Ť Documenta ya los expedientes de 500 casos ocurridos durante la guerra sucia

Investiga la CNDH las desapariciones en los 70

Ť La senadora del PRD Leticia Burgos y Rosario Ibarra critican la "tibieza" del organismo

VICTOR BALLINAS

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación sobre 500 casos de desapariciones forozosas en el país durante la década de los setenta. La indagación abarca presuntas responsabilidades de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como del Ejército Mexicano.

De acuerdo con información de la CNDH, la Procuraduría General de la República también procederá a integrar las averiguaciones correspondientes, en virtud de que "ya tiene denuncias con nombres y apellidos de presuntos desaparecidos".

Esa década ha sido señalada por los partidos de oposición, por luchadores sociales como Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka, y por otros organismos defensores de los derechos humanos, como la época de la "guerra sucia del Estado contra luchadores populares".

La senadora del PRD Leticia Burgos, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, coincide con lo anterior: Esos años están caracterizados por la guerra sucia del Estado contra los dirigentes sociales disidentes. Es la época en que se registraron más desapariciones de activistas políticos. Son los años en que ocurrieron asesinatos, encarcelamientos y acallamiento de conciencias".

Para los partidos de oposición, los setenta fue un tiempo de represión en varias entidades como Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y aun el Distrito Federal, entre otros.

El titular de la segunda visitaduría general de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, encargado del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, asevera: "es evidente que hay señalamientos de lo ocurrido en el país en la década de los setenta. Todos sabemos de qué se trata y en qué contexto se enmarca. México no fue ajeno al escenario internacional de esos años en Argentina, Chile, Guatemala, España, entre otros países".

Sin embargo, sostiene el funcionario, "es deber, obligación y responsabilidad de la CNDH investigar qué pasó y decirlo públicamente. Hasta hoy tenemos quejas de 'presuntos desaparecidos', pero si se comprueba que realmente fueron desaparecidos hay que conocer qué autoridad tuvo responsabilidad y hacer un pronunciamiento al respecto".

En Guerrero, señala Plascencia Villanueva, se ubica más de 50 por ciento de las desapariciones. El periodo de referencia está marcado por las actividades guerrilleras de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas en Guerrero. Ambos dirigentes fueron asesinados.

Placencia Villanueva puntualiza: "en Guerrero se investigan 293 casos, pero en esa década, en todo el país, suman más de 500 los presuntos desaparecidos. Ya hay en aquella entidad 154 expedientes integrados con algún o algunos elementos de prexistencia del delito que se acusa. De ese total 25 cuentan con actas de nacimiento, fe de bautizo o cartilla del servicio militar de la víctima".

Para integrar esos expedientes, destaca, se han destinado, desde el segundo semestre de 2000, tres visitadores adjuntos de manera permanente en el municipio de Tecpan de Galeana, quienes han acudido a las casas de los familiares y amigos de los presuntos desaparecidos, para recabar testimonios de los hechos, cómo ocurrieron, quién o quiénes fueron testigos y qué ha ocurrido desde entonces hasta ahora".

Precisa que ya se han visitado las comunidades de Ticui, Zacualpan, Alcholoa, San Jerónimo, Hacienda de Cabañas, El Quemado, San Martín, San Martín de las Flores, San Juan de las Flores, Rincón de las Parotas, San Andrés de la Cruz, Tres Pasos, San Francisco del Tibor, El Camarón, El Paraíso, San Vicente de Benítez, Río Santiago, El Cacao y Los Piloncillos, en la sierra de Atoyac, una de las zonas donde ocurrió el mayor número de desapariciones.

Plascencia Villanueva indica que "se está a 60 por ciento de concluir la primera fase de la investigación. Esto es, la recopilación de testimonios directos de familiares y amigos, documentos oficiales y otros. A la fecha se tienen ya 154 expedientes con evidencias que permiten suponer que las personas de las que se indaga fueron sujetas a una desaparición forzada. Incluso en algunos tenemos pruebas muy claras de qué autoridad participó".

El visitador general afirma que "en las investigaciones que se realizan en Guerrero y de manera paralela en otros estados participan organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Adefam), el Comité Eureka y la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero".

Los familiares de las víctimas que al principio no querían colaborar con la CNDH, añade, ahora lo están haciendo. Se acercan cada vez más y por ello se ha podido integrar los expedientes. "Esperamos concluir la recopilación de testimonios en unos meses ?expone?, y queremos, lo más pronto posible, formular la recomendación que hubiera que hacerse si se comprueban las desapariciones".

La senadora perredista Leticia Burgos, quien estuvo presente el pasado miércoles en Atoyac de Alvarez, critica: "a la CNDH le falta realismo y ser más objetiva. Las familias de desaparecidos sienten que se les está dando atole con el dedo y exigen justicia".

A la reunión que sostuvieron con el visitador general de la CNDH, que estaba programada para 20 personas, llegaron 200. "Se tuvo que cambiar el lugar donde se realizó el acto. Pero es cierto que hay voluntad de la CNDH de actuar, cosa que espero se reafirme con los hechos. Ya es un paso el que haya gente de ese órgano investigando de manera permanente en el estado. Pero eso no es suficiente", apunta la legisladora.

Considera que es importante indagar lo que ocurrió durante los años de la guerra sucia, "porque hace diez años diversos grupos denunciaron que la CNDH no había hecho nada al respecto. Ahora ya hay expedientes integrados: 154 de 293. Ya se han tomado testimonios y la gente demanda respuestas claras".

Relata la senadora: "a la reunión del pasado miércoles asistieron familiares de desaparecidos como Octaviano Santiago Dionisio, quien denunció la desaparición de su esposa Anita Estrada, la de su hermana y de varios familiares más; Juan Costilla, quien estuvo desaparecido y luego encarcelado; Eloy Cisneros Guillén, entre otros. En la reunión salieron a relucir de nuevo los nombres de los militares Arturo Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo, de policías locales y estatales y de ex funcionarios que hoy tienen notarías, como Carlos Viques".

Rosario Ibarra de Piedra, dirigente del Comité Eureka, expresa: "nos tiene francamente sin cuidado lo que haga la CNDH. No nos interesa lo que dice que hará. No investigan, nunca le han querido entrar al asunto, dan evasivas".