LAURA GOMEZ FLORES

Miembros de la Alianza Metropolitana de Organizaciones Populares (AMOP) se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para solicitar que intervenga en la instalación de mesas de negociación tendientes a consolidar el programa de reordenamiento del comercio, cesen los operativos en su contra y ver la posibilidad de dialogar con el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

A nombre de los 50 mil agremiados que tienen en la ciudad, de los cuales la mayoría se concentra en el Centro Histórico, un pequeño grupo advirtió que de continuar la política de persecución e intimidación en su contra instrumentada por la delegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna Luna, están dispuestos a realizar una huelga de hambre o movilizarse si se les quita su única fuente de ingreso.

Jorge García y Alejandra Barrios, presidente y oficial mayor de la AMOP, respectivamente, consideraron que uno de los gremios más antiguos y tradicionales de la ciudad se encuentra amenazado y perseguido por actitudes antisociales e injustas, por una funcionaria que ha colocado en puestos claves a dirigentes de comerciantes, a quienes protege y utiliza para combatirlos.

Mencionaron entre ellos a María Rosete, dirigente de comerciantes en Eje 1 Norte y hoy secretaria de la subdelegación territorial de dicha zona; Roberto López, director de Vía Pública; Sofía Trejo, con una pobre base social en la Alameda Central; Carlos Robledo, en la Ciudadela, y Raymundo López, en El Carmen, quienes "anunciaron que tienen 10 mil representados y apoyan las medidas de la delegación".

Tal afirmación, dijeron, es una mentira que busca propagarse, cuando no existen mesas de negociación y los únicos acercamientos con las autoridades delegacionales son para "amenazarnos de que seremos desalojados si no nos incorporamos a su programa de reordenamiento, el cual busca meternos en plazas comerciales fracasadas fuera del perímetro A".

Barrios Richardson comentó que la denuncia presentada en su contra por invadir la vía pública en la temporada navideña, violando el artículo 171 bis, no prosperó porque no existió y fue un día después de encontrarse operada. Así que se ha buscado una política de intimidación y obligar a muchos comerciantes a salirse de sus organizaciones para ser incorporados en alguno de los proyectos comerciales en marcha.

Precisaron que no están en contra del reordenamiento del comercio en vía pública, pagar impuestos y entregar facturas, como lo hacían antaño, pero de manera consensuada y sin imposiciones.