MIERCOLES Ť 14 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Falta de imparcialidad y responsabilidad administrativa, las acusaciones
Denuncia contra ministro de la SCJN por el litigio territorial entre Jalisco y Colima
Ť El abogado Clemente Valdés también entabló otra queja ante la PGR
JESUS ARANDA
Clemente Valdés, constitucionalista y abogado del estado de Jalisco en la controversia constitucional que entabló esta entidad en contra de Colima por límites territoriales, presentó ayer una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que acusa al ministro Juan Díaz Romero por su presunta falta de imparcialidad y responsabilidad administrativa en que habría incurrido en el marco del proceso 3/98 que está en manos del máximo tribunal de justicia del país.
De proceder la demanda -que no tiene precedente en la historia tratándose de un ministro de la Corte-, la sanción va desde la amonestación hasta la destitución del cargo.
En conferencia de prensa Valdés informó también que entabló una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del jefe de la Unidad de Controversias Constitucionales de la SCJN, Pedro Nava Malagón, por entorpecer "maliciosamente" la administración de justicia en el marco de la controversia constitucional 3/98 entre Jalisco y Colima.
El litigante aclaró que ambas demandas contra quienes calificó de "empleados", porque "reciben sus sueldos de nuestros impuestos", fueron presentadas exclusivamente a título personal y que el gobierno de Jalisco no tiene nada que ver con ellas.
"Le comenté al gobernador de Jalisco sobre la demanda, pero en ningún momento le pedí permiso", sostuvo Valdés, quien también aclaró que él pagó la renta del salón del conocido hotel en que se ofreció la conferencia de prensa.
De acuerdo con la queja que se presentó ayer mismo ante la SCJN, se señala que el 17 de octubre del año 2000 Díaz Romero ordenó una inspección judicial, que tenía por objeto verificar "cualquier referencia" como letreros, escudos, emblemas, etc., en "obras públicas, escuelas y centros de salud", para demostrar "la entidad a la que pertenece la región en la que se desarrollará dicha inspección".
De esta forma, subraya el escrito, "el señor ministro ha hecho suyo el argumento central del gobierno del estado de Colima, manifestando por adelantado que la posesión y el dominio actual en los territorios (controlados por el gobierno del estado de Colima) son las razones jurídicas por las que dichas extensiones le pertenecen a ese estado". Y añade: "dicha manifestación o declaración al ministro, repetida 10 veces en el acuerdo citado, es abiertamente contraria a la imparcialidad que debe tener cualquier juez".
Valdés fundamentó sus argumentos en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación ... no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores". Estas acciones que pueden ser sancionadas hasta con la destitución.
Por lo que se refiere a Nava Malagón, Valdés lo acusó por haberle mentido a la delegación de Jalisco sobre el lugar en que habrían de realizarse una serie de diligencias periciales para determinar los límites del territorio en disputa que abarcan las zonas de La Culebra-Peña Blanca, Peña Colorada y la zona inmediata al sur del volcán de Colima, que representan un total de 408 mil hectáreas que Jalisco reclama como suyas.