JUEVES Ť 15 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Pide a los presidentes que asuman el compromiso de acordar la reformulación

Propone comisión mexicano-estadunidense establecer una política migratoria integral

Ť Solicita a Bush suspender la construcción de bardas en la frontera Ť La iniciativa prevé la legalización de indocumentados e impulsar el desarrollo en México para reducir el flujo

 
JIM CASON Y DAVID BROOKS, Y ROSA ELVIRA VARGAS
 
Washington, 14 de febrero. Ante el hecho de que hoy en Estados Unidos viven 8.5 millones de personas nacidas en México, de las cuales 3 millones son indocumentadas, los presidentes Vicente Fox y George W. Bush tendrían que asumir que el modelo de gestión de su frontera común se ha agotado, y que ambos países ya no pueden ser socios en asuntos económicos y antagonistas en su relación migratoria. Ante esto, resulta imperativo reformular la relación en la materia; cambiar el tono del debate para pasar del enfrentamiento a la cooperación, y empezar negociaciones serias y maduras para lograr una política migratoria integral.

Un prominente grupo de líderes empresariales, laborales, académicos y religiosos hizo hoy un llamado al presidente Bush a suspender la construcción de bardas en la frontera, e instaron al jefe de la Casa Blanca y a su colega mexicano Vicente Fox a comprometerse este viernes a promover una reformulación radical de la política de migración bilateral.

Fox fue informado en forma personal de esta propuesta el lunes pasado por uno de los copresidentes de esta iniciativa, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores Andrés Rozental, mientras el jefe del gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, tuvo este miércoles una sesión informativa sobre el asunto de parte del ex jefe del gabinete Mack McLarty.

Instan a negociar la propuesta

A través de estos briefings personales y memorándum, los autores de la propuesta piden a los dos presidentes que el próximo viernes acuerden, en su primera reunión oficial, iniciar negociaciones para una "propuesta migratoria integral" sin precedente, la cual prevé la legalización de inmigrantes indocumentados establecidos en Estados Unidos, aumentar las visas de reunificación familiar y de trabajo temporal para mexicanos, mayor cooperación de seguridad pública en ambos lados de la frontera contra el tráfico de personas y para la protección de los derechos humanos de los migrantes, y promover el desarrollo económico a largo plazo en México con el fin de reducir la presión migratoria.

"Existe una oportunidad histórica para que ambos presidentes cambien los términos de las pláticas sobre migración, y pasen de la confrontación y el unilateralismo a la asociación y cooperación entre vecinos", declaró hoy McLarty en conferencia de prensa al presentar la iniciativa.

McLarty y el embajador Rozental subrayaron que esta propuesta binacional ?la primera concreta en más de una década, cuyo propósito es transformar el debate político sobre la migración? sólo tendrá éxito si Bush y Fox abandonan las fracasadas políticas parciales y fragmentadas sobre el tema y acuerdan establecer una serie de medidas integrales para abordar la totalidad de los problemas migratorios entre ambos países.

Demetrios Papademetriou, experto del Carnegie Endowment for International Peace, dijo que el grupo de 15 mexicanos y 15 estadunidenses que elaboró la iniciativa, concluyó que las políticas migratorias existentes no están funcionado. "El estatu quo ha generado un dinámico mercado negro de migrantes que sólo lleva a demasiados inmigrantes a la muerte y a la explotación de los demás", comentó. "Después de siete años de dedicar (de parte de EU) de mil 500 a 2 mil millones de dólares anuales para controlar la frontera, es hora de proceder hacia un esfuerzo de cooperación".

La propuesta fue elaborada por el grupo México-Estados Unidos sobre Migración, formado hace ocho meses por personal IMMIGRATION_STUDY idades de ambos países bajo los auspicios del ITAM y del Carnegie Endowment. Su análisis es contundente: se requiere establecer un acuerdo bilateral especial.

Parten del principio de que la migración entre ambos países debe ser ante todo de beneficio mutuo, y subrayan otra evidencia del fenómeno: las actuales políticas para combatir la migración indocumentada se quebrantan irremediablemente y el ''rígido entramado de leyes'' que Estados Unidos aplica para detener este fenómeno ha probado su escasa efectividad.

El fracaso de las políticas actuales, combinadas con proyecciones de una continua demanda de mano de obra en Estados Unidos, y tendencias demográficas en México que deberían resultar en una reducción del flujo migratorio en los próximos 15 a 20 años, ofrecen una oportunidad para una reformulación a fondo de las políticas migratorias entre ambos países, argumentan los autores de la propuesta. "Estamos tomando ventaja de una confluencia de demografía y economía, y el hecho de que ambos presidentes tienen disposición de abordar estos temas de una manera nueva", comentó Papademetriou.

"El primer elemento es regularizar la situación migratoria de los mexicanos que desean ingresar a Estados Unidos y para los mexicanos que ya se encuentran en este país", indicó Rozental. Los autores reiteraron que la legalidad debe ser la norma en la migración y, por lo tanto, proponen que se aborden de forma integral tanto mecanismos para legalizar a los mexicanos indocumentados que ya están establecidos y trabajando aquí, como para el futuro flujo de trabajadores temporales.

Para Rozental, un elemento clave de esta iniciativa es la propuesta de un compromiso conjunto de ambos gobiernos para compartir la responsabilidad de controlar el tráfico de personas. "Un problema en el pasado era que el lado mexicano sentía que la mejor política era la falta de ella. Decían que era un problema estadunidense ya que la gente buscaba ingresar a Estados Unidos para trabajar y que no había forma de que México controlara estos flujos. Nos gustaría cambiar esa actitud", indicó, y también hay cierta hipocresía de algunas personas en Estados Unidos, que rehúsan reconocer que los negocios estadunidenses dependen de este flujo migratorio.

Esta iniciativa es radicalmente diferente de otras propuestas para reformar la política migratoria que circulan en el Congreso estadunidense, por promover una política migratoria integral y no sólo enfocada en uno u otro aspecto del problema (sea trabajadores huésped, o proyectos para reforzar los controles fronterizos). Además, se afirma que la coyuntura política es única, en donde diversos sectores, desde el empresarial, al sindical, y varios segmentos del circuito político reconocen explícitamente que se necesita una reforma de la política migratoria actual.

La posible influencia de esta propuesta fue evidente con la participación de líderes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de sindicatos nacionales, ya que ambos apoyan el reconocimiento de la necesidad de los trabajadores inmigrantes para la economía y la necesidad de asegurar el buen trato de los mismos.

Al destacar que esta es una coyuntura única para transformar el debate sobre la política migratoria, los autores sugirieron que los dos presidentes podrían iniciar este esfuerzo con algunos pequeños pasos. Por ejemplo, suspender la construcción de nuevas bardas en la frontera y un acuerdo que permitiría que los trabajadores inmigrantes puedan tener acceso a fondos que pagaron al sistema de seguro social de este país al regresar a México.

A largo plazo, la propuesta sugiere que otro elemento fundamental es la promoción del desarrollo económico en ambos países, con un énfasis en dirigir políticas de desarrollo regional hacia comunidades emisoras de migrantes en México. "A largo plazo, es posible concebir una América del Norte con controles fronterizos desvanecidos ?en donde cada país toma la responsabilidad para su gente y sus acciones y es activamente sensible a las preocupaciones de cada socio sobre temas de soberanía nacional y económica?, y con la migración permanente manteniendo niveles moderados", concluyen los autores.

Además de los copresidentes del grupo de expertos, entre los participantes de esta iniciativa figuraron Jorge Castañeda (hasta su nombramiento como canciller), Luis Herrera Lasso (ex cónsul de México en San Diego) y Gustavo Mohar, ahora coordinador de asuntos migratorios de la cancilleria. De Estados Unidos participaron Randy Johnson, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos; Eliseo Medina, vicepresidente del sindicato nacional SEIU, y Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional sobre Inmigración.

En la conferencia de prensa en la que integrantes del grupo plantearon su análisis, estuvieron Jorge Santibáñez, presidente de El Colegio de la Frontera Norte; Remedios Gómez Arnau, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM; Eugenio Clariond, presidente del Grupo Imsa; Fabián Vennet, directora general de Sin Fronteras; Rodolfo Tuirán, secretario general del Consejo Nacional de Población, y Rafael Fernández de Castro, académico del ITAM. Andrés Rozental, embajador para misiones especiales, presentó vía telefónica el documento.