LUNES Ť 19 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Plantea menor discrecionalidad en el manejo de recursos por parte del Ejecutivo
Propone el PRD modificar la política de gasto para completar la reforma tributaria
Ť Considera suprimir regímenes como el de la consolidación fiscal y el simplificado
CIRO PEREZ SILVA
La reforma fiscal no puede estar completa si no va acompañada de una reforma a la política de gasto, que incluya principios de eficacia y eficiencia, evaluación de metas físicas y financieras, mayor transparencia y auditabilidad, además de menor discrecionalidad en el manejo de recursos por parte del Ejecutivo, sostiene la bancada del PRD en la Cámara de Diputados en su propuesta de reforma hacendaria.
La iniciativa perredista, que elaboró el grupo de asesores económicos de esa bancada que encabeza Mario Di Costanzo, sugiere directrices como la eficiencia y neutralidad, para que no se creen distorsiones en la economía; que no reste competitividad a las empresas; que reparta equitativamente la carga fiscal; de fácil administración; que otorgue seguridad jurídica a los contribuyentes y una asignación eficiente de recursos entre los gastos social, productivo y administrativo.
Considera la eliminación de regímenes especiales y tratos preferenciales, como la consolidación fiscal (que beneficia a los grandes corporativos), el régimen simplificado (que beneficia a transportistas, agroindustrias y cooperativas), gravar las ganancias en la Bolsa de Valores de los capitales especulativos, las percepciones por prestaciones salariales, limitar los donativos exentos entre familiares y gravar herencias.
"Motor del desarrollo productivo"
Pretende incrementar la tasa del IVA a 20 por ciento en artículos de lujo, incrementar el ISAN en vehículos de lujo y desgravar el de los autos compactos, tarifas progresivas a personas físicas y morales mayor a 34 por ciento y derogar el régimen de pequeños contribuyentes para crear el de contribuyente social.
Incluye la etiquetación de impuestos para determinar de manera clara y transparente a qué rubros se destinan esos recursos.
"Ha quedado demostrada la necesidad de llevar a cabo ambas reformas, que tengan como objetivo fundamental mejorar la eficiencia del gasto público incrementando la cantidad y calidad del gasto, para que la política del gasto público sea capaz de cumplir con su función redistributiva del ingreso hacia aquellos sectores más desprotegidos y que al mismo tiempo pueda romper el círculo vicioso en el que se encuentra, siendo capaz de convertirse en un motor del desarrollo productivo", afirma la propuesta.
En ella se considera una serie de cambios en los ordenamientos jurídicos vigentes, que tienden a corregir las fallas estructurales de la recaudación y no sólo mejoren la equidad en la redistribución del ingreso, sino que otorguen seguridad, claridad y transparencia al contribuyente mediante disposiciones justas que promuevan el sano crecimiento económico y fortalezcan los ingresos del Estado.
Propone modificaciones al régimen tributario, a la política de ingresos públicos, la relación fiscal entre la Federación y los estados y la política de gasto.
El objetivo de la propuesta es elevar la recaudación del producto interno bruto para llegar a un total de casi 250 mil millones de pesos en cinco años, a efecto de que la recaudación tributaria represente 16 por ciento del PIB y se puedan abatir los rezagos sociales y de infraestructura.
Considera para ello un nuevo pacto fiscal entre la Federación y los estados, y mayor autonomía financiera de los municipios, ampliando las atribuciones y responsabilidades de las autoridades locales en materia de endeudamiento.
Señala que se debe replantear la política de gasto bajo criterios que involucren la orientación de resultados, sistemas indicadores de desempeño, transparencia, auditabilidad, rendición de cuentas, desarrollo de infraestructura productiva e inversión social y redefinir la política de la deuda pública interna y externa, el rescate bancario y los Proyectos de Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas).
Advierte que los esquemas preferenciales no sólo reducen la recaudación de sectores completos de contribuyentes, sino que hacen menos equitativo el sistema tributario. Explica que en casos como la agroindustria y la silvicultura su participación en el PIB fue de 5.31 por ciento, mientras que su participación en la recaudación empresarial fue apenas de 0.01 por ciento.
Caso similar al del autotransporte, cuya participación en el PIB fue de 6.83 por ciento y pagó impuestos por 0.3 por ciento de la recaudación empresarial.
De los esquemas preferenciales, sostiene la propuesta, sólo el esquema de consolidación fiscal y régimen simplificado representan una pérdida fiscal de más de 100 mil millones de pesos, es decir, porcentaje superior a 13 por ciento del gasto público. Con datos de 1998, menciona que el Grupo Bufete Industrial no tributó nada gracias al esquema de consolidación fiscal, pues hubiese tenido que pagar a Hacienda 32 millones de pesos.
"Es bien cierto que tener tratamientos preferenciales y exenciones en los impuestos, se traduce en una fuente importante de elusión y evasión fiscal. En el caso de México, la amplitud de las exenciones y de la tasa cero, tienen como resultado que sea el país que grava menos el consumo a escala internacional, al dejar fuera un gran número de bienes y servicios", sostiene la propuesta al referirse a impuestos como el IVA.
Considera créditos fiscales para inversión en activos fijos y generación de empleos; depreciación acelerada y excención de impuestos a las utilidades derivadas de la enajenación de activos, cuando éstos sean resultado de la relocalización de la planta productiva; deducibilidad del reparto de utilidades; derogación del IVA en maquinaria y equipo productivo, en virtud de que este impuesto es recuperable y lo que origina son costos financieros para los inversionistas.