LUNES Ť 12 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Alertan especialistas sobre la amenaza de colapso ambiental en la ciudad

Sin decisión el GDF para aplicar ley ecológica

Ť Existen intereses que se oponen al ordenamiento, entre ellos los inmobiliarios, señalan

ROSA ROJAS /I

En tanto un colapso ambiental amenaza a la capital del país, el gobierno capitalino "no ha manifestado una decisión política para aplicar, ni siquiera para difundir, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del DF (PGOEDF) que ya es una ley, es un arma para frenar los asentamientos urbanos irregulares en las áreas de conservación de la ciudad y para que los pueblos originarios se defiendan de las invasiones, de los pesticidas, de los transgénicos y de la biopiratería".

Formularon esta advertencia, en entrevista, Iván Azuara, doctor en Biología, quien fuera titular de la dirección ejecutiva de Ordenamiento Ecológico (DEOE) en los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y de Rosario Robles; Antonio Castillo, ex asesor de la citada dirección, y Miguel Angel García Aguirre, coordinador de Maderas del Pueblo del Sureste, quienes coincidieron además en criticar la apuesta del GDF a la reforestación más que a la conservación de los bosques existentes y a la restauración de los ecosistemas en forma integral.

Se solicitó una entrevista con la secretaria del Medio Ambiente del GDF, Claudia Sheinbaum, para hablar sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.

"Sentimos que hay intereses que se oponen a la aplicación de esta ley", indicaron los entrevistados, mencionando, entre otros, a los inmobiliarios; los de industriales madereros e incluso organizaciones sociales como la Red Mocaf (Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales), que pugnan por que se levante la veda forestal en los bosques del valle de México; los intereses clientelares de organizaciones de vivienda priístas y perredistas que impulsan el paracaidismo; los de impulsores de proyectos de reforestación a partir de viveros, que ya existían desde la administración de Oscar Espinosa Villarreal.

García indicó que ni siquiera se ha conformado el Consejo Ciudadano para el Ordenamiento Ecológico, al cual él fue invitado a participar, y que debía haber entrado en funciones 150 días después de publicado el decreto promulgatorio del programa, mismo que apareció en la Gaceta Oficial del DF el 1 de agosto del año pasado.

El propio García Aguirre le envió una carta al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 11 de diciembre, recordándole esta omisión.

Le mencionaba asimismo que la orden, contenida en su bando número 2, de restringir la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales en las delegaciones sur y oriente de la ciudad (zona de conservación) para un desarrollo urbano sin sacrificar oxígeno y mantos acuíferos, "es una medida sin duda plausible pero que no es sino aplicar parcialmente (muy parcialmente por cierto) la Ley de Ordenamiento Ecológico del DF, cuya mención es totalmente omitida en su bando número 2, así como en su discurso de presentación del mismo", lo que calificó como un "boicot".

De hecho este reclamo no es nuevo. El 21 de septiembre de 2000, un grupo de 17 organizaciones ecologistas, comunales, ejidales, artistas, entre ellos la representación comunal de Milpa Alta, Greenpeace, el Grupo de los Cien, la Unión de Grupos Ambientalistas, la Alianza de Comunidades y Ejidos del Anáhuac, el cantante Emmanuel, le plantearon a la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles, su extrañeza por no haber resaltado en su informe de gobierno este ordenamiento "como una acción realmente trascendente a favor del futuro de nuestra ciudad".

Indicaban que minimizar o ignorar este decreto "es hacerle el juego a los intereses económicos y políticos que todavía hoy no quieren que este valioso instrumento jurídico-ambiental con que hoy cuenta la ciudadanía, se aplique".

El proceso

Azuara, Castillo y García Aguirre explicaron que fue uno de los compromisos de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas la creación de un instrumento para evitar el crecimiento de la mancha urbana. Al llegar éste al gobierno del DF, se le asignó a la Comisión de Recursos Naturales (Corena) su instrumentación, recayendo en Azuara la responsabilidad.

En 1997, retomando la idea del ordenamiento participativo aplicada en Los Chimalapas, Oaxaca, se realizó un convenio con el Centro de Ecología de la UNAM y se acudió a la comunidad de Milpa Alta "para sintetizar la información técnica pero con la visión de la comunidad, de sus usos agrícolas, forestales, de lo que querían conservar", explicó Azuara.

De ahí se sacó el primer diseño. Se trabajó todo 1998 y parte de 99 con imágenes de satélite, sistemas de información geográfica "y paralelamente estuvimos haciendo una campaña de difusión de lo que se trataba el asunto, que era un instrumento de lucha, de defensa de la tierra con bases técnicas pero que la definición de usos del suelo estuviera en manos de las comunidades".

La idea era realizar un ordenamiento regional de todo el sur-poniente de la ciudad, que abarca 88 mil 900 hectáreas. Se hicieron grandes acuerdos entre comunidades y ejidos en las nueve delegaciones que tienen suelo de conservación: Cuajimalpa, Alvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac un pedacito de Iztapalapa y un pedacito de Gustavo A. Madero.

De enero al 21 de marzo de 2000, se hizo una consulta pública sobre el ordenamiento, con el apoyo de la Procuraduría Social. En todas las delegaciones políticas urbanas y rurales se establecieron módulos y en las delegaciones rurales se hicieron además 119 asambleas pueblo por pueblo. Paralelamente se hicieron reuniones con organizaciones no gubernamentales, con investigadores de la UNAM, UAM, IPN, Chapingo; se formuló la iniciativa, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la ALDF el 28 de abril de 2000. El decreto, sin embargo, se publicó hasta agosto.

"ƑAquí cuál fue el problema? Los intereses, nosotros estábamos por facultar a los pueblos sobre las decisiones de sus recursos y del uso de suelo. Estábamos atentando contra intereses muy grandes, el primero en esta ciudad es el interés inmobiliario. Esta ciudad crece a razón de 350 hectáreas por año, esa es la tendencia. En esta dirección, en los tres años, logramos recuperar 400 hectáreas, un año de reversión de tendencias en tres, pero porque teníamos también convenios con la Federación para hacer vigilancia y frenar las invasiones, más que desalojar, frenar" indicaron Azuara y Castillo.

Azuara agregó que los análisis realizados sobre tendencias de cambio de uso de suelo desde 1940 a la fecha muestran que lo que ha hecho que se expanda esta ciudad son las vías de comunicación; a un lado de las carreteras se van creando asentamientos irregulares y esto genera una expansión. Además la tasa de expansión de la ciudad es ligeramente más alta que la de crecimiento poblacional lo que quiere decir que hay mucha especulación, hay un despoblamiento de la parte central, zonas que se utilizan como oficinas, y la ciudad se sigue desparramando.

La técnica de cambio de uso de suelo, explicó, mas o menos opera así: desmontan, siembran aparentemente, tiran cascajo y una vez que está el cascajo avanza la ciudad. "Y hay una mafia con el sector inmobiliario porque quien haya conocido el Ajusco hace 20 años, no me digan que son invasiones, es una zona residencial pero originalmente fueron cambios de uso de suelo que se dieron de forestal a habitacional precario y posteriormente los mismos inmobiliarios promueven las invasiones".