Lunes en la Ciencia, 12 de febrero del 2001
Ciclos del presupuesto científico
Alejandro Canales
En diciembre pasado la Cámara de Diputados
aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para
este año y en él se incluye, según lo establece
la Ley de Fomento de la Investigación Científica y
Tecnológica que entró en vigor en 1999, los recursos que
se habrán de ejercer en la actividad científica.
El Ejecutivo y los diputados comparten responsabilidad en la asignación presupuestal, puesto que el primero elabora el proyecto y los segundos dictaminan y aprueban. El Ejecutivo propuso otorgar 22.2 mil millones de pesos a las actividades científicas -12.8 por ciento estimado de incremento respecto del ejercido en el 2000- y, salvo por un incremento de 100 millones de pesos para el sistema SEP-Conacyt, los legisladores prácticamente no hicieron modificaciones.
Como seguramente los lectores recordarán, el ahora presidente Vicente Fox se comprometió en su campaña electoral a duplicar los recursos para ciencia y tecnología a lo largo de su mandato (al final de su sexenio presumiblemente alcanzarán 1 por ciento del PIB). Sin embargo, al menos en lo que corresponde al primer presupuesto de la nueva administración, se difiere un aumento sustantivo en esta materia.
El presidente Fox y su oficina de comunicación social, en repetidas ocasiones, han llamado la atención respecto a ciertas calificaciones apresuradas y a una desmedida presión por los resultados, incluso antes de que comiencen a actuar los nuevos funcionarios. Ciertamente, primero se debe tener espacio para gobernar y luego entregar resultados. El asunto es que las iniciativas gubernamentales tienen diferentes ángulos y ciclos de maduración. Si bien en algunos casos es preferible aguardar, dado que no se tiene seguridad sobre su viabilidad y de llevarse a efecto únicamente para cumplir plazos muy probablemente fracasará, en otros es necesario actuar con prontitud o la oportunidad se habrá perdido.
Por ejemplo, como también se recordará, en el periodo de transición (entre julio y diciembre del año anterior) se suscitó cierta confusión en torno a quiénes integraban o no la coordinación de investigación en el equipo de transición. Llegó el primero de diciembre y se desconocía cuáles serían los principales lineamientos de la política científica; tampoco hubo nombramiento en Conacyt. Siguió el 5 de diciembre -día en que el Ejecutivo federal entregó el proyecto de presupuesto a los legisladores- y el organismo encargado de la política científica permanecía sin definiciones. Finalmente, ya en enero de este año, con un monto presupuestal aprobado, fue nombrado el director de Conacyt. Se entiende que la anterior administración colaboró en la elaboración del proyecto de presupuesto, que los rubros de gasto están identificados y acotados (por sector, nómina, inversión y operación) y que los proyectos en marcha no se detendrán al arbitrio de un cambio de gobierno. Sin embargo, la pregunta es si la composición y el monto del presupuesto habrían sido distintos -como ocurrió en educación y en otras áreas de la administración pública- de haberse contado con lineamientos claros de política científica al momento de asumir responsabilidades el nuevo gobierno. O bien, si el nivel de gasto sigue una tendencia inercial con independencia de quien participe o no en las decisiones.
Respecto al gasto educativo, el secretario del sector, Reyes Tamez, ha señalado que "siento que el presupuesto tal y como salió de la Cámara de Diputados está en excelentes condiciones para enfrentar los retos de este año, mucho mejor de como se había presentado" (La Jornada, 22 de enero de 2001). En cambio, el nuevo director de Conacyt, Jaime Parada Avila, en su toma de posesión destacó que "será importante canalizar recursos crecientes para pasar de 0.3 por ciento del PIB, a 1 por ciento en el gasto nacional de ciencia y tecnología".
Aunque el director de Conacyt ratifica el compromiso del presidente Fox de brindar mayores recursos a la ciencia, resaltan dos aspectos en su intervención. Por un lado, el hecho de que refiera recursos en una proporción actual de 0.3 respecto al PIB, en lugar de 0.42 que se maneja en la estadísticas oficiales (la diferencia no es trivial, puesto que aún con las oscilaciones llevar el gasto científico de 0.28 a 0.42 por ciento respecto al PIB, ha implicado toda la década de los años noventa). Puede tratarse de un equívoco en el manejo de las cifras y carecer de importancia, pero también es posible que, realmente, la línea base de los recursos sea menor a la que se ha considerado en la estadística pública; en cualquiera de los casos conviene aclararlo. Por otro, el matiz que hace al aludir al "gasto nacional" (público y privado) y no al gasto federal. De modo que el crecimiento esperado, no dependerá sólo de mayores recursos públicos sino también de fondos privados. Es importante precisar que actualmente sólo uno de cada diez pesos del gasto total en ciencia proviene del sector productivo.
Indiscutiblemente, tanto el gasto público como el privado son importantes y necesitan incrementarse, el asunto es cuál será la participación relativa de cada uno para lograr la meta anunciada por el Ejecutivo federal, cómo será el ritmo de crecimiento y si el área científica estará sujeta a otros tiempos para la toma de decisiones.
El autor es investigador del Seminario de Educación Superior, CESU-UNAM