JUEVES Ť 8 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť El CDHFBC pide a Fox acabar con la impunidad
Osamentas halladas en Tila confirman la existencia de grupos paramilitares
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
san cristobal de las casas, chis., 7 de febrero. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos afirmó que las osamentas que encontró la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio de Tila, Chiapas, podrían pertenecer a Mateo Hernández López, Minerva Guadalupe Pérez Torres y Sebastián Pérez López, quienes desaparecieron entre 1996 y 1997.
En conferencia de prensa, Miguel Angel de los Santos Cruz, asesor jurídico de la Red, dijo que los familiares de las personas mencionadas "creen que los restos óseos encontrados pudieran corresponder a sus parientes", por ciertas características de los mismos y las circunstancias del hallazgo, aunque señaló que el organismo ha contactado a 12 familias que reportan desapariciones en la zona.
El litigante advirtió sobre el riesgo de que ante el reciente hallazgo, miembros del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia "borren evidencias de sus atrocidades, sacando otros cadáveres que se presume están enterrados en la zona norte". Añadió que por ello es importante que "la investigación no se detenga, hasta localizar los demás cuerpos", que podrían haber sido inhumados clandestinamente en la región.
Según De los Santos, la identificación científica de los restos encontrados en las fosas ilegales tardaría unos dos meses, debido a los estudios antropológicos y de medicina forense que les deben realizar peritos de la PGR.
Por separado, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Marina Patricia Jiménez, sostuvo que el hallazgo hecho por la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Armados, de la PGR, "confirma que las constantes denuncias que hicimos sobre el estado de guerra en la zona norte no estaban basadas en una situación fantasma". Añadió que el presidente Vicente Fox "tiene la oportunidad de demostrar que quiere acabar con la impunidad, ordenando el fortalecimiento de las investigaciones".
Sostuvo que "es claro que no estamos hablando de hechos aislados, sino de una situación de guerra que se incentivó, y donde hay vinculación de diferentes autoridades y funcionarios". Con este hecho, abundó, "se evidencia otra vez que los grupos paramilitares sí existen, pese a declaraciones que en otros momentos funcionarios federales y estatales hicieron, negando la existencia de los mismos. Estas evidencias no se pueden reducir a que son conflictos intracomunitarios".
Jiménez recalcó que el gobierno de Ernesto Zedillo "siempre tuvo oídos sordos ante las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en la zona norte", y manifestó su esperanza de que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, "tome conciencia de esta situación para que se haga una investigación a fondo y los hechos no queden impunes".