De las 150 mil hectáreas sobre las que se asienta el DF, casi 62 mil son propiedad social. Estas tierras son 77.5 por ciento de las 80 mil hectáreas de conservación ecológica de la capital de la República, que están localizadas en su mayoría en la zona sur de la ciudad y son la clave de la viabilidad futura de esta contaminada metrópoli en la que se aglomeran 8.5 millones de personas. En estas áreas de cultivo, chinampas y bosques de la zona rural es donde se filtra al subsuelo gran cantidad del agua que después recibimos entubada, se regula el clima y se produce oxígeno.
 
ROSA ROJAS /I
 
A caballo entre el campo y la ciudad, miles de ejidatarios y comuneros del Distrito Federal luchan por la defensa de sus tierras, aguas y demás recursos naturales. Muchos de ellos son indígenas ?"aunque no nos vean con huaraches"? y mantienen una batalla por la supervivencia de sus pueblos y contra el crecimiento de la mancha urbana y su secuela de expropiaciones, que les han costado 20 mil hectáreas en los últimos 80 años.

La lucha se da también dentro de los propios ejidos y las comunidades porque empujados por el poder económico, su pobreza y el clientelismo político (tanto del que fuera partido oficial, el PRI, durante 70 años, como de institutos políticos de diverso signo, incluido el PRD) además del desbarajuste urbanístico, y ante el desastre de la agricultura, numerosos campesinos del sector social encontraron más rentable "sembrar casas" en sus tierras que maíz, forrajes u hortalizas o preservar sus bosques.

De las 150 mil hectáreas sobre las que se asienta el Distrito Federal, casi 62 mil son propiedad social. Estas tierras son nada menos que 77.5 por ciento de las 80 mil hectáreas de conservación ecológica de la capital de la República, que están localizadas en su mayoría en la zona sur de la ciudad y son la clave de la viabilidad futura de esta contaminada metrópoli en la que se aglomeran 8.5 millones de personas.

En estas áreas de cultivo, chinampas y bosques de la zona rural de la ciudad de México es donde se filtra al subsuelo gran cantidad del agua que después recibimos entubada; se regula el clima y se produce oxígeno para nuestros pulmones devastados por la contaminación.

Ello no obstante, aunque estaban ahí desde antes del arribo de los conquistadores españoles y participaron en las gestas de la Independencia y la Revolución zapatista de principios del siglo pasado y ahí siguen estando, apenas conocemos de su existencia. Su denominación ?comuneros y ejidatarios? no aparece en el programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2001-2006.

Sólo alusiones

A ellos se hace referencia indirecta, en dicho programa, en los capítulos Mejoramiento del Ambiente y Desarrollo Sustentable cuando se propone "la preservación y restauración ecológica del suelo de conservación y el reconocimiento pleno de los servicios ambientales y sus beneficios, retribuyendo a la población que participa en el resguardo de estos servicios ambientales".

También, cuando se plantea: "Toda la población debe responsabilizarse por los servicios ambientales que prestan los recursos naturales y las áreas rurales, y asumir sus costos. La conservación, restauración y protección serán reconocidas como actividades de interés público y deberán ser retribuidas económicamente. Esto será un catalizador del desarrollo rural".

O al indicar que el "desarrollo rural se centrará en la promoción de proyectos productivos enfocados a la restauración ecológica y la preservación del bosque y su riqueza natural", con una estrategia que se sustentará también "en la integración de mecanismos viables de financiamiento, disponibilidad de insumos, asesoría constante y garantía de mercado".

Tampoco se les nombra directamente al enumerar el objeto y las atribuciones del órgano desconcentrado que es la Comisión de Asuntos Agrarios del DF.

Además, aunque se suponía que desde septiembre de 1999 debía haberse creado el Consejo Agrario Estatal, ya que la capital de la República es la única entidad que no cuenta con esta instancia de coordinación entre el sector agrario federal y las autoridades del DF, éste nunca se constituyó.

Todo ello revela una concepción de la cuestión agraria en la ciudad de México que no se compagina con la opinión de comuneros y ejidatarios, especialistas, funcionarios e integrantes de organizaciones agrarias entrevistados, quienes consideran que uno de los principales problemas de la metrópoli es la falta de solución a demandas seculares de reconocimiento y titulación de bienes comunales de las comunidades, así como a los conflictos de límites e invasión de tierras por asentamientos humanos irregulares. El líder de la Confederación Nacional Campesina en el DF, Fidencio Luna, no acudió a la entrevista concertada para hablar del tema.

De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA), en el DF hay constituidos legalmente 83 ejidos y nueve comunidades. Mediante 270 decretos de expropiación se les afectaron 20 mil 922 hectáreas y a algunos no se les cubrió la indemnización respectiva.

Existen 22 ejidos que ya no tienen ni un metro de tierra en el DF. A los otros núcleos agrarios les quedan 34 mil 274 hectáreas, más otras 26 mil 717 en conflicto, que están siendo reclamadas por seis comunidades. Hay 18 mil 288 ejidatarios y 6 mil 756 comuneros.

También, según datos del Gobierno del Distrito Federal, existían en 1999, en el área de reserva ecológica (ARE), 20 mil 127 hectáreas de propiedad privada. De éstas, unas 10 mil están en Mixquic "y se están vendiendo, aunque son tierras de uso agrícola", informó Carlota Botey.

Se estima, indicó, que hay unos 800 asentamientos humanos irregulares en áreas de conservación, en los que viven millón y medio de personas. 

Esta problemática, afirmó la especialista, ha propiciado históricamente una "enorme corrupción", en la que han participado en su momento determinados políticos, líderes y funcionarios agrarios, tanto federales como del DF, ejidatarios, comuneros y autoridades de los núcleos agrarios, generalmente militantes de la priísta CNC, así como grandes intereses inmobiliarios, con el resultado de que la urbe ha crecido sobre un gigantesco despojo a comuneros y ejidatarios.

El delegado de la PA en el DF, Mario Ramírez Bretón, indicó que "muchas veces hubo verdaderos despojos de tierras disfrazados de permutas", a cambio de una cantidad de dinero y tierras en otras entidades del país. Dieciséis ejidos ya no tienen tierra en el DF pero recibieron 7 mil 596 hectáreas en Guanajuato, Veracruz, Querétaro y Morelos; muchas de ellas se han perdido.

La PA está representando a San Pedro Mártir, que busca le regresen el rancho en Veracruz que le entregaron a cambio de sus mejores tierras para que se construyera en el DF el campo de golf México.

Botey ?directora general de Regularización Territorial del GDF, quien habló a título personal? estimó que el problema de la concepción que se tiene en las áreas del medio ambiente y desarrollo rural del GDF, que ven las tierras ejidales y comunales "como el medio ecológico de la ciudad, es que no llegan a razonar que tienen propietarios. Dentro de la nueva concepción neoliberal se habla de los productores.

"Nosotros consideramos que uno de los puntos más delicados de esta ciudad, por la superficie que representa, son los problemas que tienen los ejidos y comunidades existentes el día de hoy, pero no es un problema que se sienta vital en un gobierno democrático que proviene de un partido que tiene un reconocimiento a la propiedad de los campesinos."

Esto llevó, "nosotros lo hemos señalado en muchos foros ?dijo Botey?, a la situación de que no resolvimos (durante el gobierno perredista de Cuauhtémoc Cárdenas-Rosario Robles) ninguno de los problemas agrarios importantes de la ciudad, ni siquiera está en la agenda".

Además, como quedó claro en entrevistas y recorridos realizados en las comunidades San Mateo Tlaltenango, Milpa Alta, Santo Tomás y San Miguel Ajusco, San Francisco Tlalnepantla y San Pedro Atlapulco, así como en los ejidos de San Nicolás Totolapan y San Gregorio Atlapulco, tampoco se toman en cuenta planteamientos políticos de comunidades y ejidos que exigen se respete su autonomía y autodeterminación, de forma que todos los planes y programas de las autoridades del Distrito Federal que afecten su territorio, sus tierras y recursos naturales, deben ser previamente consultados con ellos.

Estas comunidades y ejidos participan ?o en ellos hay grupos que son afines? en la Alianza de Pueblos Indígenas, Ejidos y Comunidades del Anáhuac, fundada en agosto de 1998, durante una asamblea realizada en San Francisco Tlalnepantla.

En su declaración de principios la agrupación manifiesta: "Luchamos por la defensa de nuestras tierras y territorios, por la protección y el manejo soberano de nuestros recursos naturales, de tierras, bosques y aguas que dan vida al Distrito Federal. La defensa de nuestra madre Tierra y su biodiversidad es nuestra bandera".

Entre sus objetivos está "garantizar la existencia, la autonomía y la integridad de los pueblos, ejidos y comunidades participantes y de las tierras y los territorios en que actualmente existen". Su compromiso: "Promover y lograr la participación activa de los pueblos, ejidos y comunidades unidos, en todas las decisiones en las que se afecten o puedan afectarse de algún modo las condiciones de existencia de nuestros pueblos".