JUEVES Ť 1Ɔ Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Se debe informar al Congreso sobre la fuga de Joaquín Guzmán, exigió el tricolor
Penales de máxima seguridad, testimonios vacíos y estériles del combate a mafias: PRI
Ť Demandó ir más allá de castigar las "debilidades morales de funcionarios corruptos"
DAVID APONTE Y CIRO PEREZ SILVA
El PRI solicitó que el gobierno federal entregue al Congreso de la Unión resultados sobre las investigaciones de la fuga del ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y que refuerce las medidas de vigilancia en los tres penales de máxima seguridad, convertidos hoy en "testimonios vacíos y estériles" de la lucha contra el crimen organizado.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el PAN expuso que México necesita elaborar un nuevo esquema de readaptación social, más allá de revisar y castigar las "debilidades morales de los funcionarios corruptos" que dirigen las prisiones en el territorio nacional.
Los grupos parlamentarios priístas introdujeron en la sesión de este miércoles los temas del crimen organizado y el sistema penitenciario de alta seguridad y la fuga de El Chapo, como parte de la agenda política del órgano del Poder Legislativo.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el priísta Sadot Sánchez Carreño, expuso que todas las fuerzas políticas deben concurrir para el combate a la delincuencia y al narcotráfico, realizar una lucha total y global contra las mafias, porque todos los espacios de interés colectivo están amenazados hoy en día por las organizaciones criminales.
Por ejemplo, la corrupción que producen las mafias en el sistema penitenciario nacional socava y debilita las bases para la seguridad pública, siguió.
"La sociedad se encuentra sorprendida porque hoy instituciones que se denominaban de máxima seguridad, como La Palma, como Puente Grande, como Matamoros, quedan como testimonios vacíos y estériles de lo que puede ser una lucha contra la delincuencia".
Ante ese panorama, dijo, las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión buscarán la adopción de medidas de seguridad más severas, nuevos marcos legales, con respeto a los derechos humanos y la dignidad de los detenidos, para el sistema penitenciario, expuso en tribuna.
"Queremos expresar a nombre de las fracciones de la Comisión Permanente de nuestro grupo parlamentario que solicitaremos y estaremos atentos a que, derivado de los últimos acontecimientos referidos a la fuga de Joaquín Guzmán, se realice una amplia investigación en la que de manera detallada se den todas las informaciones que están relacionadas con este hecho, que hoy conmueve a la sociedad", exigió.
El senador del PRI agregó que su partido velará por la objetividad e imparcialidad de las pesquisas, porque no quiere "partidizar" el tema del combate contra el crimen organizado, lucha en la que nadie debe lavarse las manos con culpas ajenas.
Jaime Cervantes Rivera, diputado del PT, opinó que el caso de Puente Grande evidenció un hecho más grave entre las autoridades federales: la falta de respuesta oportuna para esclarecer la fuga de un narcotraficante. De ninguna manera satisface la actuación de la Procuraduría General de la República, pues hubo evidencias palpables de corrupción en ese centro penitenciario y el gobierno federal no actuó en su oportunidad, indicó.
"Nosotros refrendamos nuestro compromiso de dotar al Poder Ejecutivo de los mejores instrumentos jurídicos que le permitan combatir a la delincuencia, pero también exigimos al Presidente de la República y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que ejerzan a plenitud sus atribuciones y no rehúyan sus responsabilidades", cerró el petista.
El diputado panista Alejandro Zapata dijo que su partido compartía en mucho la posición del PRI, debido a que la seguridad pública es responsabilidad colectiva y no hay motivos para "partidizarla", menos cuando implica toda una política de Estado.
Luego abordó el problema de la corrupción en el sistema penitenciario, al cual mencionó como un esquema que ya no funciona y que sólo crea delincuentes.
La corrupción ha socavado a la readaptación social y la delincuencia organizada hace mofa del sistema. De tal manera que la sociedad tiene que replantear el modelo carcelario y no sólo examinar las debilidades morales de los funcionarios encargados del manejo de las prisiones.