DOMINGO Ť 11 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Se compromete a entregarles padrón, listas nominales y dar respaldo técnico

Ofrece el IFE su más amplio apoyo a consejeros electorales insaculados por el TEPJF en Yucatán

Ť Signan convenio de colaboración para que las elecciones se realicen en forma transparente

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

A través de un convenio de colaboración, el Instituto Federal Electoral (IFE) se comprometió a entregar el padrón, las listas nominales definitivas de electores y todo el respaldo técnico de capacitación, asesoría y logística al Consejo Electoral de Yucatán -surgido de un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- para que los comicios del próximo 27 de mayo en esta entidad se realicen en forma totalmente ''transparente, vertical e imparcial''.

El consejero presidente del IFE, José Woldenberg, afirmó que este organismo dará al Consejo Electoral yucateco ''su más amplio apoyo para que pueda desarrollar su labor''.

En tanto, en conferencia de prensa posterior a la firma del convenio, el presidente del consejo estatal, Ariel Avilés, puntualizó que se espera que el conflicto electoral ''esté llegando a su fin'', y aseguró que ''se están poniendo las bases para que llegue a feliz término''.

Pero precisó: ''Y al expresar a feliz término, queremos decir que el pueblo yucateco es un pueblo pacífico, es un pueblo civilizado y tenemos la firme esperanza de que el conflicto pueda llegar a un entendimiento, sin que se genere ningún tipo de acto que pudiera manchar la memoria de este proceso''.

Informó que los integrantes del consejo han tomado la decisión, hasta ahora, de no tener una sede fija, y que el pasado 9 de febrero por la noche hicieron contacto con el inspector en jefe de la Policía Federal Preventiva en ese estado, quien les indicó que ''ya se ha comisionado cierto número de agentes'', algunos de los cuales tienen la encomienda de cuidar la integridad física de los consejeros, mientras ''algunos otros, la de preservar los lugares donde nos reunamos a trabajar. Se está diseñando, entre los consejeros que están en Mérida y la PFP, algún tipo de estrategia para que puedan llevar a cabo su labor''.

Le expectación sobre el curso que seguirán los acontecimientos en Yucatán permanece, sobre todo a partir de que Ariel Avilés declinó pormenorizar los informes que habrían entregado ayer al TEPJF, a solicitud de éste, cuando hace no más de dos semanas el tribunal aclaró que no tenía constancia de que el Consejo Electoral yucateco hubiera solicitado apoyo para el desarrollo de sus funciones a las autoridades locales, y éstas se lo hubieran negado, para poder pedir el uso de la fuerza pública y hacer valer su fallo.

-ƑQué documentos llevan al tribunal?

-Informes que el tribunal nos ha pedido que rindamos.

El consejero Avilés no descartó la posibilidad de una renuncia de los dos consejos electorales que demandan la legalidad para sí en el estado de Yucatán. Uno, respaldado por el gobernador Víctor Cervera Pacheco y la mayoría priísta en el Congreso local, y otro surgido de un fallo del TEPJF, por el cual se desconoció la validez del primero.

-Hay quienes piden que renuncien los dos consejos para que pueda surgir otro.

-Creo que tenemos que definir la postura de los consejeros. Nosotros estamos en cumplimiento de una sentencia judicial, que tiene el viso de legalidad. Sin embargo, esto no deja de ser un evento de carácter político, y entiéndase que los consejeros no somos actores políticos en el proceso. Somos un órgano de arbitrio.

''Si una solución parte de un consenso de todos los actores políticos, y esa solución consensuada absolutamente por todas las partes conlleva la necesidad de que este órgano cese en sus funciones en aras de que surja uno nuevo que se haga cargo del proceso, y eso es conveniente para el estado de Yucatán, es algo aceptado por todas las partes en conflicto; nosotros no tenemos ninguna intención de mantener como rehén o secuestrado el proceso electoral'', precisó.

''En ningún momento es facultad del Consejo Electoral del estado solicitar la fuerza pública. Quiero señalar muy puntualmente que el tribunal, en su sentencia, es el que pide la participación de la Secretaría de Seguridad Pública; es el que establece los plazos, vencimientos, y en un momento dado será el que solicite la fuerza pública si se llegara a ese caso, que nadie desea, de tener que desalojar por esa vía las instalaciones'', concluyó.