En la madrugada de ayer, integrantes del aún llamado Consejo General de Huelga (CGH), de la UNAM, agredieron cobardemente a decenas de profesores y funcionarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), quienes fueron retenidos contra su voluntad en ese plantel, parcialmente desnudados, humillados y atacados física y verbalmente. De esa manera, las movilizaciones realizadas a lo largo de la jornada por ese grupo se iniciaron con un acto repudiable y culminaron con otro: las muestras de vandalismo contra el edificio de la rectoría y la hostilidad de los manifestantes contra los informadores que cubrían, anoche, la llegada a Ciudad Universitaria de una de las dos marchas realizadas. 

Los inconformes pretendían conmemorar el primer aniversario del ingreso de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones universitarias y el encarcelamiento de más de un centenar de huelguistas, medidas ciertamente autoritarias y criticables emprendidas por el gobierno anterior y que determinaron, en los hechos, el fin de la prolongada huelga estudiantil que se desarrolló en 1999 y 2000. Pero los excesos y las agresiones referidas --que constituyeron una violación a los derechos humanos de académicos y empleados de la FCPS-- desvirtuaron por completo, a ojos de la sociedad, las movilizaciones estudiantiles y pusieron en evidencia la completa pérdida de rumbo que experimentan los rescoldos de un movimiento que tuvo, en su momento, razones de fondo y que suscitó marcadas simpatías sociales, pero cuya derrota se explica más por su propia ceguera y radicalismo que por la represión gubernamental. 

Ciertamente, la defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad, es una causa vigente y que no debe ser abandonada, toda vez que persisten, en el país --y a pesar de las expresiones de respeto del presidente Fox a la autonomía y a la gratuidad de las instituciones respectivas-- grupos de interés empeñados en desmantelar y privatizar las universidades de la nación, incluida la UNAM. Pero no es con atropellos como los cometidos ayer como se defiende causa alguna. Por el contrario, las agresiones cegehacheras contribuyen a fortalecer a los sectores que querrían desmembrar la máxima casa de estudios y entregarla a manos privadas o, en su defecto, propiciar su desprestigio, su lumpenización y la pérdida de su nivel académico, a fin de crear las condiciones propicias para transferir su función rectora de la educación superior del país a instituciones universitarias particulares. 

Más allá del ámbito universitario, las repudiables tropelías cometidas ayer vigorizan en el escenario nacional actitudes intolerantes, contrarias a la civilidad y a la convivencia que el país está empeñado en construir. Ese afán de tolerancia fue expresado ayer mismo por el gobierno federal al abogar por el intercambio de ideas para solucionar los descontentos en al UNAM. Es inadmisible que en el momento actual, cuando parece avizorarse un cauce de solución pacífica, incluyente y dialogante al conflicto chiapaneco, un grupo de vándalos, que pretende monopolizar los restos de un movimiento estudiantil en su momento digno y atendible, perpetre semejantes agravios contra la inteligencia y el entendimiento.