VIERNES Ť 16 Ť FEBRERO Ť 2001

José Luis de la Peza, magistrado del TEPJF

Buscamos defender a Yucatán del conflicto con su gobierno

JESUS ARANDA

El magistrado José Luis de la Peza aseveró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no descarta aún el uso de la fuerza para que el Consejo Electoral "legal" de Yucatán asuma en forma plena sus funciones, con el tiempo suficiente para organizar los comicios de mayo próximo.

Rechazó tajante la posibilidad de que las negociaciones políticas deriven en la creación de un "tercer" consejo: "Negociar el tema que ya está resuelto legalmente implica salirse del terreno de la legalidad".

Entrevistado por La Jornada, el ex presidente del TEPJF deja en claro que en la salida al problema yucateco sólo hay dos vías: o estamos en estado de derecho (y se cumple el mandato del tribunal), o quedamos en estado de barbarie.

Explica que los magistrados electorales solicitarán el uso de la fuerza pública federal cuando se tenga la certeza de que su intervención solucionará el problema y se satisfagan cuestiones como la desaparición del Consejo Electoral "espurio", que el "legítimo" tome posesión, se le provea de los recursos presupuestales necesarios y se garantice la seguridad de sus integrantes y de su actuación.

No tendría caso solicitar el desalojo de las oficinas si no se cumplen los otros requisitos para que el consejo actúe, dice.

Descarta que el TEPJF o las autoridades hayan actuado con debilidad en este asunto, y destaca que, "felizmente", la PGR ya inició la averiguación correspondiente y que ésta cuenta con los elementos necesarios -aportados por el propio tribunal- para ejercitar "rápidamente" acción penal en contra de los presuntos responsables.

En su último acuerdo, los magistrados acusaron al gobernador yucateco de "obstruir" el cumplimiento de la sentencia, por lo que fue señalado como el principal responsable de que no se cumpla el mandato de instalar el consejo "legítimo", que nombró por insaculación el TEPJF.

Actos nulos

Por otra parte, criticó las pretensiones del PRI de limitar las facultades del Tribunal Electoral, además de que le pidió congruencia en sus críticas al organismo.

-ƑQué pasa con la sentencia del tribunal? Ahora Gobernación dice que no puede actuar en tanto el tribunal no les ordene que realicen el desalojo.

-Bueno, en las actuales circunstancias, no se resolvería el problema con el solo empleo de la fuerza pública para poner al consejo legítimo en las oficinas, y quizá se agravaría el asunto. Felizmente, por nuestra denuncia, la PGR ya inició la averiguación y la instrucción necesarias para determinar si existe algún delito en algunos de los protagonistas de este estado de rebeldía.

"También, el Consejo Electoral legítimamente designado ha solicitado al gobierno federal que lo provea de fondos para cumplir su tarea... Creo que es importante que se entienda que nosotros tratamos de proteger al pueblo de Yucatán; el conflicto está entre el pueblo de Yucatán y sus autoridades; malamente se ha dicho que el conflicto está entre las autoridades de Yucatán y el tribunal; éste no forma parte de ningún conflicto."

-En este momento, Ƒdónde queda la figura del gobernador?

-El gobernador [se ha mostrado] rebelde a los mandatos que el tribunal ha dado en sus incidentes de ejecución de la sentencia, y por su falta de colaboración se ha hecho imposible el adecuado funcionamiento. Además, el apoyar a un consejo que ya fue declarado nulo por una sentencia implica atentar contra el principio de certeza, porque el haber dos consejos electorales aparentemente, pone en un grave predicamento al pueblo de Yucatán y a los partidos políticos que han de contender en sus procesos electorales. Conforme al principio de certeza, no pueden existir dos consejos electorales.

-Sin embargo él ya convocó a elecciones y, obviamente, apoyado en el primer consejo, por llamarlo así, intentará que se realicen los comicios.

-Jurídicamente todos los actos que realice el consejo nombrado por el Congreso son nulos, porque carece de legitimidad.

-Ahora, hablando del consejo, se habla de una posible solución que se negocia, que sería la instauración de un tercer consejo electoral.

-Eso no sería una vía legal y, por tanto, para el tribunal no existe esa vía. Imagínese usted nada más que las sentencias del tribunal fueran negociables, pues para qué tenemos al tribunal, mejor volvamos a como estábamos antes de que se estableciera la administración de justicia electoral por tribunales y se resuelvan las cosas a través de la negociación política. Pero es absolutamente incompatible una sentencia definitiva e inatacable del tribunal con una negociación política. La negociación política en todo caso implica, expresa o implícitamente, el desconocimiento de la fuerza de la sentencia.

-En ese sentido, los plazos para la nueva elección o para el proceso electoral cada vez son más cortos.

-Sí, están muy apretados. Afortunadamente, los integrantes del consejo legítimo, haciendo verdaderos esfuerzos, casi sobrehumanos, están actuando, y en la medida en la que se facilite su actuación, habrá elecciones.

-Sin embargo, Ƒcuánto tiempo se puede mantener una situación como la actual sin que se acate al fallo? ƑEl tribunal no descarta el uso de la fuerza pública?

-No, no la descarta. Siempre la fuerza pública es el último recurso para hacer cumplir una sentencia.

-Algún plazo para que se ejecute plenamente la sentencia, porque si no va a haber dos consejos, aunque legalmente sea uno, de facto hay dos.

-Ahí está lo malo, el atentado contra el principio de certeza. Los partidos políticos que quieran actuar inteligentemente deben registrar su plataformas políticas ante el consejo legítimo y en su oportunidad registrar candidatos ante este consejo.

-Si no, Ƒquedarán fuera?

-Corren el riesgo de quedar fuera.

-ƑEl tribunal podría colaborar si la PGR solicita información sobre el caso?

-Claro, el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución, tiene el deber de apoyar al Judicial en la ejecución de sus sentencias; por eso a la luz pública estamos en colaboración Gobernación, la PGR; en formas todavía muy incidentales, la SSP, el tribunal; tenemos el único objetivo, que es que se cumpla nuestro fallo y sea posible tener elecciones, pero tener elecciones de a de veras: libres, legítimas, apegadas a la ley, que sólo se pueden dar con un consejo legítimamente constituido.

-ƑQué tipo de apoyo daría el tribunal a la PGR en la investigación que ésta realiza?

-Poniendo a su disposición todos los elementos que estaban en el expediente, que sirvan para su averiguación.

-ƑQué tanto puede tardar?

-Creo que puede ser muy rápido, y es necesario que sea muy rápido. Creo que la PGR tiene todos los elementos para el ejercicio de la acción penal en el caso de que llegue a la conclusión de que sea tipificado un delito.

Incongruencia priísta

-Cada vez hay más voces, sobre todo de un partido político, en el sentido de que el Tribunal Electoral se ha excedido y que es necesario acotar sus facultades.

-Hay una iniciativa ya del PRI para acotar las atribuciones del Tribunal Electoral; obviamente, el Poder Legislativo tiene que tomar una decisión al respecto, pero la misma iniciativa demuestra que actualmente el tribunal tiene las facultades que esa iniciativa quiere quitarle incidentalmente; no sé si habrá usted registrado que el PRI impugnó ante este tribunal la decisión del Congreso de Zacatecas sobre la designación de un magistrado electoral y ganó. Entonces, lo menos que se puede pensar que hay es congruencia. ƑPor qué si, según ellos, no tenemos facultades para juzgar un acto del Congreso de Yucatán, nos pidieron que juzgáramos el acto del Congreso de Zacatecas?

-En ese sentido, Ƒhacia dónde nos llevaría caer de nuevo en la negociación política para resolver problemas electorales?

-Pues otra vez a la ley del más fuerte. Creo que es una etapa definitivamente superada, que no puede tener regreso. En toda comunidad civilizada, las contiendas deben ser resueltas por un juez o un árbitro, y quienes se someten a las decisiones de un juez o un árbitro deben acatar la decisión, sin excepción.

-ƑQué aspectos serían tomados en cuenta para usar la fuerza pública?

-Que desaparezca el consejo espurio, dar posesión al consejo legítimo, proveerlo de los recursos materiales necesarios y asegurar darle seguridad en sus personas, en sus instalaciones y en su actuación.

-Si estos elementos no se dan, Ƒentonces se recurriría a ella?

-Si no se dan... sería el sólo pedir la fuerza pública para desalojar a quienes están ocupando las oficinas del Consejo Electoral, pues consideramos que no sería una medida eficaz para la resolución completa del problema.