VIERNES Ť 9 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Aprueba el Congreso el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Reinstalan a magistrada que destituyó Canales Clariond
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
Monterrey, NL, 8 de febrero. El Congreso estatal aprobó hoy reinstalar a Rosa Elena Grajeda Arreola como magistrada de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), como resultado del fallo que dictó el 29 de noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El fallo de la SCJN a favor de la magistrada dejó sin efecto la destitución que realizó el gobernador Fernando Canales Clariond el 28 de julio de 1999, con aval de la 68 Legislatura y del pleno del TSJ.
El acuerdo del Congreso establece que "la 69 Legislatura del estado acata y da cumplimiento a la ejecutoria de amparo en revisión 320/2000, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo 931/99 promovido ante el juzgado primero de distrito en el estado de Nuevo León por la licenciada Rosa Elena Grajeda Arreola en contra de actos de este órgano legislativo y otras autoridades, sin hacer una declaración general respecto a estos hechos".
Además, el acuerdo asienta que Grajeda Arreola continuará en las funciones de la magistratura a su cargo hasta el 26 de mayo del 2002, "quedando a salvo sus derechos laborales en cuanto a remuneraciones, antigüedad y demás prestaciones que le correspondan, restituyéndola en el goce de las garantías constitucionales violadas".
La SCJN concedió el amparo a la magistrada, pues el gobierno estatal, el Congreso y el TSJ pretendieron aplicar en julio de 1999 una ley que se revocó el primero de enero de ese año, negándole los derechos de la legislación entonces en vigor, que amplió de tres a seis años el periodo de un magistrado.
Héctor M. Gutiérrez, coordinador de la fracción priísta que votó a favor del dictamen en acatamiento a la resolución de la SCJN, señaló que "las acciones inconstitucionales del Ejecutivo y la anterior Legislatura son en extremo graves", pues anularon "un acto que determina el nombramiento de ocho de los actuales nueve magistrados del TSJ", incluyendo a su presidente Enrique Guzmán Benavides.
El diputado perredista Abraham Colunga Flores, quien votó en contra del dictamen, señaló que con este acuerdo "el Congreso rompe nuevamente el orden jurídico y deja al TSJ en la ilegalidad", pues la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León establece que dicho tribunal se conforma por nueve magistrados, y en este momento hay diez, dos de ellos Rodolfo Segundo Salinas y Grajeda Arreola como titulares de la sexta sala.