JUEVES Ť 8 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť El IFE sólo reconoce la legalidad de éste como dirigente, afirman seguidores
Anunciaron disidentes del PVEM la "expulsión definitiva" del fundador Jorge González Torres
Ť Lo acusan de malversar más de 500 millones de pesos, nepotismo y amiguismo
Ť Pedirán que se suspenda la entrega de recursos Ť Presentarán otra demanda en la PGR
JOSE GIL OLMOS
La disidencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidida por Carlos Alberto Macías, dio a conocer, a través de la comisión de honor y justicia, la "expulsión definitiva" de su fundador: Jorge González Torres, a quien acusan de malversar más de 500 millones de pesos que le entregaron las autoridades electorales en los últimos tres años. El grupo adelantó que solicitarán al Instituto Federal Electoral (IFE) que suspenda la entrega de recursos económicos y advirtieron que presentarán una nueva demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En un nuevo capítulo en la historia de discrepancias entre los miembros del PVEM, en conferencia de prensa los inconformes con el empresario González Torres dijeron que están avalados por una asamblea nacional realizada el pasado 24 de noviembre, a la que asistieron 33 mil participantes de 23 entidades.
Por su parte, en un comunicado, los seguidores de González Torres aseguraron que el IFE sólo reconoce la legalidad de este último como presidente del PVEM. En el boletín presentado como "desmentido al señor Konik León Tacher", secretario del partido de la disidencia, el diputado Alejandro García Sainz acusó a este grupo de ser "falsos miembros" del partido y dijo que únicamente tiene el interés de apropiarse de él a través de la desacreditación de "su verdadero dirigente".
Al buscar la opinión directa de González Torres, el diputado García Sainz y la coordinadora de medios, Gilda Sánchez, dijeron que se había tomado "la decisión política" de no presentarlo porque ya había sufrido mucho desgaste, ya había dado muchas conferencias y entrevistas. Argumentaron que existían otras voces que también querían ser escuchadas, y que se demostraba que había "muchos líderes" en el Verde Ecologista.
Vía telefónica, los representantes de González Torres desacreditaron a sus críticos y ratificaron el boletín en el que expresan que "es el único presidente legítimo del partido, por su trabajo y compromiso".
Por su parte, los llamados disidentes señalaron que González Torres -quien se alió con Vicente Fox en las elecciones pasadas para formar la Alianza por el Cambio- está en su derecho de acudir ante las instancias electorales para rechazar su destitución en el PVEM, y argumentaron que la decisión de expulsarlo definitivamente se tomó luego de que no respondió al emplazamiento de audiencia para que contestara a las acusaciones que se le hicieron el pasado 26 de enero.
Ante reporteros de radio, televisión y prensa manifestaron que su decisión se enmarca en la "voluntad de cambio" que el presidente Vicente Fox ha enarbolado, y en el proceso de democratización que vive el país. "Será un costo político alto para el partido, pero será positivo. González Torres debería estar en la cárcel, es un parásito de la política", declaró Macías.
En la resolución presentada por el presidente de la comisión de honor y justicia, José Luis Elías García, destacan que "los recursos económicos que el IFE ha destinado a este partido político para promover la democracia en el país, calculados en más de 500 millones de pesos en los últimos tres años, fueron malversados, desviados para promover asuntos personales, para hostigar y agredir físicamente a los militantes".
Presentaron once razones para expulsar a González Torres, entre otras que no ha promovido la solución de los problemas ecológicos como lo mandan los estatutos del partido; malversación de fondos públicos, falsificación y alteración de facturas presentadas ante el IFE; desvío de recursos públicos destinados a las comisiones estatales y a las campañas de los candidatos; utilización de los recursos que otorga el Estado para promover su imagen y la de su hijo Jorge Emilio González Martínez; negativa a los militantes a la participación libre; rechazo a las decisiones tomadas en asambleas nacionales y estatales, y la promoción de familiares y amigos para cargos de elección popular.
Para comprobar la malversación de recursos y la falsificación de documentos citan los informes de la Comisión de Fiscalización del IFE publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo y 16 de octubre de 1998, y la demanda que se presentó entonces ante la PGR por defraudación de 12 millones de pesos. Para los casos de amiguismo y nepotismo, mencionan lo publicado por diarios y revistas.