MARTES Ť 6 Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Texto completo del discurso de Vicente Fox

México requiere una reforma integral de la Constitución

Ť Intocables, la no relección y el Estado laico

Palabras del presidente Vicente Fox Quesada durante la ceremonia que encabezó con motivo del 84 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

šFelicidades al coro y a esa hermosa poesía que acabamos de escuchar!

Señor Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión;

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados;

Representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores;

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

Señores Gobernadores;

Miembros del Gabinete;

Amigas y amigos:

Hoy celebramos un aniversario más del texto constitucional en el que se concretó el programa de la Revolución Mexicana.

El ordenamiento jurídico que hoy conmemoramos, calificado como el más avanzado e innovador de su tiempo, representó el inicio de una nueva etapa histórica en la vida política de nuestro país.

Un siglo antes, una generación de mexicanos y mexicanas conducida por uno de sus más inspirados dirigentes, el impar José María Morelos, tomó la decisión de incorporar a México al concierto de las naciones libres.

En Apatzingán, Morelos, inició un proceso constitucional del que nos sentimos orgullosos, que nos llevó a adoptar el sistema republicano y federal en 1824; el Estado laico, en 1857, y las reivindicaciones sociales, en 1917.

šCada Constitución ha señalado el principio de un nuevo ciclo histórico!

El pasado 2 de julio nuestro país ingresó en una nueva etapa que representa la culminación de una larga historia de esperanzas y sacrificios que marca a su vez el inicio de una tarea histórica: la de concretar la transición política en una profunda Reforma del Estado que actualice el instrumental jurídico que fue diseñado para una realidad política ya rebasada.

La alternancia experimentada en las elecciones federales pasadas no asegura, por sí sola, el establecimiento de un nuevo arreglo normativo, acorde con el espíritu democrático de los nuevos tiempos.

De ahí, debido al compromiso imprescindible de impulsar una reforma integral del Estado, que encuadre jurídicamente la nueva realidad política del país y supere el cúmulo de insuficiencias legales que han puesto en evidencia las actuales circunstancias, la estructura y el funcionamiento políticos, así como las relaciones del poder con la sociedad, tienen que cambiar. El cambio se dará en las instituciones, porque ya se dio en la sociedad.

Tenemos una sociedad democrática y muchas instituciones autoritarias. Una contradicción de esta magnitud no puede permanecer sin solución.

El mandato popular del 2 de julio fue claro: queremos un México diferente. La sociedad votó por un cambio en las normas, en las instituciones y en los objetivos, no sólo por un cambio en el grupo, en el poder. Así, la diferencia entre el pasado y el futuro será justamente la vigencia de un Estado de Derecho actualizado.

La prueba irrefutable de que el ordenamiento constitucional ha sido rebasado, es el número y frecuencia de sus reformas. Podríamos hacer como don Venustiano Carranza: un recuento de los incumplimientos, de las deformaciones y de las adulteraciones consentidas en el texto constitucional.

Precisamente, uno de los argumentos esgrimidos en 1916 para convocar al Constituyente, fue que la Carta de 1857 había sido modificada en 49 artículos. Parece hoy igualmente concluyente el que se hayan superpuesto casi 400 reformas a la Constitución de 1917, cerca de la mitad promovidas durante los últimos tres gobiernos.

Concluyamos entonces en la necesidad reconocida por don Venustiano Carranza de crear una nueva arquitectura constitucional, capaz de contemplar y de encauzar los cambios que el país requiere y que la ciudadanía ha exigido mediante el sufragio.

Es evidente que no todas las instituciones están a la altura de lo que la sociedad merece. Es hoy nuestra responsabilidad ponerlas al día.

En este contexto, la forma más leal de honrar hoy la Constitución es procediendo a su revisión integral. Esta conmemoración cobrará así su mayor sentido.

Ya diversas voces representativas de la pluralidad política e ideológica del país, convocadas en mi calidad de Presidente electo, han propuesto y realizado una revisión integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Eso es lo que propusimos también, con distintos énfasis, los candidatos presidenciales en la pasada contienda electoral.

La actitud que adopten al respecto los partidos políticos y sus legisladores medirá la congruencia de su discurso político.

He venido cumpliendo los compromisos que contraje ante la Nación durante mi campaña. En ellos se sustentan las acciones que este gobierno está realizando.

La revisión de nuestro ordenamiento constitucional la incluí como convicción en mi propuesta electoral y la promoví en el periodo de transición.

Ahora, para ser congruente, con este compromiso expreso mi postura de apoyar que siga dicho proceso.

Por sus alcances y contenidos, la reforma de nuestra norma fundamental es un asunto que al final compete al Poder Legislativo. Es básicamente en su seno donde esta reforma deberá discutirse y, en su caso, aprobarse.

Pero, al hacer esta propuesta, asumo la parte que me corresponde en la construcción de esta obra colectiva, la que deriva de mi propia convicción y de las legítimas funciones de dirigencia que me han otorgado las y los ciudadanos.

Por ello formulo un llamado a todos los actores políticos y los poderes públicos, para que reconstruyamos los consensos nacionales en torno a una Constitución renovada.

Trabajemos en la tarea de actualizar nuestro marco jurídico fundamental, de tal manera que responda a un proyecto de nación que colme nuestras expectativas para el siglo XXI. Esa aportación a la modernidad republicana de nuestro país merecerá el reconocimiento de todas y de todos.

En un país que ha tenido una escasa vida democrática, tenemos todos que aprender a ser fieles con sus exigencias. Esta responsabilidad nos convoca a un debate respetuoso, constructivo y responsable; a un diálogo honesto, transparente y patriótico, por encima de toda pequeñez e intolerancia.

Nada sería más promisorio que todos los poderes públicos, los partidos políticos y las corrientes de opinión arribáramos a una visión compartida de la arquitectura constitucional del país y los grandes objetivos de la nación mexicana.

Con esta iniciativa no me propongo abolir la historia, sino proseguirla. Tampoco sugiero renunciar a los principios y decisiones fundamentales que han inspirado nuestra trayectoria constitucional.

Contamos con un legado que deberá guiar cualquier modificación constitucional: la no relección del Ejecutivo, el sistema representativo, la división de poderes, el régimen federal, la libertad municipal, nuestra soberanía, el carácter laico del Estado, el compromiso con la justicia social, la educación laica y gratuita, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de los derechos individuales y sociales.

En ese equilibrio, entre el cambio y permanencia se ubica el gran reto de la transición mexicana. Cambiemos de raíz sin arrancar las raíces, hagámoslo sin abandonar lo mucho y muy valioso que hemos construido. Hagámoslo también sin olvidar lo mucho que debemos transformar.

Los regímenes contemporáneos buscan combinaciones institucionales que eviten la concentración del poder, destierren la impunidad, garanticen la división de competencias y propicien la estabilidad y la eficacia en el marco de una escrupulosa legalidad. Y la nación moderna que hemos decidido construir los mexicanos y mexicanas, ha de fundarse en ese concepto de gobernabilidad democrática.

Es necesario sustituir la lógica tecnocrática que dejó todo al mercado. Tendremos que edificar un Estado democrático comprometido, ante todo, con la justicia, la educación, la distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades.

Reivindicar en nuestro tiempo la justicia social bajo el estandarte de un gobierno democrático significa dejar a un lado el populismo como mecanismo de manipulación y como estrategia para lucrar políticamente.

Es además una exigencia generaliza- da de las y los mexicanos que nues- tro régimen jurídico responda con efica- cia a la necesidad de lograr una convivencia segura y pacífica, de la que desterremos la delincuencia, la impunidad y la inseguridad.

Comparto plenamente la convicción de que las libertades públicas son, a la vez, requisito indispensable y objetivo último de todo Estado democrático.

Deberemos reivindicar hacia el futuro instituciones fundamentales, como son la protección de las garantías individuales y sociales, al igual que los derechos humanos.

Deberemos consagrar también en nuestra Constitución las autonomías étnicas, para terminar con toda forma de discriminación y de estériles confrontaciones.

Todas y todos los mexicanos tenemos una deuda, una deuda enorme con nuestros pueblos indígenas. Hemos actuado mal como nación y estamos obligados con ellos y con ellas. Apoyemos su lucha con orden y en el marco de la legalidad.

Gracias al empeño perseverante de los ciudadanos y ciudadanas, de los partidos políticos, hemos logrado un cambio formidable en las instituciones electorales del país. No obstante, se requiere mejorar el sistema actual, a fin de adecuarlo a las exigencias de imparcialidad y equidad, propias de los regímenes democráticos y evitar así las controversias del pasado.

Las nuevas reformas en este campo buscarán expresar con toda fidelidad la voluntad ciudadana, mediante disposiciones que aseguren una equidad plena en las contiendas, terminen con el fraude electoral, eviten dispendios y faciliten acuerdos y coaliciones.

Sólo por esa vía garantizaremos que más allá de la conclusión legal de los procedimientos no habrá sospecha social respecto a los resultados electorales.

Hoy más que nunca el acto de informar es inseparable de las tareas del gobierno. La sociedad reclama que sus autoridades comuniquen amplia y puntualmente las acciones que emprenden en su beneficio, las vías que utilizan para lograrlo y los resultados obtenidos.

Todas las autoridades, todas, han de estar sujetas a la rendición de cuen- tas, comenzando por el Presidente de la República.

La sociedad exige que la actividad de los órganos de poder se transparente y se haga predecible, que no haya ocultamientos ni sorpresas, que se sepa de cuánto se haga y sea previsible cuánto se hará, que las autoridades sean ejemplo de apego a la legalidad.

En este contexto, la nueva organización y ejercicio del poder deberán regirse por los principios de racionalidad y responsabilidad, para asegurar relaciones simétricas entre los órganos del poder; para que los actos de los titulares de estos órganos sean objeto de control, evaluación y de sanción cuando se afecte el Estado de Derecho.

Comparto plenamente la propuesta de introducir la ratificación de los secretarios de despacho por el Congreso; de establecer el juicio político para el Presidente de la República en caso de faltas graves a la Constitución; de instaurar el servicio civil de carrera y de fortalecer los medios jurisdiccionales entre todos los poderes públicos.

Los estudiosos del Poder Legislativo han planteado que éste debe fortalecerse con normas constitucionales que mejoren su forma de integración y representación. También que debe de ampliarse su capacidad de fiscalización de los otros dos poderes y de las entidades paraestatales.

El Poder Judicial también tiene que fortalecerse, su desarrollo contribuirá como un elemento fundamental al refuerzo de las garantías y derechos del ciudadano y a la función crucial de limitar el poder.

La democracia futura no habrá de agotarse en el acto de sufragar. Tienen que ampliarse las formas en que los ciudadanos pueden ejercer el poder, y al mismo tiempo dotar a las decisiones fundamentales de amplia legitimidad. Estamos en el tiempo de la democracia participativa, de formas de democracia directa, como el referéndum y el plebiscito para que el cuerpo electoral sea consultado obligadamente sobre leyes y decisiones fundamentales.

Por origen, experiencia y convicción soy federalista. Con los señores gobernadores he venido construyendo una nueva relación ajena a preferencias y simpatías personales, filiaciones políticas, complicidades o pretensiones de control político o financiero.

En el plano regional deben lograrse los nuevos equilibrios y a través de un verdadero federalismo.

La mayor parte de mexicanos y mexicanas de todos los tiempos hemos reivindicado la organización política de nuestro país como un sistema federal. Sin embargo, nuestro federalismo ha sido por muchas décadas más declarativo que real.

Hoy, los nuevos tiempos nos abren la posibilidad de ver el país desde otra lógica, que nos permite una relación distinta entre municipios, estados y Federación. Estamos inmersos en el proceso de globalización. En muchos sentidos el futuro ya nos alcanzó.

Coincido en la urgencia de redefinir las responsabilidades de México en el orden global, de ampliar y diversificar las relaciones que sostenemos con el mundo, y de asumir un protagonismo inteligente para impulsar el progreso de todos.

Asimismo, debemos actualizar nuestro marco constitucional con el contenido de los avances presentes en los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos.

Comparto la decisión de otorgar la más alta prioridad a la integración de una gran patria latinoamericana. Aplaudo también el acento que han puesto diversas voces en la fraternal vinculación con los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior para que puedan votar y ser votados

Sé que hay planteamientos de reformas mayores a las que hoy estoy señalando en estas reflexiones. Por ello, aprovecho esta fecha para proponer un debate muy amplio sobre la Constitución que queremos los mexicanos y las mexicanas. Considero que tras ese debate deberemos proceder a dar forma a tales modificaciones y a presentar la iniciativa correspondiente.

Por nuestra parte, ya estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en esta tarea.

Instruyo ahora al secretario de Gobernación a que coordine las actividades que corresponden al Poder Ejecutivo en este proceso, en comunicación permanente con el Congreso de la Unión.

De este modo, al igual que en 1917, procederemos a dotarnos de la nueva normatividad que el futuro nos demanda. Mientras tanto, ahora, cumplamos cotidianamente los preceptos vigentes y resolvamos las contradicciones por el camino de la interpretación del Poder Judicial de la Federación.

Mexicanas y mexicanos,

Amigas y amigos:

Nuestra democracia será incompleta mientras sólo sea entendida como un proceso para legitimar a los titulares de los órganos del poder.

Al presentar a todos ustedes la síntesis de mis puntos de vista sobre la Constitución, he buscado resumir los cambios que a mi juicio requiere para estar en las mejores condiciones de ser orientación y guía en la conducción democrática del Estado.

A nuestro gobierno, a este gobierno y a la Legislatura actual nos ha sido conferido un mandato muy concreto: transitar por la vía de la gobernabilidad democrática hacia el cambio y hacia la Reforma del Estado. Cumplamos con México.

Seguramente todos y todas estaremos de acuerdo en que esa actualización debió hacerse tiempo atrás. No obstante, estamos a tiempo para que así como nuestros antepasados nos legaron la primera gran Constitución social del siglo XX, nosotros, todo el país, tengamos la grandeza de legar a las futuras generaciones la gran Constitución social, humanista y democrática del siglo XXI.

Gracias.