Desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció su determinación de enviar una representación de alto nivel a la ciudad de México, para impulsar la aprobación en el Congreso de la iniciativa de derecho y cultura indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), diversos representantes empresariales, clericales, políticos y académicos han pedido al gobierno federal que impida el desplazamiento de los rebeldes e incluso que proceda a capturarlos en cuanto salgan de la denominada zona de conflicto. Ciertamente, ayer la Cámara de Comercio del Distrito Federal y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externaron su conformidad con el viaje de los dirigentes zapatistas. Pero, a contrapelo de esas muestras de sensatez, ayer mismo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Raúl Picard, se unió al coro autoritario y pidió el encarcelamiento de los zapatistas en cuanto éstos salgan de Chiapas. Quienes así se expresan han optado por despojarse de las máscaras de civilidad que usualmente ostentan y han dejado al descubierto el rostro de una intolerancia que llega al extremo de negar a los rebeldes chiapanecos el ejercicio del derecho constitucional de libre tránsito. 

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, fue mucho más lejos: opinó, en su programa radial Avances, que los integrantes del EZLN son "traidores a la patria y merecen la pena de muerte". El mandatario estatal dio así un salto cualitativo de la intolerancia a la barbarie, verbalizó una negación rotunda de la política, externó su animadversión a las perspectivas de la paz, incitó a la violación de los derechos humanos y cometió una grave irresponsabilidad como gobernador, en la medida en que su atrocidad discursiva puede suscitar la polarización de su entidad, en la que diversas voces han manifestado su beneplácito por la anunciada presencia, allí, de los zapatistas. De hecho, el domingo pasado, el director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Francisco Ríos Agreda, anunció que, a pedido de varias organizaciones sociales locales, esa casa de estudios invitará a los representantes rebeldes para que participen en un debate sobre derechos y cultura indígenas que habrá de realizarse en el recinto universitario. 

Es necesario resaltar que actitudes represivas y brutales como la manifestada por el gobernador queretano fueron uno de los factores principales del alzamiento de 1994 en Chiapas: cuando el mando rebelde afirma que "no nos dejaron otro camino" se refiere, precisamente, a todos los intentos pacíficos, cívicos y políticos de las comunidades indígenas por superar la opresión, la marginación y la discriminación que han sufrido desde siempre, intentos a los que las autoridades estatales y federales respondieron, invariablemente, con el hostigamiento, la persecución y el asesinato. 

La barbaridad expresada ayer por Loyola Vera resulta inadmisible y agraviante no sólo porque en Querétaro --particularmente, en la región de la Sierra Gorda-- existen pueblos indígenas en condiciones de marginación, miseria y desamparo equiparables a las de sus hermanos chiapanecos, sino porque incita a la aplicación, en nuestro país, de la pena de muerte, una práctica vergonzosa e inhumana que degrada a las sociedades y a los países que la mantienen vigente. 

Resulta por demás pertinente, en esta circunstancia, el llamado formulado ayer por el diputado Jaime Martínez Veloz, integrante de la Cocopa, a los militantes del Partido Acción Nacional para que sean congruentes con las peticiones de tolerancia del presidente Vicente Fox ante el viaje de los zapatistas, así como con las actitudes constructivas del comisionado para la paz, Luis H. Alvarez. Por lo que hace al gobernador queretano --también panista-- debiera, en tributo a la decencia, ir más allá de la adhesión a Fox y a Alvarez, y disculparse públicamente por su exhorto a la barbarie.