VIERNES Ť 9 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Meta del adelanto de subsidios de los próximos 8 años

Se intenta capitalizar a unos 30 mil productores: Procampo

Ť Se vigilará la aplicación de recursos: Fernández Ortiz

MATILDE PEREZ U.

El coordinador general de Apoyos Directos al Campo (Procampo), Juan Antonio Fernández Ortiz, expuso que la propuesta de entregar por adelantado los subsidios de los próximos ocho años -lapso por el que legalmente sigue vigente el programa- tiene como objetivo capitalizar a por lo menos 300 mil productores que tienen un potencial productivo para ingresar de manera directa al mercado nacional e incluso convertirse en agroexportadores.

La propuesta forma parte del proyecto de Ley de Capitalización Rural que entregó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga Arroyo, a las comisiones de Ganadería y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. Aún, puntualizó, "estamos trabajando en los estudios de factibilidad, viendo escenarios, con mucha creatividad y siempre con la perspectiva de humanizar este programa".

Este es un asunto en el que intervienen tanto la Secretaría de Hacienda como la Cámara de Diputados, son las dos instancias que fijan el presupuesto para el Procampo y por ello sería difícil tener el dinero por adelantado. Por eso, comentó, ya se buscan acuerdos con los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID), para tener dinero disponible en caso de aprobarse la propuesta de Ley de Capitalización Rural. Además, ambas instituciones están interesadas en que la experiencia del Procampo se aplique en Centroamérica.

La entrega -expuso en entrevista- podrá ser individual, o bien por grupo o ejido, si se organizan y se ponen de acuerdo en la presentación de un proyecto que tenga como base fundamental su capitalización: compra de maquinaria, uso de tecnología avanzada para la producción, industrialización de sus productos e incluso construcción de canales de riego.

Se tendrá cuidado en que el dinero no sea utilizado para una obra pública que corresponda al gobierno del estado, no se trata de un cambio de funciones, sino de beneficiar a los productores.

Actuario de profesión, Fernández Ortiz muestra el interés de aplicar tecnología de punta y los datos de los productores -acumulados durante seis años- para verificar el cumplimiento de las normas del Procampo, terminar con corrupciones e impulsar la capitalización de los productores. " Con los inspectores de campo no se lograba verificar ni siquiera 1 por ciento de las 13.7 millones de hectáreas beneficiadas; con el uso de imágenes de satélite durante la época de siembra se podrá, en una primera etapa, comprobar 35 por ciento de la superficie parcelada; después, se podrá llegar a tener bajo estricta vigilancia 80 por ciento".

Para evitar la corrupción también se cambiarán las formas de pago y la reducción de los trámites, de cinco a sólo dos. El cheque podrá depositarse en una cuenta bancaria, en caso de existir, o bien se enviará por giro telegráfico. "El compadre, transportista o intermediario -como se le llame- ya no podrá exigir un pago proporcional por llevar a los campesinos a cobrar su dinero".

Sin embargo, ello no implica que desaparezca la contraloría social que también nació con el Procampo, en 1994. Adelantó que una de las primeras acciones como coordinador general de dicho programa será difundir el padrón de los beneficiados, por Internet, periódicos estatales y hasta por carteles que se colocarán en los lugares públicos de reunión de los pueblos y comunidades.

"Nosotros terminamos con el tabú de las listas de los empadronados en el Procampo, por supuesto que no se hará público el número de hectáreas ni el monto total que se entrega a cada uno". Esa difusión de las listas servirá incluso para que la gente pueda denunciar a quienes no deberían recibir el dinero del programa.

Además, toda la papelería del Procampo e incluso los cheques tendrán la siguiente leyenda: "Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Puntualizó que la banca comercial -hasta el momento sólo cuatro instituciones participan- seguirán con la entrega de los cheques del Procampo, pero el abanico podría abrirse a otras instituciones.

Aclaró que en este nuevo proceso del Procampo habrá una depuración de los beneficiarios, es decir, se volverá a comprobar que realmente estén sembrando sus tierras." No es abrir el padrón, sino depurarlo con base en lo que hoy se tiene, precisar el uso de la parcela, si es agrícola o forestal. Vamos a trabajar muy duro en saber quiénes son, dónde están, cómo funcionan".

Juan Antonio Fernández Ortiz insistió en que el padrón no crecerá en número, pues ese 10 por ciento de productores que no se incorporó en 1994 seguirá fuera. Esto, con la determinación de pagar a quienes tienen menos de una hectárea los 829 pesos que le corresponden y no dividirlo en la parte proporcional, lo que lleva a un crecimiento en montos de manejo, no de padrón. "Era injusto que alguien que tuviera un cuarto de hectárea, su aportación se dividiera en cuatro partes y sólo se le entregaran 200 pesos, esta es una de las medidas que más pueden ayudar al productor de autoconsumo".

En cuanto a la obligación de presentar el certificado del Procede para la entrega adelantada del Procampo -60 días antes de la siembra-, el ex vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas dijo: "sí, pedimos la titularidad de la tierra, pero si el productor no tiene el certificado del Procede, aceptamos otras opciones que demuestren esa propiedad, para ello tenemos firmados convenios con los gobiernos de los estados, responsables de avanzar en la definición de los conceptos de titularidad".

El Procampo no se congelará porque la gente no tenga el certificado del Procede, "nos interesa que éste avance, pero no podemos impedir que la gente reciba el Procampo porque a su región no haya llegado el proceso de certificación parcelaria".