JUEVES Ť 15 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Faltó la discusión de todos los sectores, según Sagarpa
La Ley de Desarrollo Rural aprobada es corporativista
Ť Tiene lagunas conceptuales, regresa a la planeación centralizada y trastoca responsabilidades comerciales, dice
MATILDE PEREZ U.
El subsecretario de Desarrollo Rural de la Sagarpa, Antonio Ruiz García, rechazó que las observaciones a la Ley de Desarrollo Rural aprobada por el Congreso sean un retroceso en la materia; la intención, dijo, es generar un gran debate nacional para construir acuerdos en las modificaciones.
La idea, comentó, es ''recoger de manera inteligente la sabiduría que hay en el país, abrir la participación y promover la pluralidad. Las organizaciones existentes tendrán su lugar, porque el gobierno no tiene ningún tipo de animadversión, pero no son interlocutores exclusivos; el exclusivismo de la voz del campo no radica en unos cuantos".
Sin embargo, agregó, ''el sector rural es quizá el que presenta un desarrollo democrático de participación más pobre en la sociedad nacional. Para ser francos, no fue el que manifestó un voto mayoritario por la opción ganadora, pero nuestro propósito es abrir la casa, ventilarla y encontrar otras formas de escuchar a otras voces que quizá no han sido tomadas en cuenta porque no están incluidas en las organizaciones".
Al destacar que en la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural aprobada por el Congreso de la Unión sólo participó un segmento de la sociedad rural, Ruiz García expuso las deficiencias de ese marco legal: lleva a la creación de esquemas corporativistas y de monstruos burocráticos, al proponer la creación de varias instituciones, y olvida la experiencia de que durante años se gastó mucho dinero en ellas, sin un resultado eficaz. "Seguimos con una sociedad rural marginada y pobre".
Deficiencias jurídicas
En su análisis de las deficiencias de dicha ley, el subsecretario de Desarrollo Rural reconoció el esfuerzo legislativo. "Hay una serie de elementos que realmente significan un enfoque adecuado; tiene aportes significativos, pero una revisión a fondo muestra sus imperfecciones y redundancia. Más que ser una ley marco es de tipo instrumental e incluso se convierte en una ley de fomento agropecuario".
Durante la entrevista, el ex integrante de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural -asociación en la que laboró los últimos 19 años- enumeró lo que calificó como errores y deficiencias que pueden convertirse en corto tiempo en una "camisa de fuerza", entre ellas algunas lagunas conceptuales, pues confiere a la Sagarpa una serie de responsabilidades que corresponden a una acción de gobierno amplia; vuelve a un esquema de planeación centralizada; impone líneas de subsidios, y al obligar a dar apoyos mediante las organizaciones establece esquemas corporativistas.
También trastoca responsabilidades de índole comercial, e incluso procesos económicos, lo que llevaría a la creación de ocho organismos nuevos, 16 programas, siete sistemas, seis servicios y tres fideicomisos. Involucra a cinco leyes: asociaciones agrícolas, sanidad animal, sanidad vegetal, aguas nacionales y semillas. En este último caso, esas legislaciones tendrían que derogarse, si no se adecuan a la Ley de Desarrollo Rural.
Ruiz García explicó que la laguna de ese marco legal es conceptual, ya que es una "ley básicamente de fomento agropecuario". El actual gobierno, apuntó, considera que el desarrollo económico rural requiere de "empresarialidad de los productores, infraestructura suficiente, reconocer que los recursos naturales en la producción primaria de base biológica juegan un papel importante, y por tanto hay que revertir su deterioro y establecer políticas que también signifiquen su conservación; dotar de conocimientos al capital humano, y construir un actor social rural, ya que algunas organizaciones actuales ya están rebasadas, otras tienen cierta autenticidad y algunas más representan intereses de ciertos sectores productivos eficientes, pero realmente no tenemos la voz del sector rural".
Otro de los ajustes sugeridos es revisar la propuesta de los subsidios dirigidos. "El gobierno reconoce que hay que tener una política de apoyos y subsidios, pero tienen que ser bien dirigidos e inteligentes para que no se conviertan en una cosa que tenga implicaciones presupuestarias imprevisibles".
El subsecretario de Desarrollo Rural también se manifestó en contra del establecimiento de un organismo público de comercialización. "Inhibiríamos la capacidad de los productores para que aprendan y puedan manejar el valor agregado de la comercialización de sus productos". Tampoco considera favorable que se entreguen los apoyos a las organizaciones y menos que sea en función del número de sus agremiados, como lo propone la ley. "Eso significaría volver a esquemas corporativistas", insistió.
Antonio Ruiz García destacó que "esta es la oportunidad histórica para renovar el tema del desarrollo rural y que la sociedad había descuidado. Es el momento de construir consensos que permitan aceptar que históricamente el campo es la base de la sociedad y que tenemos que integrarlo a fondo y en serio al desarrollo nacional, de lo contrario seguiremos cargando con las inercias del pasado".