DOMINGO Ť 4 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Contaminantes, sus métodos de extracción, alertan
ONG exigen revocar permisos a dos mineras canadienses
Ť Podrían causar daños irreversibles en mantos acuíferos
CAROLINA GOMEZ MENA
Diversas ONG exigieron al gobierno federal que por medio de Semarnat, Profepa y Sedeso se haga cumplir la legislación de protección al ambiente y se revoque la autorización de uso de suelo a las empresas mineras canadienses Mettalica Resource Inc. y Glamis Gold Ltd, representadas por la connacional Minera San Xavier en San Luis Potosí.
En conferencia de prensa, Mario Martínez, coordinador de Alianza Opositora a Minera San Xavier, precisó que el consorcio pretende extraer oro y plata del histórico cerro de San Pedro (símbolo del escudo de armas de la ciudad de San Luis Potosí), mediante un método contaminante denominado lixiviación con cianuro de sodio, que requiere de grandes cantidades de agua para su operación.
Subrayó que esta forma de extracción ocasionará a la región irreversibles daños en sus mantos acuíferos superficiales y profundos, los cuales se contaminarán con cianuro y metales pesados, y se agotarán en menos de una década debido a que la minera sustraerá al año un millón 300 mil metros cúbicos del líquido.
Con esto se privará a los potosinos con mayor celeridad de un elemento que ya de por sí es escaso, según revela el estudio de impacto desarrollado por la Universidad de San Luis Potosí.
Beatriz Septién, de la organización Educación y Defensa Ambiental, señaló que los mantos acuíferos son la principal fuente para la población de la capital del estado, los agricultores y los ganaderos de la zona, a lo que se suma el hecho de que los procesos metalúrgicos generarán elementos altamente tóxicos y volátiles como ácido cianhídrico y vapores de mercurio, arsénico, plomo, cobre y zinc, entre otros.
Septién detalló que sumado a lo anterior el consorcio canadiense, que recibió el 5 de mayo de 2000 el premiso del gobierno del estado para instalar una mina a cielo abierto a 50 metros de los poblados Cerro San Pedro y La Zapatilla, se valió de acciones ilícitas, tales como la falsificación y el ocultamiento de información de impacto ambiental y utilización de prestanombres para rentar las 373 hectáreas que ocupará.