VIERNES Ť 9 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Ultimátum de consejero de la Facultad de Derecho: "vendremos armados"

Investigadores de la UNAM exigen castigo para miembros del CGH por vejámenes a maestros

Ť Las sanciones a cegehacheros podrían ser de expulsión definitiva, señala Pérez Correa

KARINA AVILES

Mientras investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM pidieron la aplicación de la legislación universitaria para los miembros del CGH que humillaron a profesores de Ciencias Políticas, porque la impunidad podría llevar a que se tenga "miedo de decir lo que se piensa" y a poner en "peligro" el congreso, el consejero universitario de la Facultad de Derecho, Gustavo García Arias, lanzó un ultimátum a las autoridades de la institución para que procedan, o de lo contrario "vendremos armados y haremos uso de la violencia" para tener clases.

En una conferencia de prensa, investigadores del IIS calificaron al CGH de "fascista" y esperaron que la "soga al cuello" que se pusieron -al vejar a los académicos- sea "el fin del movimiento".

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Fernando Pérez Correa, manifestó que los miembros de la comunidad agraviados presentarán denuncias penales, si así lo desean, con "el apoyo" de la universidad. En cuanto a las sanciones universitarias de las que podrían ser objeto los cegehacheros, dijo que podrían ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, pero corresponde esa decisión al Tribunal Universitario.

Los investigadores expresaron su "indignación" por lo ocurrido y exigieron que se investigue y sancione ese suceso conforme a derecho y a las normas universitarias. No obstante, "hay que ser muy cautos y aplicar la legislación haciendo justicia, pero viendo al futuro", indicó Jorge Basurto.

Juan Manuel Ortega, también investigador, expresó que "es grave" lo ocurrido porque los "principios básicos de la universidad son la pluralidad, la crítica y la discusión, y sin ellos no se puede dar academia". Ahora, podría haber "miedo de decir lo que se piensa y un tremendo temor a discutir y criticar". Añadió que de no aplicarse la ley sentaría un precedente, sin embargo, "también hay que ser inteligentes porque uno no se puede convertir en autoritario".

Hubert Cartton subrayó el respeto al derecho de disentir y dijo que la inconformidad no puede expresarse a través de métodos opuestos a la razón, a lo que Sara Gordon añadió que "la democracia no es compatible con el ejercicio de la violencia".

Basurto consideró que "estamos ante un movimiento de tipo fascista que siempre lo fue y no se transformó en ello". La prueba, dijo, es aquella frase de que "el diálogo no es negociación". Entonces, "en esas condiciones también está en peligro el congreso porque lo pueden sabotear". Los del CGH "tienen ligas hacia el exterior" y actúan como "si estuvieran seguros de que todo quedará impune y que ni el rector va a poder con ellos por los apoyos que tienen de afuera", añadió.

Los investigadores subrayaron que es necesario que la sociedad sepa diferenciar los discursos porque ahora todo el mundo se dice democrático y en los hechos a veces no es así. "El CGH se dice el interlocutor de la democracia, hablan en nombre de los pobres y me parece una trampa", dijo Juan Manuel Ortega.

Consejeros universitarios

En otra conferencia de prensa, los consejeros universitarios Gustavo García Arias y Mao Américo Sáenz, la consejera técnica Lourdes Ojeda, y el alumno Luis Javier Guerrero, de la Facultad de Derecho, pidieron la intervención de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario para sancionar los hechos de violencia; solicitaron la expulsión de Alejandro Echevarría El Mosh, y, de paso, señalaron que Francisco Ramírez, un estudiante que participó en la huelga y al que calificaron de "delincuente" es el subdirector de Quejas del Gobierno capitalino. Dijeron que se enteraron de ello porque fueron a poner una queja por actos de "omisión del gobierno" de la ciudad ya que según ellos, tenía que actuar frente a los últimos sucesos en la UNAM y al enterarse de que Ramírez era el subdirector de quejas optaron por no hacerlo.

Casi al final de la rueda de prensa, Gustavo García Arias lanzó: "Este es el último llamado que hacemos para que aplique la legislación y se defiendan nuestros derechos para tener clases. Si es necesario vendremos armados, haremos uso de la violencia. Y si estar armados es violar también la legislación universitaria. no aceptaremos una sanción si antes no se sanciona a aquellos que la han violado".

Ante la declaración, Luis Javier Guerrero -identificado como "porro mayor"- afirmó: "No vendré armado". En seguida, Lourdes Ojeda salió al paso: "Yo tampoco. Yo me deslindo de eso". Mao tomó la palabra y como si nadie se hubiera dado cuenta, agregó: "Bueno, se escucha una postura radical y ultra pero es reflejo del cansancio".

En entrevista telefónica, Francisco Ramírez afirmó que todo esto "es parte de una campaña del PRI, porque quien declara es Mao Américo Sáenz, asesor de Jaime Miguel Moreno Garavilla, diputado del PRI en la Asamblea, y Lourdes Ojeda, sobrina de Nabor Ojeda, diputado federal del PRI". Expresó que su empleo como subdirector de Seguimiento a Quejas en contra de servidores públicos es por su desarrollo en el trabajo y "de ninguna manera representa un privilegio ni acuerdo político. No pertenezco al PRD ni me interesa".