jueves Ť 8 Ť febrero Ť 2001

Sami David

Las etnias en el debate nacional

Sin menoscabo de la unidad nacional y de la integridad territorial, es indispensable reivindicar a las etnias de nuestro país e incorporarlas al desarrollo nacional, pero respetando su cultura y su idiosincrasia. Conviene, sí, realizar una reforma de fondo que no lastime la letra y el espíritu de la Constitución. En el presente urge establecer una nueva relación entre el Estado, la sociedad y las comunidades indígenas, ofrecer a las etnias libre determinación y un marco constitucional, como postulan los acuerdos de San Andrés. Un marco jurídico que preserve la soberanía nacional, garantice nuestro pacto federal y guarde afinidad con el principio del municipio libre, como unidad política básica de la nación.

La marcha anunciada por el EZLN hacia el Distrito Federal ha provocado un alud de opiniones. Pero el punto no es si transitarán enmascarados. Hay una ley que los protege y como tal debe respetarse. Cierto: desde 1994, con la irrupción del conflicto de Chiapas, los mexicanos tomamos conciencia de que había una asignatura pendiente en la marcha de la nación hacia el siglo XXI: los derechos de las comunidades indígenas. Si es obligación del Estado asegurar la igualdad jurídica ante la ley, garantizar la jurisdicción imparcial para todos los mexicanos, así como evitar el retroceso a fueros especiales, privilegios y excepciones, también las comunidades indígenas tienen el derecho de hacer valer sus sistemas normativos, que derivan de sus usos y costumbres, para resolver sus controversias internas, sin atentar contra las garantías individuales y los derechos humanos.

En pleno siglo xxi conviene asegurar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de elegir, conforme a sus usos y costumbres, a sus autoridades internas, y en los municipios mayoritariamente indígenas, a que ellos mismos determinen las formas de elección municipal. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución será abrirles caminos más anchos al mejoramiento de nuestro proceso democrático y saldaremos, de una vez, una deuda histórica que tiene la nación mexicana con los primeros habitantes de nuestro país.

Vale la pena fortalecer la participación política de los pueblos indígenas, de conformidad con sus especificidades culturales y en el marco de nuestra Constitución. En lo económico, elevar el nivel de vida de las comunidades indígenas y desterrar, de una vez y para siempre, su ancestral atraso y marginación.

En este punto, la sociedad mexicana tiene que saldar una deuda histórica con los pueblos indios de México. En lo cultural, tenemos que preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura e identidad. En lo social, promover el desarrollo de las etnias de México representará desterrar prejuicios, racismo, intolerancia y arbitrariedad. Promover la educación para los indígenas significa, también, propagar el aprecio por nuestra historia entre todos los mexicanos.

Autonomía para los pueblos indÌgenas, sí, porque lo demandan las comunidades indígenas para su organización interna y lo exige su cultura. Pero autonomía no es soberanía, no es superposición artificial de poderes, ruptura del orden constitucional, creación de poderes al margen del Estado nacional. Todos los mexicanos estamos regidos por la Constitución, todos, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley.

En Chiapas debe privilegiarse en todo momento el interés supremo de la sociedad, reconstruir el tejido social con acciones apegadas a derecho y consolidar la paz donde sea, como condición permanente para el respeto a la vida y a las leyes, así como la igualdad de oportunidades para el progreso. Los ojos del mundo están en Chiapas y en México: demos una lección de civilidad y concordia.