SABADO Ť 3 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Nuevo León
Llaman diputados a debatir reinstalación de magistrada
DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
MONTERREY, NL, 2 DE FEBRERO. La diputación permanente del Congreso local convocó al pleno a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo jueves, para que se acuerde la reinstalación de la magistrada Rosa Elena Grajeda Arreola, destituida por el gobernador Fernando Canales Clariond y el Congreso del estado el 29 de julio de 1999.
El 29 de noviembre del año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Ejecutivo, al Congreso y al Poder Judicial del estado la reinstalación de Grajeda Arreola como magistrada de la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, al proceder en su favor el amparo en revisión 320/2000.
El fallo de la SCJN estableció que la abogada deberá recibir además el pago de salarios caídos, desconociéndose la suerte del magistrado José Segundo Salinas que fue nombrado en su lugar.
El 29 de enero pasado, el juzgado Primero de Distrito de esta ciudad notificó el fallo de la SCJN y requirió al Ejecutivo estatal, al Congreso y Tribunal Superior de Justicia "para que dentro del término de 24 horas, contado a partir de la fecha en que le sea notificado este proveído, informen a este juzgado del cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y remitan las copias certificadas respectivas", bajo advertencia de aplicar una sanción en los términos del artículo 105 de la Ley de Amparo en caso de un desacato.
La magistrada fue destituida en julio de 1999 bajo el argumento de que ya no podía aspirar a ser designada por el Congreso para un periodo de seis años, ya que entró al Tribunal Superior de Justicia en 1996 y en 1998 concluyó su primer periodo de tres años.
El primero de enero de 1999 el gobernador Fernando Canales Clariond promovió una reforma que amplió el periodo de los magistrados de tres a diez años, con la posibilidad de relección por un término igual.
Por el hecho de haber fungido como magistrada siete meses bajo la nueva ley, Grageda ganó el amparo de la justicia federal, pues los miembros del TSJ del estado sólo pueden ser destituidos por causa grave, según la Constitución estatal.