VIERNES Ť 16 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Agrupaciones campesinas apremian para su publicación en el Diario Oficial
Habrá protestas si se veta la ley rural aprobada
Ť Alertan sobre intenciones del gobierno de desarticular la organización en el campo
MATILDE PEREZ U.
Movilizaciones y una protesta nacional serán las respuestas de organizaciones campesinas si el Presidente veta la Ley de Desarrollo Rural aprobada por el Congreso.
Integrantes de la Central Campesina Cardenista, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, Coordinadora Nacional Plan de Ayala y Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas expresaron que su falta de aplicación tendría un claro mensaje en contra de las organizaciones existentes.
Según Plutarco Emilio García Jiménez, de la CNPA, indicaría el inicio de la "desarticulación de todos los procesos organizativos autónomos de los pequeños y medianos productores; ya no habría duda de la pretensión gubernamental de individualizar y privatizar todo".
El coordinador de los diputados del sector campesino del PRI, Julián Luzanilla, recomendó al Ejecutivo prudencia política. "Un posible veto a la Ley de Desarrollo Rural generaría inconformidad y deterioraría la relación entre ambos poderes. La ley está aprobada y debe publicarse".
Ante la insistencia de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de que el citado marco legal debe ser modificado, comentó: "No hay instrumentos legales perfectos; seguramente la Ley de Desarrollo Rural tiene que perfeccionarse o corregirse. Por lo pronto, y por el bien del campo y del país, se debe publicar", insistió. Agregó que lo preocupante es la actitud del gobierno hacia esa ley, que incluso impulsó la bancada panista en la Cámara de Diputados.
Los integrantes de las organizaciones campesinas comentaron además que ese marco legal es sujeto de modificaciones, ya que tiene vacíos. ''Tiene limitaciones pero establece principios muy importantes, como es la rectoría del Estado en el desarrollo agropecuario. La estructura que propone la ley no es centralista ni corporativista", abundó García Jiménez,
Emiliano Cerros, de la UNORCA, consideró que esa ley reconoce a las organizaciones campesinas como instituciones públicas, pero la intención no es manejar los recursos gubernamentales dirigidos al campo sino ser vigilantes de que no sean desviados.
La publicación y aplicación de la ley es una "cuestión de voluntad política gubernamental, pero incluso dentro del gabinete del presidente Vicente Fox hay contradicciones porque unos están en favor de la normatividad, mientras que la Sagarpa trata de frenar un logro de la sociedad".
Destacó que la Sagarpa no debe "medir con el mismo rasero a todas las organizaciones del campo. No todos somos iguales ni tenemos el mismo trabajo, a cada uno corresponderá mostrar su actividad. Pero antes, el Ejecutivo tiene que publicar la ley; después podremos dialogar en torno a los cambios".
Previa a la reunión que hoy sostendrán las 13 organizaciones del Congreso Agrario Permanente, los integrantes de UNORCA, CCC, CIOAC, CNPA y Coduc aseguraron que no retrocederán en su postura de exigir la publicación y aplicación de la Ley de Desarrollo Rural, producto de una amplia consulta nacional con diversos sectores de la sociedad.
Pablo Lugo Yurier y Julián Quintana Vera, de la Coduc, consideraron que la resistencia a publicar el precepto legal es con la "intención de desmantelar a las organizaciones. Si es así, se olvidan nuestra historia de resistencia campesina".