LUNES Ť 12 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Se les consignó por la muerte de tres personas y dispuso su liberación
Cesan en Mazatlán a un juez que absolvió a 2 acusados de asesinato
Ť La determinación la tomó el Tribunal de Justicia Ť El afectado promoverá un amparo
VICTOR GUERRA Y JAVIER VALDEZ CORRESPONSALES
Mazatlan, Sin., 11 de febrero. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) cesó el domingo al juez quinto de lo penal, Leovigildo López López, quien trabajó para el Poder Judicial sinaloense durante 22 años.
El 10 de enero anterior fue separado del cargo para que se le investigara por liberar a Hiram Sánchez Zataraín y Antonio Aráuz Tirado, acusados de dar muerte en noviembre de 1999 a un agente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), a un hermano de éste y a un ciudadano canadiense.
Según informó el STJE, la destitución de López López se debió precisamente a la sentencia absolutoria que dictó en favor de Sánchez Zataraín y Aráuz Tirado, a quienes había detenido la Policía Municipal luego de un tiroteo en que fallecieron el elemento de la FEADS Armando Flores, su consanguíneo Simón y el extranjero Christopher Deer.
Fuentes del STJE, que solicitaron permanecer anónimas, dieron a conocer que el organismo judicial estudia la posibilidad de fincar responsabilidad penal a López López, de quien se sospecha que habría recibido un soborno para liberar a los supuestos asesinos.
A finales de enero, el juez promovió sin éxito un amparo ante el juzgado noveno de distrito, con sede en Mazatlán, con el argumento de que detectó irregularidades en la resolución de suspensión emitida por el pleno del STJE. En el amparo, exigió su reinstalación y pago de sueldos del tiempo que permaneció inhabilitado.
Al conocer su cese, López López anunció que promoverá un amparo sobre esta decisión para demandar su reincorporación en el cargo y una indemnización.
Prescriben 35% órdenes de aprehensión en Sinaloa
Alrededor de 35 por ciento de las 8 mil 500 órdenes de aprehensión del fuero común que existían en Sinaloa ya prescribieron, y fueron anuladas de los bancos de datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó Ramón de Jesús Castro Atondo, titular de la dependencia.
Agregó que en el proceso de depuración que actualmente se practica en las zonas centro, norte y sur de Sinaloa se anularon 3 mil órdenes de captura que prescribieron, pues correspondían a 1979 y 1980, de tal forma que quedan rezagadas 5 mil 500.
De acuerdo con el funcionario, "en unos días más vamos a tener con toda precisión cuántas (órdenes de arresto) van a seguir vigentes para su correspondiente ejecución".
Indicó que se tiene un registro de 780 órdenes de detención aún vigentes por supuestos delitos "de alto impacto social", entre ellos homicidios y secuestros. "Tuve una reunión con los 37 comandantes de la Policía Ministerial del Estado, y les hice saber que era urgente y necesario que se les diera cumplimiento a esas órdenes de aprehensión", subrayó el procurador sinaloense. "Vamos a trabajar en la búsqueda de los presuntos responsables", advirtió.