LUNES Ť 12 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Se sumarán 300 personas a los comités que funcionan en cada dependencia: Luján

Vigilarán ciudadanos las licitaciones del GDF

Ť Sindicatos, ONG, cámaras industriales y de comercio, entre otros, propondrán candidatos

RICARDO OLAYO GUADARRAMA

La vigilancia en las compras y licitaciones del gobierno capitalino será realizada por 300 ciudadanos que se sumarán a los comités que funcionan en cada dependencia, anunció la titular de la Contraloría General del Distrito Federal, Bertha Elena Luján.

Este procedimiento, denominado de contraloría social, dio ya inicio con la invitación a organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, sindicatos y cámaras de comercio, para proponer candidatos.

En marzo se pondrá en marcha un programa de participación ciudadana y para fines de año deberán estar los 300 ciudadanos integrados, sin cobrar, pero con voz y voto, según lo permita la normatividad.

Los planes de Luján incluyen aumentar el número de auditores y de casos auditados, sobre todo, dijo en las obras que se realizan por contrato, hasta 25 por ciento de lo que actualmente se revisa.

Al ampliar la base de casos auditados habrá mayor confiabilidad, mientras se incrementa la capacitación a funcionarios.

--ƑQué nuevas acciones hay a futuro?

--La creación de la contraloría social. A partir de marzo vamos a poner en marcha un programa de participación ciudadana en los órganos de gobierno, en los comités y subcomités de obras y adquisiciones. Vamos a llegar a un número casi de 300 ciudadanos y ciudadanas que participarán en esos órganos de gobierno, en algunos casos con voz y voto en la medida en que lo permita la normatividad.

--ƑCuál es el significado de la medida?

--Quiere decir que el control interno, la supervisión, la transparencia en el uso de recursos públicos estará en manos no sólo de la Contraloría del DF o en la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, sino también en manos de la sociedad civil. Pensamos que este inicio de un programa de ciudadanización de la Contraloría puede ser un programa muy importante que tenga un impacto fuerte cuando termine el gobierno y que sentará un precedente para que en el resto de las contralorías estatales y en la misma Secodam puedan tenerse experiencias similares.

No se trata de crear contralorías especiales, sino de la incorporación de los ciudadanos a los comités que ya operan, precisó la contralora en entrevista con este diario.

--ƑQué tareas van a desarrollar estas personas?

--Van a ser ciudadanos independientes, no tendrán sueldo, será un trabajo totalmente voluntario y será gente que podrá informar sobre procesos; una excelente experiencia de contraloría social. La única obligación sería la de acudir a las reuniones y participar de manera activa en la supervisión y haciendo propuestas para mejorar la fiscalización. Por lo pronto ya hicimos una invitación abierta, desde hace un mes, a organismos sociales, civiles, a las cámaras empresariales, la de comercio. Todas las cámaras han estado invitadas, a organismos no gubernamentales de todo tipo, los que trabajan en desarrollo, derechos humanos, asuntos sociales. También a organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones sindicales y a ciudadanos en lo particular.

--La contralora informó que la figura que surgirá con esta experiencia servirá para "fiscalizar el uso de los recursos y tendrán acceso a documentos y participarán con voz y voto en esas instancias de decisión".

--Esta vigilancia ciudadana será complementada con "un programa muy fuerte de capacitación de funcionarios, sobre todo de los que entran por primera vez en la administración pública para el conocimiento de las normas".

--Además, para la supervisión de obras indicó que se ha diseñado "un programa para estar auditando la obra pública en las diferentes fases de la obra misma, para evitar que al final haya errores, delitos y tratar de prever la falta".

--En este caso pretende incrementar el número de auditores de obra por contrato, alrededor de 20 a 25 por ciento, lo que permitiría aumentar el universo de lo auditado en por lo menos 20 por ciento de la obra pública por contrato, que anteriormente era del orden de 15 por ciento.