiere de una inversión --de largo plazo y bajo rendimiento inicial-- en investigación y desarrollo, en formaciones, en infraestructuras, etcétera. El costo de esta inversión no puede ser trasladado (vía precios) a la MyPE. A su vez, las empresas comerciales de servicios no están dispuestas a asumirlo. ƑA quién, entonces, le compete cargar con esta inversión? La tercera generación de políticas ha vuelto a poner a debate el papel del Estado en el desarrollo económico nacional. Dejando atrás los argumentos de los detractores de la intromisión del Estado en los mecanismos del mercado, el debate actual asume la idea de la complementariedad entre Estado y mercado y gira en torno a cómo impulsar esta complementariedad.
Esta larga década de políticas de fomento de la MyPE ha dejado algunas enseñanzas. Dos nos parecen básicas:
(1) Para consolidarse y desarrollarse, la MyPE --y en particular la manufacturera-- necesita tener acceso a servicios combinados, financieros y no financieros. El crédito constituye un componente esencial, pero no suficiente, de toda política de fomento de la MyPE.
(2) Si bien el sector comercio de la MyPE contribuye al producto interno bruto (PIB), sólo el sector manufacturero es generador a mediano plazo de empleos productivos y, por lo tanto, base para una estrategia de desarrollo sustentable.
Hasta tener mayores precisiones, nos parece razonable concluir que la actual propuesta gubernamental de política de fomento de la MyPE, al iniciar y terminar con la oferta de servicios microcrediticios como único incentivo, se inscribe dentro de la vertiente social del alivio de una pobreza que ya ha demostrado ser estructural. En su carácter transitorio radica su propio límite.