MIERCOLES Ť 21 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Garantizará transparencia en ejercicio del gobierno, asegura Zapata Perogordo
Apoya el PAN abrir al público documentos oficiales
CIRO PEREZ SILVA Y DAVID APONTE
El acceso a la información de la administración pública que propone el titular de la Secretaría de la Contraloría, Francisco Barrio Terrazas, no sólo permitirá "terminar con la cultura del engaño y de la especulación", sino que garantizará transparencia en el ejercicio de gobierno, afirmó el vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Alejandro Zapata Perogordo.
"Existe una gran desconfianza en la ciudadanía respecto de la administración pública, por lo que deben abrirse los documentos oficiales a quien lo solicite y justifique su interés; con ello habrá cuentas claras y se acabará con las suposiciones" sobre el ejercicio del gasto, avance de programas y proyectos, aseveró el legislador.
Zapata Perogordo explicó que existen áreas en el ámbito judicial, de seguridad pública y seguridad nacional, que por definición deberán conservar el sigilo y la confidencialidad indispensables para no poner en riesgo la integración de averiguaciones previas, la seguridad de las personas y la del país.
Aunque se desconoce si Barrio Terrazas enviará una iniciativa de ley o emitirá un reglamento en el que se especifiquen los mecanismos para que la población pueda acceder a la información gubernamental, Zapata Perogordo adelantó el apoyo de la bancada del PAN ya que, djo, "debemos ser congruentes con lo que el nuevo gobierno ha venido proponiendo".
La decisión del titular de la Secodam es complementaria a las nuevas facultades que la Cámara de Diputados confirió al órgano de fiscalización superior de la federación, para revisar la gestión financiera de los poderes de la Unión y de las entidades frederales, acortando plazos y agilizando trámites.
Estas facultades permiten un mejor control constitucional respecto de la Cuenta Pública que se rinde ante la Cámara de Diputados, logrando más transparencia respecto del uso de los fondos públicos en los estados.
La iniciativa aprobada el 20 de diciembre pasado establece que los poderes de la Unión y los entes públicos federales deberán rendir a la auditoría superior de la Federación, a más tardar el 31 de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, el informe del avance de gestión financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del ejercicio fiscal en curso.
Antes de aprobarse esta ley, la Cuenta de la Hacienda Pública de un ejercicio se revisaba casi un año después de haber concluído este y los resultados eran entregados a la Cámara de Diputados casi seis meses más tarde.