de distinta naturaleza.
JUEVES Ť 1O Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Víctoria Eugenia Quiroz: la instancia no exoneró al ex regente
Desmiente el Tribunal a la defensa de Oscar Espinosa
Ť La sentencia emitida sólo afecta el ámbito administrativo, precisa
RICARDO OLAYO Y ANGEL BOLAÑOS
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) no puede exonerar al ex regente Oscar Espinosa Villarreal de las acusaciones penales que hay en su contra por manejo indebido de fondos porque no está entre sus facultades, únicamente anuló un citatorio que le giró la Contraloría General del DF en febrero del año pasado para que informara sobre el destino de 420 millones de pesos.
La presidenta del Tribunal, Victoria Eugenia Quiroz, señaló que dicha anulación la hizo la Sala Superior, y se produjo el pasado 7 de diciembre por cuatro votos a dos y la ausencia de un magistrado. Esta sentencia sólo afecta el ámbito administrativo pero no el penal, en donde la titularidad de las indagaciones corresponde a la Procuraduría de Justicia capitalina, precisó.
Quiroz consideró "extraña" la interpretación pública que hizo el abogado de Espinosa, Samuel Durán, y estableció: "quizá sea conveniente a sus intereses" indicar que hay una exoneración, pero el Tribunal debe precisar el alcance de sus actuaciones.
En entrevista, la magistrada informó que los abogados de Espinosa trataron de involucrar en el estudio del expediente el caso del ex oficial mayor, Manuel Merino, a quien el TCA también anuló una sanción consistente en una multa y la inhabilitación por 20 años. Pero no se tomó en cuenta este argumento dado que se trata de dos asuntos
de distinta naturaleza.
Quiroz explicó que el 16 de febrero de 2000 la Contraloría General del DF citó a comparecer a Espinosa para preguntarle sobre el manejo de 420 millones de pesos, expediente en el que está involucrado Merino.
Una semana después, el 23 de marzo, los representantes legales de Espinosa acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para solicitar la nulidad del citatorio argumentando que no tenía facultad para realizar esa diligencia la Dirección de Cuenta Pública de la Dirección de Legalidad y Responsabilidad de la Contraloría.
El recurso llegó a la segunda sala del Tribunal, cuyos tres magistrados determinaron anular el citatorio. En respuesta la Contraloría pidió la revisión y fue la Sala Superior, la que confirmó el 7 de diciembre.
La única petición del ex titular de Turismo fue anular el citatorio y a ello se dedicó el TCA, dijo Quiroz, quien votó en contra de anular el citatorio y en su argumento individual expresa que se debió sobreseer el expediente, pues con citar a Espinosa no se vulneraba ninguna garantía y al mismo tiempo se preserva la de audiencia.
En contra también votó el magistrado Raúl Armida Reyes y a favor Jaime Araiza (ponente en el caso), Horacio Castellanos Coutiño, Pedro Velasco Arbin y Antonio Casas Cadena; no asistió César Castañeda.
El magistrado Manuel Ancona Tellaeche, quien fue uno de los magistrados de la Sala 2 del TCA que resolvió la demanda de nulidad presentada por Espinosa Villarreal a fines de 1999, junto con Luis Moctezuma Orozco y Laura Aceves Gutiérrez, explicó que como resultado de la resolución que consideró improcedente el citatorio de la Contraloría, fueron anuladas las sanciones pecuniarias y la inhabilitación que se había solicitado, pues el procedimiento no había seguido las formalidades de ley.
Explicó que su labor consistió en "estudiar a fondo el acto de gobierno, más no los actos del particular", en este caso los de Oscar Espinosa y que son los que se refieren al proceso que inició otra autoridad jurisdiccional, el Tribunal Superior de Justicia, por el desvío de 420 millones de pesos en que incurrió como jefe del Departamento del Distrito Federal durante los ejercicios de 1995, 1996 y 1997.
El magistrado recordó que la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administreativo ocurrió en marzo del año pasado, un mes después de que el contralor León Alazraki presentara la denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina, que posteriormente solicitó a la Cámara de Diputados declarara la procedencia del ejercicio de la acción penal en contra del entonces secretario de Turismo del gobierno federal.