El pueblo mexicano no conoce aún sino los grandes lineamientos del Plan Puebla-Panamá que, sin embargo, fue promovido por el presidente Vicente Fox en su gira europea, se supone con precisión y detalles. De este modo es legítimo preguntarse sobre cuáles serán las consecuencias de una nueva apertura al capital privado nacional y transnacional de una región riquísima en recursos naturales, que van desde el uranio, el petróleo, las maderas, la generación de electricidad en Chiapas, los bosques y la biodiversidad en los Chimalapas, Oaxaca y en Chiapas, el petróleo de la Sonda de Campeche, hasta las bellezas turísticas y arqueológicas del sureste mexicano y de Guatemala. Ya en el pasado (en la presidencia de José López Portillo y en la de Ernesto Zedillo) se planteó un megaproyecto para el istmo de Tehuantepec -aún en curso- que incluye el ferrocarril y los puertos de la región y prevee trazar carreteras de varios carriles que pasarán por las mejores tierras de las comunidades indígenas y por el borde de los bosques de los Chimalapas, trasformando el modo de vida y el ambiente en una región vital para el país. El actual gobierno ha ido más allá y ha ofrecido un plan transnacional destinado a abrir los recursos naturales del sureste mexicano a una intensa explotación empresarial y a promover en esa región una fuerte industria maquiladora que aproveche la abundancia de mano de obra barata y apoyos impositivos. El plan, inspirado por una concepción basada en la Seguridad política y social, tiene también una fuerte proyección hacia Centroamérica, para la cual México aparecería como el eslabón entre los países de esa región y Estados Unidos, facilitando así la extensión hacia esa zona del mercado común dirigido por Washington. Cuando éste ha debido retirarse del Canal de Panamá y busca nuevas formas de permanecer y afirmarse en la zona, sobre todo ante la perspectiva del Plan Colombia, que pretende llevar las tropas estadounidenses a ese país, limítrofe con Panamá, el plan que crearía una macroregión desde el centro de México hasta Colombia, tendría evidentemente un papel estratégico. 

Así lo ha entendido el Banco Mundial que está patrocinando en esa zona un proyecto de siete años de duración llamado "Corredor Biológico Mesoamericano" que tiene un carácter multinacional. Es obvio que la defensa del ambiente, sobre todo en regiones que tienen un ecosistema similar, no puede quedar limitada dentro de las fronteras de un solo país. Pero llama poderosamente la atención que Washington no tenga la misma preocupación ecológica no sólo en nuestra frontera norte, donde siguen naciendo niños sin cerebro como resultado de la contaminación y las aguas de los grandes ríos padecen los resultados de los agroquímicos, sino también en escala mundial, pues ni siquiera ha firmado los acuerdos de la Cumbre de Río de Janeiro y sus prolongaciones de Tokio, Buenos Aires y Montréal sobre la defensa del ambiente y la reducción de la emisión de los gases nocivos. 

Aún más preocupante es el hecho de que el Congreso guatemalteco ha aprobado la realización de ejercicios militares conjuntos con el Pentágono en la zona de El Petén, fronteriza con Chiapas y comprendida en el plan del Banco Mundial. Es evidente que los patrocinadores de la creación de esta vasta zona de soberanía compartida (entre los vecinos, pero también con Estados Unidos, cuyo peso económico y militar es decisivo en el proyecto) encara una posible resistencia social. El flamante consejero de Seguridad Nacional del presidente Fox, Adolfo Aguilar Zinser, nos brinda algunas pistas al respecto al insistir - por razones puramente ecológicas, ¡por favor!- en que habrá que desalojar a los indígenas zapatistas que viven hoy en la reserva de la biósfera de los Montes Azules, tema que, según él, deberá formar parte del diálogo sobre la paz en Chiapas. ¿Y si los habitantes de la macrozona "Mesoamericana" insisten tozudamente en mantener sus formas de vida y su localización actual y, como los zoques de los Chimalapas, ofrecen como alternativa un Plan Ecológico Campesino, qué pasará?...