MARTES Ť 13 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť En bioprospección, primero se pregunta a la gente: Alberto Aldama, del instituto de ecología
Dice el INE que acatará las recomendaciones de la Profepa sobre el pacto UNAM-Diversa
Ť Admite que se tendrán que corregir errores; apoyará el Colmex consulta popular, anuncia
ANGELICA ENCISO L.
El Instituto Nacional de Ecología (INE) acatará las recomendaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en relación con el acuerdo de bioprospección entre la UNAM y la firma Diversa, mediante el cual esta empresa sustrae del país recursos genéticos que se encuentran en el medio ambiente.
Además, después del debate que surgió el año pasado en torno a los convenios de bioprospección del Grupo Internacional de Colaboración en Biodiversidad (ICBG)-Chiapas, donde participa el Colegio de la Frontera Sur y el acuerdo UNAM-Diversa, las solicitudes de colecta de muestras de la biodiversidad están detenidas.
La resolución de la Profepa establece que el INE deberá convocar a una consulta popular para analizar el manejo de los recursos genéticos del medio ambiente, así como los beneficios tecnológicos y económicos que de ellos se derivan; que la compañía Diversa deberá solicitar los permisos de colecta, y que sea una dirección general del instituto la que otorgue las autorizaciones.
Todos estos puntos se cumplirán y la consulta pública se efectuará en breve con apoyo de instituciones como El Colegio de México, informó Alberto Aldama, subdirector de Información Biológica del INE.
En relación con los aspectos de procedimiento que establece la resolución de la Profepa dada a conocer el 30 de noviembre de 2000, señaló que sí hubo errores que tendrán que corregirse.
El aspecto más destacado de la recomendación es lo que se refiere a la consulta pública. En ella se tendrán que discutir aspectos como la legislación. "Hasta el momento no hay una ley específica en relación con el manejo de los recursos genéticos; lo único que existe es la Convención de Diversidad Biológica, que México suscribió", agregó el especialista.
Sólo en el artículo 87 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente hay una mención al respecto, pero no es clara. Unicamente "se habla de la obligatoriedad del promovente para obtener el consentimiento previo de quien maneja la tierra", pero no es específica en torno al reparto equitativo de beneficios. Aldama agregó que se debe trabajar en una norma mexicana en la que se establezcan garantías éticas o un código de conducta en el manejo de estos recursos.
Otro aspecto determinante en este rubro es el relacionado con el conocimiento indígena acerca de la colecta de muestras. En muchos casos el trabajo de las empresas en cuestión de extracción de muestras, de las que obtienen sustancias para la elaboración de medicamentos o compuestos químicos, parte de la investigación del conocimiento de las comunidades en torno a su medio ambiente. Este, añadió, es el primer paso de la bioprospección, "preguntar a la gente y después llevarse las plantas".
Vacío en la propiedad de genes
La legislación de la bioprospección deberá ser cuidadosa, consideró. Hay naciones que son muy claras al respecto. Como Costa Rica, que investiga y vende sus recursos; pero en el caso mexicano se tendrá que definir si se va a alentar la inversión extranjera en este rubro y bajo qué líneas.
Estimó que hay un gran vacío en la propiedad de genes y biomolecular, ya que las interpretaciones acerca de quién es el dueño de la vida silvestre y de las plantas puede ser muy amplia. Si se dice que son propiedad de la humanidad cualquiera podría venir por ellas, pero si se establece que son propiedad de la nación, entonces podría haber mayores mecanismos de protección, agregó.