VIERNES Ť 9 Ť FEBRERO Ť 2001
El que calla otorga
ANGEL BERNAL
De cara a la realidad del México actual, ahora que existe un gobierno federal surgido de la oposición, es tiempo de replantear algunos de los problemas más apremiantes en el país.
Al respecto es válido señalar que la sociedad mexicana requiere, por lo menos, de una cultura de la legalidad para propiciar el respeto a los derechos humanos, las garantías constitucionales, los derechos sociales y, en fin, la salvaguarda de la dignidad de la persona, si consideramos que el discurso oficial alude con recurrencia a expresiones como el imperio de la ley, la consecución de un estado de derecho, el combate contra la impunidad y la corrupción, entre otras directrices gubernamentales.
Una de las asignaturas pendientes y, por tanto, de atención inaplazable se refiere a la procuración e impartición de justicia.
Respecto de la creación de una cultura de la legalidad debemos advertir que una parte importante de ésta se relaciona con el poder de policía, elemento coercitivo del que dispone el Estado para preservar la paz pública y que, en ocasiones, incumple con su deber y vulnera los derechos de los gobernados, violentando así el orden jurídico.
Contar con un régimen de policía es inmanente al Estado moderno contemporáneo, pues de otro modo se enseñorearía el desorden social. Sin embargo, su actuación se debe regir por las leyes y de ese modo evitar que haya resquicios para favorecer la discrecionalidad, actitud sin duda perniciosa que lastima a las personas, al tejido social y niega la eficacia del derecho.
Ednica, encomiable labor
En este contexto, conviene destacar la labor de Ednica (Educación con el Niño Callejero, Institución de Asistencia Privada), con motivo de la publicación a finales del año pasado de El que calla otorga, ''un manual de procedimientos para denunciar las agresiones policiacas'' cometidas en agravio de los niños y los jóvenes de la calle.
Ednica es una institución que, desde 1989, impulsa iniciativas para que sean ''las propias comunidades'' las encargadas de atender a sus niños y jóvenes callejeros y en riesgo de serlo. Asimismo, ''promueve de manera activa el respeto a los derechos de la infancia''. Por ejemplo, en el paradero de la estación del Metro Indios Verdes, cerca de mil 200 menores, hijos de comerciantes en su mayoría, ''están en riesgo de ser niños de la calle'' debido a las precarias condiciones en las que viven (La Jornada, 11/12/00).
Uno de los sectores sociales más vulnerables lo constituyen, sin duda, los niños de la calle, seres desheredados cuyo sino es habitar un mundo de miseria, abandono e injusticia que lastima su dignidad humana. Aunado a esa circunstancia, son víctimas potenciales de algunos policías por lo que es urgente reivindicar sus derechos.
Allí donde campean la arbitrariedad y la impunidad difícilmente habrá condiciones propicias para garantizar su integridad física y psicológica.
No puede hablarse de una sociedad civilizada cuando en su seno prevalecen ''abusos sexuales, tortura, violencia física y psicológica y detenciones arbitrarias'', entre otras conductas ilegales perpetradas por aquellas personas cuyo deber es hacer cumplir la ley.
La violencia, con su cauda de degradación, deviene escenario cotidiano del cual resulta difícil sustraerse, pues si de algo no hay duda es que persiste la inseguridad y que las calles son sitio propicio para la irrupción desmedida, irracional, del delito.
Desde tiempos inmemoriales, las agrupaciones humanas enfrentan el dilema de hacer compatibles la libertad y la autoridad y ello conlleva a la percepción que se tiene de la justicia, la seguridad y el bien común, fines supremos del Derecho según los enunció el jurista alemán Gustav Radbruch.
Dejar el ideal de justicia en mera aspiración refleja la incapacidad humana para superar las adversidades que si bien son omnipresentes, también deben ser susceptibles de combatirse y salir airosos.
México, como Estado soberano, cuenta con un pacto fundante que le permite ocupar un sitio en la comunidad mundial. Su derecho interno y los compromisos internacionales adquiridos vía los tratados y las convenciones configuran el paradigma jurídico para regir la vida colectiva.
El país es parte signante de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, instrumento legal que en sus aspectos medulares retoma los ideales más nobles para hacer del respeto a la dignidad humana, bandera indeclinable.
El que calla otorga aborda desde ''Los escenarios de la agresión policiaca y la denuncia'' hasta ''Manual de cómo darle seguimiento al proceso de averiguación y resolución de una denuncia''.
Forjar una ''cultura de la denuncia'', como elemento clave para generar ámbitos jurídicos y sociales oponibles a los excesos de los servidores públicos -entre ellos los policías- y en aras del mejoramiento de los procedimientos legales es una ingente labor emprendida por Ednica, que demanda la participación de la sociedad y más aún si los destinatarios de esos beneficios son los infantes, pues ellos, diría Donato Alarcón, ''son la esperanza de nuestra esperanza''.