MARTES Ť 30 Ť ENERO Ť 2001

Ť Basó su criterio en la presión de una cadena televisiva, afirma

Del Villar: sin sustento en la ley, decisión del juez 55

Ť La campaña de esa empresa, para desestabilizar al Gobierno del DF

Ť Se dice tranquilo de las acciones que encabezó en el caso Stanley

MINERVA CASAS SOUBERVIELLE LA JORNADA SAN LUIS

San Luis Potosí, SLP, 29 de enero. Samuel del Villar Kretchmar, ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, manifestó que el fallo del juez que liberó a los implicados en el homicidio de Francisco Stanley no se sustenta en el imperio de la ley, sino en el imperio de la cadena televisiva privatizada por Carlos Salinas de Gortari y financiada por su hermano Raúl, que realizó una campaña de confusión y subversión públicas sobre el origen y naturaleza del homicidio, desviando la atención pública de la organización criminal que lo había perpetrado, para desestabilizar al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Las instalaciones de la Escuela de Capacitación Cívica de San Luis Potosí fueron el escenario donde Del Villar, en rueda de prensa, se dijo tranquilo de las acciones que como procurador de justicia encabezó en la investigación del asesinato del conductor, el 7 de junio de 1999, y que, hizo énfasis, contaron con la convalidación de dos jueces.

El 4 de diciembre del 2000 terminó mi periodo como Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Al conocer la información pública que el 25 de enero pasado se dictaría sentencia en la causa penal 184/99 relativa los homicidios de Francisco Stanley y de Juan Manuel de Jesús Núñez, consideré que lo debido sería abstenerme de emitir opiniones oficiosas y de propiciarlas, fuese cual fuese el resultado, mismo que conocí después de ser difundido. También consideré y considero que debo ser absolutamente respetuoso de las opiniones de la autoridad institucional que desde entonces da seguimiento al asunto.

Con motivo del fallo, una amplia gama de medios de comunicación me manifestaron insistentemente el interés público en que exteriorizara mi opinión. Los comentarios siguientes atienden este interés público, dentro del marco del respeto procedente referido antes.

Estoy plenamente convencido que sólo es concebible el Estado democrático de Derecho con el desarrollo de una institucionalidad judicial sólida, respetable, verdaderamente autónoma y capaz de hacer valer la ley y la justicia, por encima de cualquier interés o presión, económica o política, por poderosa que sea. Creo que el país sólo puede llegar a esta meta respetando y fortaleciendo los marcos institucionales responsables por el cu mplimiento de la ley, cuyo centro deben ser los jueces. Sin embargo, ello no significa que se deba coincidir con cualquier resolución judicial, por arbitraria que sea, especialmente cuando incide en lo fundamental, en la impunidad que más afecta la seguridad del país.

En el proceso se consolidaron las pruebas con base en las cuales un juez del Distrito Federal, no el Ministerio Público, dictó el auto de formal prisión y cuya procedente no solo confirmó un juez federal, sino también la propia defensa al desistirse del amparo fracasado.

El fallo judicial de 25 de enero está orientado y fundado en la desviación política del proceso legal debido y de la justicia, más que en Derecho. Resulta evidente que está orientado a satisfacer las demandas de la más feroz y agresiva campaña de la que se tenga memoria, montada destacadamente por una cadena de televisión privatizada por Carlos Salinas y financiada por su hermano Raúl, en contra de la representación social, para distorsionar el curso de la ley y confundir a la opinión pública. Incluso llevó a la remoción del juez cuyos actos se convalidaron en el amparo.

Su campanilla fue una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Al violar su competencia constitucional, atropelló ostensiblemente, el respeto y la autonomía debidos al Poder Judicial y del proceso legal.

El fundamento del fallo es la intromisión del gobierno de Ernesto Zedillo en el proceso. Se hizo evidente cuando el Ministerio Público solicitó a la Cámara de Diputados declarara la procedencia del ejercicio de la acción penal en contra de Oscar Espinosa Villarreal. El gobierno utilizó su control sobre el sistema penitenciario que condicionaba, como reo federal, al principal testigo de cargo en el caso Stanley, para entrometerse y desviar el curso de la ley.

A cuatro días de que el Ministerio Público solicitara el desafuero, el 2 de abril de 2000, el mismo sistema penitenciario que liberó al "Chapo Guzmán", entonces bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación, auspició que el testigo se retractara de su testimonio, en una conferencia televisiva concertada por las propias autoridades y con un notario requerido y pagado por las mismas.

La intervención oficial y las condiciones de la retractación hacían evidente su irregularidad y falsedad; tanto que el mismo fallo la descalifica. Sin embargo, el fallo si se apoyó en la retractación auspiciada por el sistema penitenciario. Con esta base también sustenta su descalificación del testimonio original cuya veracidad se comprobó en la investigación y en el proceso con el enlace natural y necesario de las constancias, que ordena la ley para la valoración de pruebas esclarecedoras de los hechos.

El fallo también siguió los lineamientos públicos difundidos por la Secretaría de Gobernación, para desacreditar las declaraciones originales del testigo, en violación del respeto debido por parte de esa dependencia federal no sólo a la integridad del testigo, sino también del proceso legal. adicionalmente, es significativo recordar que la Secretaría de Gobernación había expedido credenciales que acreditaban falsamente al Señor Francisco Stanley y a algunos de sus colaboradores como funcionarios de la dependencia y los autorizaban para portar armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. No hubo noticia pública sobre el curso del expediente relativo, después de que fue remitido a la autoridad federal.

El involucramiento de la Secretaría de Gobernación se unió a la campaña sin precedentes que desplegó desde el día del homicidio la cadena nacional de televisión financiada por Raúl Salinas.

A escasos minutos de los hechos, los representantes de la cadena estaban en el escenario. No sólo iniciaron y desarrollaron una campaña de confusión y subversión públicas sobre el origen y la naturaleza del homicidio, que culminó con un inusitado mensaje de su presidente en el que lo atribuyó a la inexistencia de autoridad en la Ciudad de México, desviando la atención pública de la organización criminal que evidentemente lo había perpetrado, evidentemente para desestabilizar al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas.

Pero fueron los representantes de la cadena, los que al mismo tiempo alteraron el lugar de los hechos. Instruyeron que se moviera la camioneta en donde se encontraba el cadáver de Stanley. Se mantuvieron pegados a él, hasta que en sus ropas se encontró cocaína e instrumental para procesarla, pretendiendo intimidar a la autoridad para impedir el registro y conocimiento público del hecho. Además la cadena ocultó información significativa sobre el origen y la naturaleza del homicidio, recibida el mismo día de los hechos que contradecía la orientación de su campaña y que fortalecía en elementos significativos los resultados de la investigación sobre la naturaleza organizada de la criminalidad que lo ejecutó.

Y lo anterior sólo fue en el primer día, el 7 de junio de 1999. Su campaña de confusión para desviar el curso de la ley y de la justicia, se ha mantenido y se mantiene durante casi veinte meses, regularmente engañando al público sobre los términos de la ley con tiempo-costo de cientos o quizá miles de millones de pesos.

Los periódicos de mayor intensidad de la campaña de agresión, coinciden con los requerimientos de información a la cadena, conducentes a la investigación de los hechos. En lugar de proporcionarlos, se llegó a extremos inauditos de ataques a la vida privada y fabricación de conductas criminales para difundir falsos estados de inseguridad. El costo-tiempo de una sola semana de intensificación de la campaña se estimó en cientos de millones de pesos.

Estas son mis consideraciones, señores, en atención a la solicitud de los medios, sobre la orientación un fundamento del fallo de mérito. Me parece que, desde luego, no tiene que ver con el sustento del imperio de la ley. Sustenta, más bien, el imperio de la cadena televisiva privatizada por Carlos Salinas y financiada por su hermano y sus campanillas, sobre la ley.