MARTES Ť 13 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Conductores planeaban desalojo en la Secretaría de Transportes
Interviene la policía para evitar choque entre taxistas e indígenas en Oaxaca; ocho heridos
Ť Los bandos tenían palos y machetes; concesiones, causa de la disputa
VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 12 de febrero. Al menos ocho personas resultaron lesionadas y una veintena más fue golpeada, tras un operativo que realizó la Policía Preventiva de Oaxaca, en el que disolvió a unos 200 taxistas que pretendían desalojar a miembros del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) de las oficinas de la Secretaría de Transporte, las cuales mantienen tomadas desde hace cuatro días.
El director de la Policía Preventiva estatal, Manuel Vera Salinas, expuso que la intervención de sus elementos fue para evitar que se diera un enfrentamiento de fatales consecuencias, ya que tanto los militantes del CIPO como los taxistas se encontraban armados con palos y machetes.
Según informes de cuerpos de socorro, de las personas lesionadas sólo dos ameritaron hospitalización y el resto fue atendida en el lugar de los hechos, ya que sus compañeros se opusieron a que se les trasladara a una clínica privada que se localiza en la misma calle donde se registró el enfrentamiento con la policía.
Alejandro Cruz López, uno de los dirigentes del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca, informó que la ocupación de las instalaciones de la Secretaría de Transporte del gobierno del estado se debió a que la titular de la dependencia, Aurora López Acevedo, se ha negado a cumplir compromisos pactados con anterioridad, en el sentido de otorgar 30 concesiones y 40 permisos para taxis a miembros de dicha organización.
En tanto, dirigentes de organizaciones priístas de taxis de las regiones de la Costa y Mixteca (donde opera el CIPO) se inconformaron porque funcionarios de la Secretaría de Transporte "sacrificaron a más de 40 trabajadores del volante que cumplieron con todos los requisitos legales para tramitar una concesión de taxi, con la finalidad de entregárselas al CIPO",
La disputa por las concesiones originó que unos 200 taxistas con todo y sus vehículos arribaran esta mañana a la ciudad de Oaxaca y tras estacionar sus automóviles al mediodía frente al palacio de gobierno, en marcha se dirigieron a las oficinas de la Secretaría de Transporte que se localiza en la zona norte de la ciudad, con la finalidad de desalojar a los militantes del CIPO y así "reiniciar las pláticas con el gobierno del estado".
Los elementos de la Policía Preventiva llegaron a las oficinas de la Secretaría de Transporte en los momentos que arribaban los taxistas, "por lo que se logró evitar el enfrentamiento", sostuvo el gobernador del estado, José Murat Casab, en una conferencia de prensa vespertina.
Murat Casab indicó que la fuerza pública tuvo que intervenir para evitar que el grupo inconforme de taxistas de la costa agredieran a los del CIPO, con quienes se han venido dialogando para hacerles entender que el gobierno del estado no está en condiciones de otorgar una concesión más.
Dijo tener conocimiento que los taxistas de la Costa se organizaron y arribaron a la ciudad de Oaxaca, "pensando que ante las presiones del CIPO el gobierno del estado va a ceder a sus pretensiones, por lo que decidieron venir a desalojarlos del edificio de la Secretaría del Transporte, "lo cual no permitimos, porque nadie puede hacerse justicia por propia mano".
El gobernador agregó que hasta las seis de la tarde de ayer, el secretario general de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud se encontraba dialogando con los taxistas inconformes, mientras que en la Secretaría del Transporte se hacían lo propio con los dirigentes del CIPO.
Expulsan a tres familias evangélicas
La asamblea general de la comunidad de San Juan Lachigalla, perteneciente al distrito de Ejutla de Crespo, determinó expulsar a tres familias porque sus responsables se niegan a cumplir los cargos de mayordomos de las fiestas católicas, debido a que profesan la religión evangélica. Los expulsados solicitaron la protección de la justicia federal, informó el coordinador de la Comisión Cristiana de Derechos Humanos, Enrique Angeles Cruz.
Los afectados, Cecilio Ríos Luis, Cándido García Luis y Cirilo Ruiz Melchor, en su demanda de amparo dirigida al juez de distrito en turno, señalan que a principios del mes de octubre del año 2000 fueron nombrados por acuerdo de asamblea "como mayordomos de las fiestas católicas tradicionales a celebrarse los días 24 y 25 de junio próximo, con motivo del Santo Patrono San Juan y del Santísimo, respectivamente".
Relataron que esas fiestas tienen el carácter de obligatorio "en cuanto a la designación de mayordomos y cooperaciones económicas para la población en general", a pesar de que "no son propias de la administración municipal, además de que contravienen nuestros principios de fe, pues los suscritos profesamos la religión cristiana evangélica, y nuestras celebraciones a Dios son muy diferentes a estas fiestas".
Los jefes de las familias expulsadas de la comunidad por acuerdo de asamblea reconocieron que se negaron rotundamente "a aceptar dichos cargos de mayordomo", pues, reiteraron, profesamos la religión cristiana evangélica, "además, nuestros festejos son diferentes".