MARTES Ť 30 Ť ENERO Ť 2001

Ť Asegura la CNDH que la situación es más grave ahora

En el penal de La Mesa, desde casas en renta hasta restaurantes

Ť Los internos viven con familiares y poseen propiedades

VICTOR BALLINAS

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su segunda recomendación, la 103/92, al penal de La Mesa, en Tijuana, Baja California, consideró que las condiciones prevalecientes al interior configuran un cuadro "excepcional en el mundo", debido a que "centenares de consignados viven con sus familias en casas que se encuentran dentro la penitenciaria, sin justificación legal alguna. Los hijos de los presos en edad escolar salen por las mañanas a la escuela y regresan por la tarde a encerrarse con sus padres".

Por estas condiciones "irregulares y violatorias de las garantías individuales en que se encuentran los internos de ese penal, este órgano emitió hace 11 años la recomendación 8/90. En 1992 envió otra recomendación, la 103/92, al entonces gobernador Ernesto Ruffo Appel, solicitándole el cumplimiento de la misma. A la fecha, la situación se ha agravado.

Desde el 13 de agosto de 1990, cuando se envió la primera recomendación a Ruffo Appel respecto a esa cárcel, se señalaba que además de ser preocupante, la "situación es grave", porque los niños y sus madres están expuestos al riesgo permanente que implica un medio cerrado, donde lo cotidiano es el tráfico de drogas y licor, además de la posesión de armas". Esta situación, subraya el organismo, "es violatoria de las garantías individuales y expone a los menores y a mujeres permanentemente a la contaminación criminógena".

Restaurantes con servicio a la carta y sobrepoblación

En ambas recomendaciones se precisa que "este penal no sólo es inadecuado para lograr la readaptación social, sino que además genera condiciones excepcionalmente favorables para multiplicar la delincuencia en el propio centro de reclusión y al exterior de éste, a corto, mediano y largo plazos".

No sólo se registra esta situación anómala dentro de la cárcel, abunda la segunda recomendación, "también existen en el área de descanso y en el patio central restaurantes que 'sirven a la carta', y cuyos concesionarios son los propios reclusos, quienes aseguran que entregan diversas cantidades de dinero a la administración".

Otras irregularidades que constituyen faltas y violaciones a por lo menos 30 artículos de diversas leyes, reglamentos, incluida la Constitución, detalla la CNDH, son: una sobrepoblación de más de 200 por ciento, su capacidad es para mil 800 reclusos y cuenta con 6 mil; la falta de separación entre consignados y procesados; la no división entre hombres y mujeres; los privilegios; la falta de mantenimiento; la carencia y deficiencia de servicios médicos; la insuficiencia de alimentos y su mala calidad; el tráfico de drogas y la venta de armas.

Un dormitorio para 150 reclusos

Además, los dormitorios son insuficientes y se cometen "irregularidades" al asignarlos. "Se detectaron privilegios en la distribución de las áreas para dormir denominadas 'galeras', en algunas de las cuales sólo duerme un recluso, y en otras se hacinan hasta 150. En cada tanque, a decir de los internos, hay un cabo que se encarga de mantener el orden, la disciplina y la limpieza del sitio, incluso hay reos que prestan sus servicios a otros, a cambio de remuneración".

En lo que fueron las canchas y patio del penal, se encuentran lo que los internos denominan "carracas", que "a decir de la CNDH, son auténticas casas concentradas en un área. Las hay de madera y de material. Son alrededor de 200, y en cada una de ellas vive un interno, su pareja y sus hijos. Aunque las dimensiones son variables, el espacio es holgado en todos los casos. Tienen cama, sala, comedor, baño con todos los servicios, en algunas hay tinas de hidromasaje, aparatos electrodomésticos, licores nacionales e importados".

Compra de casas en dólares

En las observaciones que este órgano hace al gobierno del estado por las irregularidades que comprobó en sus visitas a ese penal, cita que "las carracas fueron adquiridas invariblemente por sus habitantes a precios que oscilan entre los 10 mil y 50 mil dólares. Se las venden entre ellos mismos, quien posee una y ya cumplió su condena, la traspasa la salir de la cárcel, por ello no es difícil encontrar que algún reo tenga más de una, pues si no la habita la renta hasta en 900 dólares al mes.

"Llama la atención -dice esta comisión- que los compradores cuenten con un certificado de posesión, en el cual se estipulan las condiciones por las que se pierde ese derecho. El documento lo suscribe el coordinador general de internos".

Sobreprecios de ciento por ciento en la venta de productos

Al interior de ese penal se cuenta con 60 negocios, desde una tienda de golosinas hasta restaurantes que 'sirven a la carta' y son atendidos por los reclusos, varios de ellos "declararon a los visitadores de la CNDH que pagaron por la concesión, y que además semanalmente pagan renta. Se constató que los productos que ahí se venden tienen un sobreprecio de ciento por ciento de lo que se adquieren afuera".

Resepcto al servicio postal, el organismo da cuenta la investigación que realizó: "Un profesor del centro deposita las cartas en el correo, vende las estampillas al precio oficial y presencia la apertura que hacen los internos. En la panadería, de acuerdo con la versión de los reos que las operan, se obtienen ganancias importantes, cercanas a los 200 mil pesos semanales".

Ignoradas, dos recomendaciones del organismo

En este penal, precisa la recomendación, "habitan 300 personas que no deberían estar aquí, son las parejas y los hijos de los presos. Hay 160 niños, y de acuerdo con la explicación del director del penal, ya se está en trámites para proveer a las familias de casas a través del DIF y del gobierno del estado. Esto fue dicho hace 11 años, a la fecha, la situación sigue igual", advierte la CNDH .

En dichas recomendaciones se solicita al gobernador "reubicar a todas las personas que, sin justificación legal, viven en ese penal; separar a procesados y sentenciados; a hombres y mujeres; que se eliminen los privilegios, que se dé mantenimiento al reclusorio y que los menores sean enviados a la institución tutelar correspondiente.

Durante la última visita de la CNDH a esa penitenciaría, se detectó que la situación se ha agravado, que se cometen asaltos entre los propios reclusos, ha crecido el hacinamiento y las familias no han sido reubicadas como lo aseveró hace nueve años el director de ese penal. Continúan, dice la CNDH, privilegios, tráfico de drogas. "El problema, lejos de resolverse, se agrava", advierte.