DOMINGO Ť 11 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť El grupo se dice inocente de los delitos que se le imputan y denuncia campaña de desprestigio
Pide Paz y Justicia inclusión en acuerdos de paz
ANGELES MARISCAL Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES
Tuxtla Gutierrez, Chis., 10 de febrero. Dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia se dijeron inocentes de las decenas de homicidios cometidos en la zona norte del estado, y pidieron que se les incluya en los diálogos de paz. A esta petición se unieron ganaderos de la zona de conflicto, quienes pretenden recuperar las miles de hectáreas de esa región que perdieron en 1994.
En una carta dirigida al presidente Vicente Fox, la directiva del grupo, encabezada por Cristóbal Gómez Torres, Miguel Alvaro López y otras siete personas, se dice "víctima" de una campaña de desprestigio en su contra.
Consideran que las acusaciones en su contra, incluida su autoría en la muerte de las tres personas cuyas osamentas fueron encontradas recientemente en el municipio de Tila, son falsas.
"Nuestros compañeros son inocentes porque en ningún momento han cometido delito alguno. Tampoco estamos en contra de las propuestas del EZLN; lo que sí rechazamos es que los problemas se resuelven por la vía de las armas".
El grupo conformado en 1995, como contrapeso a las bases del EZLN que habitan en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque y Yajalón, se consideró presionados por el grupo insurgente.
"Pedimos que el EZLN no obligue a la ciudadanía a pertenecer en su habitación ni amenace a la sociedad civil". Sin embargo, piden ser incluidos en los diálogos de paz, y en la discusión sobre la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas.
Además, exigen la liberación de los líderes detenidos por su participación en el desalojo ocurrido en octubre pasado en Yajalón -Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres, entre otros-, y la cancelación de diversas órdenes de aprehensión giradas en su contra.
Ganaderos de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano también exigen su inclusión en los diálogos de paz, con el objetivo de recuperar unas 40 mil hectáreas de tierra que les fueron invadidas en 1994.
Por otro lado, al menos 40 integrantes de Paz y Justicia detuvieron "ilegalmente" en el municipio de Tila al indígena José Francisco Arcos Martínez, cuando se dirigía a interponer una denuncia ante la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, dependiente de la PGR, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.