sabado Ť 17 Ť febrero Ť 2001 2001
Alberto J. Olvera
Laguna Verde, petróleo y empresas
Dentro de los enormes retos que confronta el país en este inicio de la transición de régimen político, destaca el planteado por las grandes empresas paraestatales. El debate acerca de cómo modernizarlas, cómo redefinir sus objetivos y funciones, y cómo transparentar su operación no ha comenzado siquiera. Los procesos políticos han acaparado la atención de la opinión pública. Sin embargo, las urgencias financieras del gobierno y la visión pragmática del Presidente han llevado a tomar decisiones trascendentes en este campo sin consultar a la sociedad y sin tomar en cuenta a los otros poderes. Al mismo tiempo, decisiones difíciles, como qué hacer con la planta nuclear de Laguna Verde, pueden ser pospuestas en aras de las necesidades inmediatas.
Es sabido que el consumo de energía eléctrica y de gasolina, tanto en Estados Unidos como en México, crece más proporcionalmente que el incremento en el producto nacional. En ese marco, Estados Unidos, máximo productor y consumidor de energéticos, y México, uno de los mayores productores, requieren de crecientes volúmenes de esos productos y una seguridad de abastecimiento y precios.
Según el presidente Fox el reto puede enfrentarse modernizando Pemex, dando a la empresa una administración empresarial y liberándola de su esclavitud fiscal. Para ello ya procedió, sorpresiva y unilateralmente, a nombrar a cuatro de los más connotados empresarios mexicanos como miembros del consejo de administración. Dado que los requerimientos financieros de la modernización productiva de Pemex son enormes, tantos como los que padece el propio gobierno federal, es obvio que algún mecanismo de financiamiento privado tendrá que ser desarrollado.
Es en este punto que los intereses de los gobiernos estadunidense y mexicano parecen coincidir. Ellos ayudarían a conseguir financiamiento blando y nosotros les aseguramos el abasto. Pero detrás de esa sencilla fórmula están de por medio problemas estratégicos, políticos, legales y morales.
El problema estratégico es obvio: la codependencia con el vecino del norte es riesgosa, máxime que ya dependemos de él a un grado extremo. Además, Ƒcómo evitar jugar al esquirol de la OPEP si ya lo hicimos en otras ocasiones?
El problema político es aún peor. En México la inmensa mayoría de los grandes empresarios ha prosperado, al menos en parte, gracias a la discrecionalidad del gobierno. Los arreglos particulares entre empresarios y funcionarios explican el éxito de muchas empresas. Los personajes convocados al consejo de administración de Pemex carecen de la legitimidad necesaria para ejercer funciones de servicio público. En todo caso, su aportación tendría que estar matizada con la presencia de expertos independientes y por personajes de la sociedad civil en los puestos que hasta hoy han sido detentados por un sindicato corrupto y caciquil.
Esto nos lleva al aspecto legal. La Ley Orgánica de Pemex tendría que ser cambiada para darle su lugar en su consejo de administración a personajes intachables que garanticen la transparencia operativa, técnica y financiera de la empresa. Este principio debería ser general para todo el sector paraestatal. Llevar a grandes empresarios a los consejos de administración antes de cambiar el orden jurídico e institucional de las empresas públicas abre la puerta a la sospecha y a la incredulidad, por mejores que sean las intenciones.
El problema moral radica en la necesidad de cumplir compromisos con la sociedad, a pesar de que se afecten intereses. El presidente Fox se comprometió a hacer una auditoría técnica independiente a Laguna Verde. Recientemente se dio a conocer una que ordenó la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la cual la planta es dada como segura. La empresa ejecutora, llamada Tüv, goza de una merecida mala reputación en el mundo. La CFE engañó a los ecologistas y a las Madres Veracruzanas contra Laguna Verde, un grupo civil que por trece años ha luchado contra la planta, al llevar a cabo la auditoría sin su participación. Dado que el director de la CFE fue ratificado, parecería que el presidente Fox avala estas tácticas tramposas propias del viejo régimen, al parecer porque se requiere toda la electricidad que se produce.
El caso de Laguna Verde ejemplifica muy bien los riesgos de una modernización desde arriba y concebida como la mera eficientización de operaciones. Lo que la sociedad reclama es transparencia, responsabilidad, cumplimiento de acuerdos, respeto a la ley. Junto con el abatimiento de costos y el incremento de la producción, tiene que venir un ejercicio de publicitación y transparencia del desempeño de las empresas públicas. Ese sería el mayor cambio político imaginable en un país en el que las elites políticas y gubernamentales aún ignoran olímpicamente a los ciudadanos.