DOMINGO Ť 18 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Enojo por ratificación de Pou en el Banco Central

De la Rúa ha hecho de Argentina un país de juguete: diputada Elisa Carrió

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 17 de febrero. La diputada Elisa Ca-rrió, de la gobernante Unión Cívica Radical, quien junto con su colega Gustavo Gu-tiérrez investigaron actos de lavado de di-nero aquí, dijo hoy que el presidente Fernando de la Rúa ha hecho que Argentina parezca "un país de juguete" luego de ratificar en su puesto al presidente del Banco Central, Pedro Pou, sobre quien pesan sospechas de estar involucrado en el escándalo, investigado a nivel local e internacional.

La legisladora dijo lamentar que dicho funcionario cuente "con todas las garantías de mi propio gobierno".

El mes pasado se anunció que un subcomité del Senado estadunidense presidido por el demócrata de Michigan Carl Levin, llevaba a cabo la investigación sobre lavado de dinero en Argentina con base en de-nuncias de Carrió y Gutiérrez.

En la última semana cambió radicalmente la actitud del gobierno argentino que, después de apoyar las denuncias de Carrió, defendió los argumentos del ex secretario de la presidencia de Carlos Menem, Alberto Kohan, quien aseguró que "la investigación puede hacer que no lleguen las inversiones, al sembrar la desconfianza en instituciones como el Banco Central".

José María Pasquini, columnista del diario Página/12, recuerda que Pou fue instalado en la presidencia del Banco Central por Carlos Menem, y hoy cuenta no sólo con su apoyo sino también con el de De la Rúa.

Como responsable de la política monetaria, Pou fue uno de los impulsores de la idea de que el peso fuera sustituido por el dólar estadunidense, y su mandato se caracterizó por la desnacionalización del capital bancario y su concentración en manos de financistas internacionales y la fuga de divisas al exterior por vías legales y clandestinas.

En su doble función, que incluye la superintendencia de operaciones financieras que en la mayoría de los países corresponde a otra instancia, Pou acumuló críticas políticas por su parcialidad en beneficio de po-cos y sospechas de complicidad, por acción u omisión, en actividades ilegales, y nunca mostró "la ponderación, transparencia y co-nocimientos técnicos" que son requisitos para fungir en su puesto, según Pasquini, opinión que comparte con sectores críticos propios y ajenos del gobierno.

Carrió dijo ayer que sabe que Pou tiene "todas las garantías del establishment e incluso, lamentablemente, las garantías de mi propio gobierno", y en una carta pública advirtió: "Sé que nos enfrentamos al es-tado mafioso, que son los enclaves de esas asociaciones ilícitas entre personas del sector público y el sector privado".

La reacción de la diputada señala claramente al gobierno, que le exigió a Carrió presentar todos los datos con que cuenta después de que ella advirtió que el próximo 2 de marzo se conocerán los nombres de los implicados en el lavado de dinero que involucran a varios bancos de Argentina y Estados Unidos,

Señaló que la causa y expediente que tiene el juez Gustavo Literas sobre el banquero Raúl Moneta, con información remitida por el propio Banco Central, demuestra que el Banco República no tenía norma al-guna contra el lavado y sí registraba varias operaciones sospechosas y numerosas violaciones a disposiciones del Banco Central de sospechosos préstamos cruzados de em-presas autovinculadas.

"El temor del gobierno era que el intento de desplazar a Pou recreara la situación previa al blindaje" económico concedido a Ar-gentina por el Fondo Monetario Internacional, señala por su parte la analista Susana Viau, quien agrega que ya existen investigaciones que apuntan a operaciones "cruzadas entre los bancos República, Mercantil y Ma-cro", de las que Pou debió tener conocimiento, que encubrían autopréstamos prohibidos por las disposiciones legales.

El presidente del gabinete, Christian Co-lombo, fue además gerente del Banco Ma-cro, apunta, y así el caso parece comprometer no sólo al entorno de Menem sino también a muchos funcionarios actuales del gobierno del presidente De la Rúa.

Pero en realidad la sospecha mayor es que Washington ha decidido encubrir los datos que llevan hasta su propio territorio, donde estaría el verdadero comienzo y final de esta novela oscura.