JUEVES Ť 15 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Represión en Panamá

Manifestación en El Chorrillo

FERNANDO MARTINEZ CORRESPONSAL

P PANAMA_30 anama, 14 de febrero. La policía panameña dispersó hoy con gases lacrimógenos a decenas de manifestantes del barrio capitalino El Chorrillo, que protestaban por la detención de su dirigente Héctor Avila, al tiempo que integrantes del Movimiento Nacional de Defensa de la Soberanía (Monadeso) exigieron, en otra marcha, la "renacionalización" de las empresas de telefonía y energía eléctrica.

Al menos una decena de personas fueron detenidas durante los enfrentamientos en El Chorrillo. Avila, líder de los chorrilleros, fue detenido bajo acusaciones de "atentar contra la seguridad colectiva e incitar a la violencia", al encabezar protestas la semana pasada contra el incremento en las tarifas del servicio eléctrico y telefónico, decretados a principios de año por las empresas concesionarias.

En la marcha convocada por el Monadeso, a la que se sumaron organizaciones estudiantiles, universitarias de educadores y de sindicatos obreros, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción, Genaro López, sostuvo que se exigirá a la presidenta Mireya Moscoso envíe una ley al Congreso para "renacionalizar las empresas de energía y teléfonos, privatizadas en 1998".

López subrayó que las concesionarias "han contribuido a elevar significativamente el costo de la vida", y tras resaltar que "deben ser un servicio público y no privado", sostuvo que "son una amenaza para la seguridad nacional".

Se reportó que organizaciones populares realizaron una movilización similar ante la empresa Cable&Wireless en la ciudad de Penonomé.

Si bien Moscoso ha criticado los aumentos de las empresas concesionarias (Cable&Wirelles, Unión Fenosa, Emedeth Edichi y Electra), también ha señalado que no es conveniente modificar las cláusulas del contrado firmado por el gobierno de su antecesor Ernesto Pérez Balladares (del ahora opositor Partido Revolucionario Democrático), porque mandaría un mensaje de inseguridad jurídica a las empresas extranjeras que puedan estar interesadas en invertir en el país.