SABADO Ť 10 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Exhortan a utilizar la vía política en Yucatán

Constitucionalistas de la UNAM respaldan la decisión del TEPJF

ALMA E. MUÑOZ

Constitucionalistas de la UNAM se manifestaron por el respeto a la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar el uso de la fuerza pública en Yucatán. El ex presidente Miguel de la Madrid pidió utilizar "el arte de la política, solucionar el conflicto sin violencia y en su oportunidad, después de un estudio bien pensado, promover la reforma constitucional que convenga".

Ante "una cierta ambigüedad de las leyes vigentes se debe procurar una solución por la vía política, porque argumentos jurídicos hay de un lado y de otro", agregó.

Entrevistado antes de la clausura del sexto Congreso Constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), De la Madrid insistió: "Hago mis fervientes votos porque no se llegue al uso de la fuerza pública, pues es altamente riesgoso para la sociedad yucateca y para México en su conjunto".

Por su parte, el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo advirtió que las decisiones del TEPJF son equivalentes a las emitidas por la Suprema Corte y por tanto se deben acatar o, en caso contrario, "se rompe completamente el estado de derecho".

Carpizo confió en que se evitará el uso de la fueza pública. "Soy optimista, pienso que en el diálogo puede resolverse esta cuestión, pero algo que está clarísimo es que la sentencia se tiene que cumplir. ƑA dónde iría México si una sentencia de última instancia, alguien dice que no la cumple? Habría no sólo violación al estado de derecho, sino una invitación a la anarquía".

El director del IIJ, Diego Valadez, se mostró convencido de que la razón asiste al TEPJF y confió en que "la razón prevalezca en las autoridades de Yucatán" y no se intente "ninguna acción que ponga en predicamento la vida constitucional del país".

En contraparte, el constitucionalista Ignacio Burgoa insistió en que el TEPJF no tenía competencia para anular el decreto del Congreso de Yucatán, que ratificó el Consejo Estatal Electoral y "no violó directa ni indirectamente la Constitución de la República".

En todo caso, dijo, el Congreso estatal "posiblemente ha de haber violado la legislación local", pero la petición para que se use la fuerza pública y tome posesión el Consejo Electoral nombrado por el TEPJF "implica una invasión a la autonomía del estado de Yucatán y una violación a la Carta Magna, porque se quebrantó el régimen de autonomía electoral que constitucionalmente se establece para los estados en su artículo 116".

La sentencia del TEPJF es inatacable, pero "ello no quiere decir que sea válida, y no lo es porque el Tribunal Electoral actuó sin competencia", agregó Burgoa.