JUEVES Ť Ť FEBRERO Ť 2001

Ť Falló en su favor el juzgado 35 de lo civil

Pierde Bital última batalla contra la viuda que le reclama 446 mil mdp

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Una enigmática mujer michoacana de 83 años, viuda desde 1990 y madre de 16 hijos, está a un paso de convertirse en la persona más acaudalada del país, con una fortuna superior a la de los multimillonarios mexicanos de la revista Forbes, y sólo menor a la del estadunidense Bill Gates, propietario de Microsoft.

La viuda Celia Reyes, una mujer de rostro desconocido para la prensa y que se hace oír en la ciudad de México a través de un grupo de representantes, finalmente logró ganar una larga batalla judicial de casi dos años en contra del extinto Banco del Atlántico, institución que ahora está en poder del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y que es administrada, con la intención de comprarla, por Banco Internacional (Bital), propiedad de Antonio del Valle Ruiz.

El lunes pasado, la juez Sandra Díaz Ortiz, titular del juzgado 35 civil del Distrito Federal, concedió la razón a la señora Celia Reyes en su litigio contra Banco del Atlántico, institución a la que demanda un pago por 446 mil millones de pesos (45 mil 979 millones de dólares al tipo de cambio actual), cantidad que triplica el valor del capital del sistema financiero mexicano.

"La juez nos ha dado la razón en el sentido de que el reclamo del pago es legal", declaró ayer a este diario Víctor Blake, uno de los representantes de la viuda michoacana. El representante de la señora Reyes confirmó que el banco puede ampararse por la sentencia dictada el lunes pasado en su contra. "Nosotros ya hemos ganado, el banco puede buscar el amparo, pero de cualquier modo va a perder y tiene que pagar", dijo Blake.

Una fuente de la dirección de Bital confirmó la existencia del fallo judicial. Sin embargo, dijo que el litigio era un problema de Atlántico y, en última instancia, del IPAB. "Nosotros hemos observado todo el proceso. Sólo seguimos el caso", dijo.

No obstante, la sentencia puede llegar a tener ya una consecuencia práctica en el proceso de consolidación del sistema bancario. Bital está interesado en la compra de Atlántico, operación que el IPAB espera concluir este mismo año.

"Aceptamos que todo este caso de la viuda con Banco del Atlántico puede entorpecer la fusión. Mientras no se arregle, no vamos a seguir adelante con el proceso", indicó la fuente de Bital, que pidió no ser identificada.

El caso de la viuda Celia Reyes se remonta a finales de los 80, cuando el sistema bancario era propiedad del Estado después de la nacionalización decretada por el ex presidente José López Portillo, en 1982.

La viuda, que según indagaciones periodísticas responde al nombre de Celia Reyes, realizó en febrero de 1988 una inversión en Banco del Atlántico por 59 millones de viejos pesos, cantidad que, entonces, equivalía a unos 25 mil dólares. El depósito, a plazo de 30 días, nunca fue requerido hasta hace un par de años, cuando, si se aplica la lógica de acumular intereses sobre intereses (como hacen los bancos con los créditos), la suma del ahorro alcanza la inimaginable cantidad de 446 mil millones de pesos.

El año pasado, Antonio del Valle Ruiz, administrador de Banco del Atlántico y presidente de Banco Internacional, calificó de "absurdo" el reclamo de la viuda, en una posición que contradijo el punto de vista que sostenía cuando fue presidente de la ABM, hace tres años, favorable a que la banca capitalice los intereses.

La institución afirma tener pruebas de que en julio de 1988 pagó a la señora Reyes 71.5 millones de viejos pesos que cubrían el principal y los intereses generados por la inversión. El equipo de representantes legales de la viuda michoacana ha sostenido a lo largo de los últimos meses que el Banco del Atlántico nuca demostró legalmente haber realizado los pagos.

Se trata de varios documentos, que influyeron en la decisión dada a conocer el lunes pasado por la juez Díaz Ortiz. El primero, expedido en enero de 1988, ampara un depósito por 5 millones de viejos pesos. El segundo, de febrero de 1988, hace constar un depósito por 54 millones 72 mil 400 viejos pesos. Al tipo de cambio de esa época, ambos montos equivalían a 25 mil dólares.

En el documento, que ampara un depósito renovable a 30 días, se establece que "la renovación se realiza por el mismo capital vencido más incremento de los intereses al vencimiento y al plazo originalmente pactado", que para efectos del fallo judicial del lunes fue de 149.35 por ciento anual.