viernes Ť 9 Ť febrero Ť 2001
Gilberto López y Rivas
Izquierda y Constitución
La convocatoria hecha en días pasados por Vicente Fox para impulsar una "Constitución renovada" tiene su origen, como propuesta reiterada, en otro polo político equidistante. En efecto, ya en distintas ocasiones algunas fuerzas políticas, fundamentalmente progresistas o de izquierda, se habían pronunciado al respecto.
En 1994, el EZLN se manifestó por la necesidad de elaborar una nueva Constitución que reflejara ese México ausente en el actual marco jurídico. Posteriormente, el PRD también se pronunció en este sentido, aludiendo no sólo a la cantidad de enmiendas que arrastra nuestra actual Constitución, sino también a la urgencia de responder a las contrarreformas de los tres últimos gobiernos.
Si Fox ha tomado la decisión de recuperar esta demanda elaborada tiempo atrás, es responsabilidad de la izquierda entrar al debate tanto de la necesidad de su reforma, su renovación o su nueva creación, como de los motivos que han llevado al Presidente de la República a esta convocatoria.
Más allá de sus 400 reformas, la Constitución que hoy nos rige fue modificada en su espíritu durante las tres últimas administraciones que han gobernado nuestro país. Recordemos, no obstante, que se trató de reformas autoritarias, votadas por una mayoría príista en el Congreso de la Unión y avaladas por una fracción panista que dio su voto y no cejó en su intento de servir de comparsa del partido oficial para adecuar la ley a un modelo económico con el que la elite gobernante condenó a millones de mexicanos a vivir en la pobreza.
Escindir el derecho de la política y la economía resulta absurdo y puede conducir a análisis políticos erróneos. La ley siempre ha sido producto de una correlación de fuerzas políticas y poderes económicos. Esta vez no será la excepción. Los motivos de Fox para abrir el debate en torno a una nueva Constitución no son los mismos que en su momento expresaron el EZLN o el PRD. Por ello, debemos discernir entre el momento retórico del discurso y los apremios reales que lo han conducido a esta propuesta.
Aunque haga el intento de situarse como jefe del Ejecutivo en una posición neutral, simplemente exhortadora, no perdamos de vista hacia quién ha dirigido en los hechos las "bonanzas" de sus decisiones políticas. Por un lado, justifica la reforma constitucional en la búsqueda de una mayor justicia social, mientras por el otro gira instrucciones a su gabinete económico para gravar medicamentos y aumentar el IVA. En su discurso del 5 de febrero pasado reivindica las autonomías de los pueblos indios para ser incorporadas en una "nueva Constitución", pero al mismo tiempo pretende obligar a los zapatistas a deponer las armas aun antes de negociar una paz que se vulneró porque el Estado les hacía la guerra cotidianamente. Apela al respeto de la educación laica y gratuita, cuando el día de su toma de posesión los medios masivos de comunicación transmitieron su visita a La Villa, momentos antes de regalarle migajas a los niños de la calle. Otro de los motivos que expone para modificar la Constitución es la equidad y la preocupación por los grupos vulnerables; sin embargo, como mencioné en mi pasada colaboración, se dirige de manera muy irrespetuosa a las mujeres indias de la tercera edad. Estos son tan sólo algunos ejemplos de la peligrosa retórica con la que ha revestido su primera "exposición de motivos".
Hay otras intenciones que subyacen en este juego de argumentos retóricos: la necesidad de readecuar el marco normativo, y por ende legal, que habrá de regular de ahora en adelante las relaciones capital-trabajo. Es falso que Fox esté por una reforma del Estado, cuando él mismo y su partido avalaron, votaron y aplaudieron las reformas constitucionales de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, quienes modificaron el carácter de las responsabilidades sociales del Estado. Simplemente sucede que estas reformas hoy le resultan insuficientes a la reproducción del capital mundial y global. Reformaron al Estado por la vía autoritaria y ahora quieren legitimarlo tratando de generar consensos con sectores de la sociedad que, aunque poderosos, no son representativos ni tampoco son mayoría.
Aprovechemos, sin embargo, esta oportunidad que se ha abierto a quienes verdaderamente venimos luchando por una mayor justicia social, por un Estado que respete las garantías individuales, que reconozca a las minorías, que cambie el rumbo económico. Hagamos un llamado a la unidad de todas aquellas organizaciones, partidos, grupos políticos, hombres y mujeres, a luchar por una Constitución que responda por los olvidados, los excluidos, los pobres y marginados. Impulsemos un movimiento nacional para discutir tanto los procedimientos como las pautas de lo que debe ser una transformación indudablemente necesaria. Tomemos la palabra.