MIERCOLES Ť 14 Ť FEBRERO Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
Nueva constitucionalidad
Sabemos que la Constitución mexicana vigente ha sido despojada de su coherencia original por cientos de enmiendas realizadas en los tres últimos gobiernos priístas que desmantelaron parte de las conquistas populares revolucionarias y restaron responsabilidad al Estado para atenderlas. Sabemos también que a pesar de las múltiples reformas, la Carta Magna ya no responde a las realidades actuales ni consagra los nuevos derechos sociales, hoy universalmente aceptados. Es cierto además que todo cambio de régimen político para viabilizar la transición a la democracia, requiere de una nueva constitucionalidad.
Por ello, la revisión a fondo de la Constitución que propuso recientemente Vicente Fox no es nueva ni de su propia cosecha. Entre otros, la había hecho antes Cuauhtémoc Cárdenas, a nombre del PRD, en 1992 (A rescatar la Constitución. Compromiso y deber, 5 de febrero de 1992, Querétaro. Ediciones del CEN-PRD) y formó parte de su propuesta de campaña en las pasadas elecciones presidenciales (Con México a la victoria. Programa de Gobierno 2000-2006. Cárdenas presidente, Alianza por México, Cap. II. 1).
Este detalle no es banal ni simple reivindicación de un político que no necesita tal. Como veremos en el debate futuro lo que está en juego es el carácter y contenido de la nueva Constitución que se pretende elaborar.
Cárdenas y el PRD pugnan por una Constitución que rescate los derechos sociales originales, minimizados al máximo por las reformas; buscan su ampliación, actualización, reconstruir la degradada responsabilidad social del Estado, avanzar hacia la construcción de un régimen político plenamente democrático y establecer las bases de una democracia económica y social verdadera. En cambio, estamos seguros de que Fox y el PAN pretenderán usar la reforma para convertir las políticas neoliberales en razón de Estado sacralizando al "libre mercado" y profundizando la expropiación del patrimonio público y social, así como el desmantelamiento de la responsabilidad social del Estado, que el PRI y sus últimos gobiernos, con el apoyo panista, no lograron completar.
Ya en los grandes medios de comunicación se leen y escuchan el clamor de las voces de los fundamentalistas y anarquistas neoliberales (conservadores en sí). Por esta razón, es crucial la participación activa de la sociedad y de su representación política para enfrentar cualquier arremetida constitucional neoconservadora.
Es en este marco que dentro de la revisión constitucional deberán incluirse tres temas claves para la ciudad de México y sus ciudadanos.
En primer lugar, la transformación del Distrito Federal en el Estado 32 de la Federación (Anáhuac o Valle de México); la municipalización de las delegaciones y el redimensionamiento del ámbito territorial de asiento de los poderes federales (temas planteados y sin resolver desde la Constitución de 1824) para otorgar la soberanía plena y garantizar todos los derechos políticos a sus habitantes.
En segundo lugar, derivado del anterior, la elaboración de una Constitución para la ciudad de México, la transformación de su Asamblea Legislativa en verdadero Congreso local, y la eliminación de las funciones excepcionales de que gozan el Presidente y el Congreso federal respecto a la ciudad, cambios planteados como una prioridad por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que requieren de reformas constitucionales a nivel federal.
En tercer lugar, la solución de la compleja problemática de la gestión para la Zona Metropolitana del Valle de México y otras muchas del país, mediante la creación constitucional de un nuevo nivel Ejecutivo y Legislativo de gobierno, una autoridad metropolitana colegiada y conformada por autoridades electas (gobernadores y presidentes municipales) con capacidad de decisión obligatoria, dotada de organismos de planeación y gestión de las infraestructuras y servicios de nivel metropolitano; y formación de parlamentos metropolitanos, por elección directa o indirecta con capacidad para legislar sobre asuntos comunes a las entidades integradas a las metrópolis.
Los intercambios en curso entre el gobierno y los partidos políticos en el marco de la conclusión de la reforma política para el Distrito Federal se verán ahora proyectados en un nuevo plano y nivel: la reforma constitucional federal.
En este sentido, parece necesario y conveniente abrir un amplio debate público sobre estos temas, que incluya los instrumentos de consulta disponibles por ley: el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular y la audiencia pública para superar la negociación cerrada y que todos podamos participar en este cambio fundamental para la capital y los capitalinos de hoy y de mañana.